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New on TikTok: ️ Título del episodio: Abrir una cuenta bancaria: un derecho para los solicitantes de protección internacional y complementaria 🎧 Texto del pódcast (versión en español): Bienvenidos a un nuevo episodio de Diritto dell’Immigrazione, el pódcast dedicado al derecho de la inmigración. Hoy hablaremos de un tema muy concreto, pero que todavía genera confusión y obstáculos en la práctica: el derecho de los solicitantes de protección internacional y complementaria a abrir una cuenta bancaria o postal en Italia. Abrir una cuenta bancaria no es un privilegio. Es un derecho fundamental, reconocido por la legislación italiana y europea, y constituye una de las herramientas esenciales de inclusión social y financiera. Desde el año 2018, con el Decreto del Ministerio de Economía y Finanzas n.º 70, se introdujo en Italia la llamada cuenta básica, accesible para todas las personas que residan legalmente en el país, incluso para quienes están a la espera de una decisión sobre su solicitud de protección. Esta cuenta permite realizar operaciones esenciales: depósitos, retiros, pagos y transferencias electrónicas. Este derecho fue confirmado oficialmente por Poste Italiane, que desde junio de 2019 reconoce la posibilidad de que los solicitantes de protección abran una cuenta Bancoposta básica presentando su permiso de residencia provisional o el recibo de renovación emitido por la Questura. Se trata de un paso importante, resultado también de acciones legales y reclamaciones formales promovidas por diversos profesionales del sector, incluido mi despacho. En varias comunicaciones oficiales —entre ellas los protocolos PB-250109170, PB-250521121, PB-250201058 y PB-250606324 del año 2025— Poste Italiane aclaró que el permiso de residencia provisional por protección internacional o complementaria es un documento válido para la identificación y para la apertura de una cuenta básica. Y si el código fiscal está indicado en el documento, este también puede servir como prueba fiscal válida. Negar este derecho significa violar un derecho subjetivo reconocido y, en algunos casos, constituye un acto discriminatorio. En tales situaciones, la persona afectada puede presentar una reclamación formal ante Poste Italiane o ante el banco correspondiente, acudir al Árbitro Bancario Financiero (ABF), o informar de la violación al Banco de Italia, autoridad supervisora del sistema bancario. Abrir una cuenta bancaria es mucho más que una simple operación financiera: es la base para trabajar legalmente, recibir un salario, pagar el alquiler, acceder a los servicios sanitarios y participar en la vida civil. Es, en todos los sentidos, una forma de ciudadanía económica. El derecho a abrir una cuenta bancaria, para quienes solicitan protección internacional o complementaria, representa una manifestación concreta de dignidad personal y una herramienta real de integración. Garantizar la efectividad de este derecho significa construir una sociedad que no excluya, sino que incluya; una sociedad donde la legalidad y la integración comienzan con algo tan simple, pero tan esencial, como una cuenta bancaria. Soy el abogado Fabio Loscerbo, y esto es Diritto dell’Immigrazione: el pódcast que explica las leyes, los derechos y los casos reales del derecho de los extranjeros en Italia. Hasta el próximo episodio. ift.tt/eEpWN6o ️ Título del episodio: Abrir una cuenta bancaria: un derecho para los solicitantes de protección internacional y complementaria 🎧 Texto del pódcast (versión en español): Bienvenidos a un nuevo episodio de Diritto dell’Immigrazione, el pódcast dedicado al derecho de la inmigración. Hoy hablaremos de un tema muy concreto, pero que todavía genera confusión y obstáculos en la práctica: el derecho de los solicitantes de protección internacional y complementaria a abrir una cuenta bancaria o postal en Italia. Abrir una cuenta bancaria no es un privilegio. Es un derecho fundamental, reconocido por la legislación italiana y europea, y constituye una de las herramientas esenciales de inclusión social y financiera. Desde el año 2018, con el Decreto del Ministerio de Economía y Finanzas n.º 70, se introdujo en Italia la llamada cuenta básica, accesible para todas las personas que residan legalmente en el país, incluso para quienes están a la espera de una decisión sobre su solicitud de protección. Esta cuenta permite realizar operaciones esenciales: depósitos, retiros, pagos y transferencias electrónicas. Este derecho fue confirmado oficialmente por Poste Italiane, que desde junio de 2019 reconoce la posibilidad de que los solicitantes de protección abran una cuenta Bancoposta básica presentando su permiso de residencia provisional o el recibo de renovación emitido por la Questura. Se trata de un paso importante, resultado también de acciones legales y reclamaciones formales promovidas por diversos profesionales del sector, incluido mi despacho. En varias comunicaciones oficiales —entre ellas los protocolos PB-250109170, PB-250521121, PB-250201058 y PB-250606324 del año 2025— Poste Italiane aclaró que el permiso de residencia provisional por protección internacional o complementaria es un documento válido para la identificación y para la apertura de una cuenta básica. Y si el código fiscal está indicado en el documento, este también puede servir como prueba fiscal válida. Negar este derecho significa violar un derecho subjetivo reconocido y, en algunos casos, constituye un acto discriminatorio. En tales situaciones, la persona afectada puede presentar una reclamación formal ante Poste Italiane o ante el banco correspondiente, acudir al Árbitro Bancario Financiero (ABF), o informar de la violación al Banco de Italia, autoridad supervisora del sistema bancario. Abrir una cuenta bancaria es mucho más que una simple operación financiera: es la base para trabajar legalmente, recibir un salario, pagar el alquiler, acceder a los servicios sanitarios y participar en la vida civil. Es, en todos los sentidos, una forma de ciudadanía económica. El derecho a abrir una cuenta bancaria, para quienes solicitan protección internacional o complementaria, representa una manifestación concreta de dignidad personal y una herramienta real de integración. Garantizar la efectividad de este derecho significa construir una sociedad que no excluya, sino que incluya; una sociedad donde la legalidad y la integración comienzan con algo tan simple, pero tan esencial, como una cuenta bancaria. Soy el abogado Fabio Loscerbo, y esto es Diritto dell’Immigrazione: el pódcast que explica las leyes, los derechos y los casos reales del derecho de los extranjeros en Italia. Hasta el próximo episodio.
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New on TikTok: Episode Title Long-term residence permit: the case of an Albanian citizen examined by the Regional Administrative Court of Lombardy Complete Podcast Episode – English Version Good morning everyone. My name is Fabio Loscerbo and this is a new episode of the podcast Diritto dell’Immigrazione. Today we examine a particularly significant case concerning the revocation of a long-term residence permit issued to an Albanian citizen. The matter was assessed by the Regional Administrative Court of Lombardy in a judgment published on twenty-eight May two thousand twenty-five, decision number one thousand eight hundred sixty-five of two thousand twenty-five, related to case number two thousand three hundred twenty of two thousand twenty-one. The Police Headquarters had revoked the long-term residence permit and, at the same time, had rejected the request for its update. According to the applicant’s defence, the measure had been adopted automatically on the basis of the criminal conviction previously imposed, without a genuine assessment of his social dangerousness and without considering the family ties he had in Italy. The Court did not share this view. The judgment recalls that article nine of the Consolidated Immigration Act requires the administration to conduct an individualised assessment that considers not only any criminal convictions but also the duration of residence in Italy, social integration, family relations and the employment situation. Both the Constitutional Court and the Court of Justice of the European Union have repeatedly clarified that automatic mechanisms are not allowed. In this case, according to the Regional Administrative Court, the administration’s evaluation was thorough. The contested measure referred to the conviction for multiple burglaries and for receiving stolen goods, and highlighted that the criminal activity had not ceased voluntarily but only due to the intervention of law-enforcement authorities. After serving his sentence, the applicant had again been found in the company of individuals involved in illegal activities, which was considered an indication of the persistence of a criminal environment around him. The Police Headquarters also acknowledged the existence of family ties in Italy, but deemed that such elements were not sufficient to outweigh the assessment of social dangerousness. The Court found this reasoning complete and free of logical flaws, emphasising that the administration had carried out a real balancing exercise between the public interest in security and the applicant’s interest in protecting his family life. The result was the dismissal of the appeal and the confirmation of the revocation of the long-term residence permit. This decision offers a clear framework: the long-term residence permit is a particularly strong residence status, but it can be revoked when serious and current indicators of social dangerousness emerge, provided that the administration carries out a concrete, individualised assessment in line with the standards set by legislation and by the courts. That is all for today. Thank you for listening to this new episode of Diritto dell’Immigrazione. We will meet again soon for another in-depth analysis. ift.tt/nM8ygwV Episode Title Long-term residence permit: the case of an Albanian citizen examined by the Regional Administrative Court of Lombardy Complete Podcast Episode – English Version Good morning everyone. My name is Fabio Loscerbo and this is a new episode of the podcast Diritto dell’Immigrazione. Today we examine a particularly significant case concerning the revocation of a long-term residence permit issued to an Albanian citizen. The matter was assessed by the Regional Administrative Court of Lombardy in a judgment published on twenty-eight May two thousand twenty-five, decision number one thousand eight hundred sixty-five of two thousand twenty-five, related to case number two thousand three hundred twenty of two thousand twenty-one. The Police Headquarters had revoked the long-term residence permit and, at the same time, had rejected the request for its update. According to the applicant’s defence, the measure had been adopted automatically on the basis of the criminal conviction previously imposed, without a genuine assessment of his social dangerousness and without considering the family ties he had in Italy. The Court did not share this view. The judgment recalls that article nine of the Consolidated Immigration Act requires the administration to conduct an individualised assessment that considers not only any criminal convictions but also the duration of residence in Italy, social integration, family relations and the employment situation. Both the Constitutional Court and the Court of Justice of the European Union have repeatedly clarified that automatic mechanisms are not allowed. In this case, according to the Regional Administrative Court, the administration’s evaluation was thorough. The contested measure referred to the conviction for multiple burglaries and for receiving stolen goods, and highlighted that the criminal activity had not ceased voluntarily but only due to the intervention of law-enforcement authorities. After serving his sentence, the applicant had again been found in the company of individuals involved in illegal activities, which was considered an indication of the persistence of a criminal environment around him. The Police Headquarters also acknowledged the existence of family ties in Italy, but deemed that such elements were not sufficient to outweigh the assessment of social dangerousness. The Court found this reasoning complete and free of logical flaws, emphasising that the administration had carried out a real balancing exercise between the public interest in security and the applicant’s interest in protecting his family life. The result was the dismissal of the appeal and the confirmation of the revocation of the long-term residence permit. This decision offers a clear framework: the long-term residence permit is a particularly strong residence status, but it can be revoked when serious and current indicators of social dangerousness emerge, provided that the administration carries out a concrete, individualised assessment in line with the standards set by legislation and by the courts. That is all for today. Thank you for listening to this new episode of Diritto dell’Immigrazione. We will meet again soon for another in-depth analysis.
New on TikTok: Permesso di soggiorno per assistenza minori e bilanciamento familiare: cosa dice il TAR Campania Buongiorno, sono l’avvocato Fabio Loscerbo e questo è un nuovo episodio del podcast Diritto dell’Immigrazione. Oggi analizziamo una decisione particolarmente significativa del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Sesta, pubblicata il 9 luglio 2025, con il numero 5148 dell’anno 2025, relativa alla revoca di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro disposta dalla Questura di Benevento. È un caso che consente di chiarire un tema decisivo: quando sono in gioco legami familiari, soprattutto con un minore, l’amministrazione deve effettuare un vero e proprio giudizio di bilanciamento fra l’interesse pubblico e la tutela della vita familiare. Nel caso concreto, la Questura aveva revocato il permesso di soggiorno ritenendo fittizio il rapporto di lavoro dichiarato, poiché l’azienda presso cui la cittadina straniera risultava occupata era inesistente. La ricorrente aveva evidenziato la propria condizione familiare: madre di una bambina residente in Italia e inserita in un contesto delicato a causa delle condizioni di salute del padre. La Questura aveva sostenuto che questa situazione avrebbe potuto essere gestita attraverso il ricorso al permesso di soggiorno per assistenza minori, lo strumento previsto dall’articolo 31 del Testo Unico sull’Immigrazione. In altre parole, l’amministrazione riteneva che non fosse necessario mantenere il titolo per motivi di lavoro, potendo la donna fare uso di questo diverso istituto. Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto questa impostazione non conforme alla legge. Secondo la giurisprudenza consolidata – richiamata anche dal Consiglio di Stato, Sezione Terza, con la decisione del 24 giugno 2022, numero 5210 – l’amministrazione, quando esamina il rilascio, il rinnovo o la revoca di un titolo di soggiorno, deve valutare concretamente i legami familiari, senza rifugiarsi in soluzioni alternative che non corrispondono alla natura del titolo posseduto. Il giudice ha anche chiarito la funzione del permesso per assistenza minori. È un permesso che persegue una finalità specifica: viene concesso “per gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico del minore” ed è revocabile al venir meno delle condizioni che lo giustificano. Non può sostituire automaticamente un permesso ordinario fondato sulla stabilità familiare e non può essere usato per eludere il bilanciamento imposto dalla legge. Il cuore della pronuncia è semplice e netto: la tutela dell’unità familiare richiede una valutazione concreta, attuale e completa. Poiché questa valutazione mancava, il provvedimento amministrativo è stato giudicato illegittimo e annullato. La decisione richiama inoltre l’articolo 22 del Testo Unico sull’Immigrazione, ricordando che la perdita del posto di lavoro non comporta automaticamente la revoca del permesso di soggiorno e che la persona ha diritto a un periodo minimo per cercare una nuova occupazione. È una pronuncia importante, utile per tutte le situazioni in cui la pubblica amministrazione tenta scorciatoie, ignorando la realtà dei legami familiari e le condizioni del minore coinvolto. L’immigrazione non è mai un dato astratto: riguarda percorsi personali, responsabilità genitoriali e processi di integrazione che l’ordinamento tutela con precisione. Io sono l’avvocato Fabio Loscerbo. Ti ringrazio per aver ascoltato questo nuovo episodio del podcast Diritto dell’Immigrazione. Ci sentiamo presto per un altro approfondimento. ift.tt/35h6Ma2 Permesso di soggiorno per assistenza minori e bilanciamento familiare: cosa dice il TAR Campania Buongiorno, sono l’avvocato Fabio Loscerbo e questo è un nuovo episodio del podcast Diritto dell’Immigrazione. Oggi analizziamo una decisione particolarmente significativa del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Sesta, pubblicata il 9 luglio 2025, con il numero 5148 dell’anno 2025, relativa alla revoca di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro disposta dalla Questura di Benevento. È un caso che consente di chiarire un tema decisivo: quando sono in gioco legami familiari, soprattutto con un minore, l’amministrazione deve effettuare un vero e proprio giudizio di bilanciamento fra l’interesse pubblico e la tutela della vita familiare. Nel caso concreto, la Questura aveva revocato il permesso di soggiorno ritenendo fittizio il rapporto di lavoro dichiarato, poiché l’azienda presso cui la cittadina straniera risultava occupata era inesistente. La ricorrente aveva evidenziato la propria condizione familiare: madre di una bambina residente in Italia e inserita in un contesto delicato a causa delle condizioni di salute del padre. La Questura aveva sostenuto che questa situazione avrebbe potuto essere gestita attraverso il ricorso al permesso di soggiorno per assistenza minori, lo strumento previsto dall’articolo 31 del Testo Unico sull’Immigrazione. In altre parole, l’amministrazione riteneva che non fosse necessario mantenere il titolo per motivi di lavoro, potendo la donna fare uso di questo diverso istituto. Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto questa impostazione non conforme alla legge. Secondo la giurisprudenza consolidata – richiamata anche dal Consiglio di Stato, Sezione Terza, con la decisione del 24 giugno 2022, numero 5210 – l’amministrazione, quando esamina il rilascio, il rinnovo o la revoca di un titolo di soggiorno, deve valutare concretamente i legami familiari, senza rifugiarsi in soluzioni alternative che non corrispondono alla natura del titolo posseduto. Il giudice ha anche chiarito la funzione del permesso per assistenza minori. È un permesso che persegue una finalità specifica: viene concesso “per gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico del minore” ed è revocabile al venir meno delle condizioni che lo giustificano. Non può sostituire automaticamente un permesso ordinario fondato sulla stabilità familiare e non può essere usato per eludere il bilanciamento imposto dalla legge. Il cuore della pronuncia è semplice e netto: la tutela dell’unità familiare richiede una valutazione concreta, attuale e completa. Poiché questa valutazione mancava, il provvedimento amministrativo è stato giudicato illegittimo e annullato. La decisione richiama inoltre l’articolo 22 del Testo Unico sull’Immigrazione, ricordando che la perdita del posto di lavoro non comporta automaticamente la revoca del permesso di soggiorno e che la persona ha diritto a un periodo minimo per cercare una nuova occupazione. È una pronuncia importante, utile per tutte le situazioni in cui la pubblica amministrazione tenta scorciatoie, ignorando la realtà dei legami familiari e le condizioni del minore coinvolto. L’immigrazione non è mai un dato astratto: riguarda percorsi personali, responsabilità genitoriali e processi di integrazione che l’ordinamento tutela con precisione. Io sono l’avvocato Fabio Loscerbo. Ti ringrazio per aver ascoltato questo nuovo episodio del podcast Diritto dell’Immigrazione. Ci sentiamo presto per un altro approfondimento.
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