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La marca china de vehículos utilitarios Shineray anunció hoy que comenzó a comercializar en el país cuatro de sus modelos, a través de una red de concesionarios ya desplegada en siete provincias.

 

El importador de la nueva marca es la empresa Ralitor, la que ya trae a la Argentina las marcas asiáticas de camiones chinos Dongfeng (DFM) y Jiangxi Jiangling Motors (JMC) y está asociado localmente al grupo Belcastro Foton y Baic.

 

Shineray es una marca especializada en utilitarios, perteneciente al gigante automotriz asiático Brilliance, y en una primera etapa ofrecerá una gama compuesta de cuatro modelos, entre vehículos comerciales y de pasajeros.

 

Se trata de los modelos T30 Cabina Simple (US$ 15.550) y T32 Cabina Doble (US$ 16.700), X30 Furgón (US$ 16.900) y X30 Van (US$ 18.800).

 

La marca ya cuenta con concesionarios oficiales en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Rosario, Chubut, Tierra del Fuego y Bahía Blanca, en los que ya se venían comercializando camiones DFM y JMC.

 

De acuerdo a la expectativa comercial que expresaron los exportadores, se anticipa la expansión de la red de concesionarios a Salta, Tucumán, Neuquén y la Ciudad de Buenos Aires.

 

“Estamos convencidos que Shineray tendrá una excelente repercusión en nuestro mercado. Hoy existe una gran demanda de este tipo de vehículos, para todos aquellos que necesitan un vehículo utilitario confiable, de carga y durable como también con un diseño innovador", afirmó el director comercial de Ralitor, Fernando Marino.

 

Shineray mantiene asociaciones con automotrices globales como BMW y Renault para la producción de modelos de esas marcas para su mercado interno chino.

 

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Mauricio Macri finalmente viajará a una nueva asamblea de Naciones Unidas pero la finalidad del viaje a Estados Unidos estará centrada en reunirse con los dueños de fondos de inversión y banqueros de Wall Street para dejar en claro que "Argentina no entrará en default" tal como se baraja en el mercado internacional respecto a la situación actual.

 

Después de que la comitiva encabezada por el vicejefe de Gabinete Mario Quintana, el secretario de Finanzas Santiago Basuili y el vicepresidente del Banco Central Gustavo Cañonero escuche las dudas de los miembros de Wall Street, el propio Presidente decidió viajar en persona a disipar todo tipo de incumbencias. No entiende como los mercados no confían en la Argentina y se cierran las vías de crédito en el epicentro de las finanzas.

 

Los inversores le dejaron en claro a los representantes del Gobierno que según sus expectativas, y pese al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, a la Argentina le faltarán 20 mil millones de dólares para cumplir las metas en 2019 y que no hay certezas de como hará Macri por conseguirlos. El jefe de Estado quiere aclararles que "tiene la situación controlada".

 

De esta forma ya se cerraron dos encuentros con grandes fondos de inversión que tienen relación con su Gobierno. Macri se reunirá con representantes de Black Rock, perteneciente al magnate multimillonario Larry Fink. Este es uno de los fondos buitres que más litigó contra la Argentina junto a Elliot de Paul Singer.

 

El otro es Templeton, que es parte del grupo de fondos internacionales cercanos al presidente del Banco Central Luis Caputo y de mayor afinidad con su vice Gustavo Cañonero quien fue director de SBS Asset Management, fondo en sociedad de Templeton, hasta asumir en el BCRA.

 

via #LSDLP ift.tt/2BD6Do6

  

Los gremios docentes de Entre Ríos resolvieron levantar las medidas de fuerza que tenían previstas para esta semana ante una propuesta “superadora” planteada por el gobierno provincial, consistente en un aumento salarial del 18,3%

 

Fuentes gremiales indicaron que, ante el planteo de una nueva oferta en el marco de una reunión paritaria, las entidades sindicales decidieron dejar en suspenso el cese de actividades anunciado para este jueves y viernes en la provincia, y analizar en plenarios la propuesta.

 

Según trascendió, la oferta salarial realizada por el gobierno entrerriano consistiría en un aumento del 18,3 por ciento -dos puntos por encima de la anterior propuesta-, pagadero un 8 por ciento en marzo; 9 por ciento, en agosto; y un 1,3 por ciento retroactivo a enero.

 

En este marco, fuentes sindicales indicaron que, tras los plenarios que serán realizados desde ayer y hasta el jueves en toda la provincia, los gremios darán una respuesta formal al gobierno provincial el viernes.

 

En tanto, el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, precisó que “el salario (de los trabajadores estatales) está protegido” en la provincia, y que se hace “el máximo esfuerzo” en pos de lograr “generar una recomposición salarial, dentro de las posibilidades reales” que la provincia tiene.

 

“No podemos otorgar un aumento que después no vamos a poder pagar”, aseveró.

 

En tanto, desde la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), Marcelo Pagani, su secretario general, precisó que, para evaluar la nueva oferta oficial, serán activados “todos los mecanismos de asamblea que están dentro de la organización para que en cada escuela se debata esta propuesta salarial”.

 

En este sentido, explicó que, en caso de que la propuesta del gobierno sea aceptada, los paros anunciados “se desactivan” pero que, caso contrario, “habrá que ponerles una nueva fecha”.

 

Según lo anunciado por los gremios docentes de la provincia, este jueves y viernes se realizaría un paro en demanda de un mayor aumento salarial al propuesto desde la gestión provincial.

 

La secretaria General de la Unión Docentes Argentinos (UDA) Entre Ríos, Mirta Raya, calificó como “superadora” la oferta, aunque subrayó que aún debe ser analizada en el ámbito del gremio.

 

via #LSDLP ift.tt/2DIAZRS

  

Vecinos de las ciudades bonaerenses de Hurlingham, Morón y Tres de Febrero pidieron hoy ante la justicia federal la clausura de la base de El Palomar como aeropuerto comercial, desde donde opera la aerolínea low cost Flybondi.

 

La presentación fue realizada por el abogado Lucas Marisi, en nombre del grupo de vecinos denominado "Stop Flybondi", en el contexto de dos denuncias contra el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, el titular de la Administación Nacional de Aviación Civil (ANAC), Tomás Insausti, y el CEO de Fly Bondi, Julián Cook.

 

Los vecinos de El Palomar denunciaron que la firma FlyBondi violó la medida judicial dispuesta por la jueza federal de San Martín, Martina Forns, quien había determinado que sólo podían ocurrir tres despegues y tres aterrizajes comerciales por día en el aeropuerto de El Palomar.

 

Ante el juez federal Luis Rodríguez, los vecinos denunciaron que el 28 de febrero despegaron cuatro aviones por vuelos comerciales y aterrizaron otros cuatro; mientras que ante el magistrado Sergio Torres indicaron que el 9 de marzo hubo cuatro aterrizajes y cinco despegues.

 

Los vecinos de El Palomar denunciaron a Dietrich e Insausti por la presunta comisión de los delitos de "desobediencia judicial, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad", y a Cook por "incumpliendo judicial".

 

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El diputado nacional Gastón Roma (Pro) presentó un proyecto para que se convoque a una consulta popular no vinculante sobre la despenalización del aborto.

 

“Es un tema de principal interés para la Nación, ya que del mismo se establece un fundamento con visiones contrapuestas muy controvertidas. Por un lado, el derecho y defensa de la vida y por el otro, el derecho del aborto legal, seguro y gratuito”, señaló el fueguino.

 

Para el legislador, “ambas posturas implican un cambio de paradigma cultural en torno a cómo se organiza la sociedad, lo cual merece que esa sociedad pueda expresarse, por eso promovemos la convocatoria a esta consulta popular no vinculante”.

 

En ese sentido, resaltó que “la Ley 25.432, que regula la consulta popular, y la Ley 26.774 que la modifica, en su artículo 6° establecen que: ‘se podrá someter a consulta popular no vinculante, todo asunto de interés general para la Nación…’. Aprobado por el Congreso el llamado a consulta popular, el Poder Ejecutivo deberá emitir un decreto con el llamado a la consulta”.

 

El macrista aclaró que “no se trata de deslindar las responsabilidades de legislador, sino permitir la participación de la sociedad ante un tema de trascendencia social, ética y cultural y donde muchos partidos políticos y gobiernos no han dado el debido debate al respecto, pero que sin embargo ha crecido en importancia y preocupación”.

 

“Hoy el aborto se ha materializado en uno de los ejes principales de la discusión comunitaria. La marcha del pasado 8M ha evidenciado la necesidad de una expresión de la sociedad en este tema y el pueblo argentino se encuentra demandando un debate genuino”, concluyó Roma.

 

En tanto, la semana pasada en el Senado, los radicales Luis Naidenoff -jefe del interbloque Cambiemos- y Ángel Rozas presentaron un proyecto que también propone realizar una consulta popular.

 

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La organización “La Poderosa” inaugurará este sábado 3 de marzo la primera casa de la mujer en la villa 31 del barrio porteño de Retiro.

 

En la previa del Paro Internacional de Mujeres que tendra su jornada el proximo jueves 8 de marzo, la organización popular La Poderosa anunció la apertura de la primera Casa de la Mujer en la Villa 31. Según destacaron en el comunicado de prensa desde la Poderosa, se "abrirán las puertas de la primera Casa de la Mujer en la Villa 31, espacio de contención para las vecinas de los barrios más postergados que surgió del Frente de Géneros de la organización social".

 

Además, detallaron que "en el evento que comenzará a las 16 horas en el edificio que albergará a la Casa, referentes feministas y distintas personalidades brindarán su apoyo a este recinto autogestionado que buscará empoderar a todas las mujeres del barrio, haciendo foco integralmente en la salud, la educación, la diversidad, el trabajo, la recreación y en el acompañamiento a quienes se encuentren en situación de violencia de género".

 

Según explicaron desde la organización popular "la Casa, que estará bajo la coordinación de quienes habitan el territorio, tendrá diariamente charlas informativas sobre alimentación, reinserción laboral rápida, Ley de Parto Humanizado, lactancia, Ley de Matrimonio Igualitario y Ley de Identidad de género, HIV, entre otros temas que surgirán según las necesidades territoriales. Además, se convocará personal idóneo para efectuar controles médicos periódicos a las mujeres y sus familias, articulando con los Centros de Salud Comunitarios. De la misma manera, contará con un equipo profesional que guiarán los casos de violencia de género e institucional".

 

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Aerolíneas Argentinas informó la cancelación de 35 vuelos previstos para este miércoles y la reprogramación de otros 49 que realizaría el mismo día debido a que condiciones meteorológicas adversas ocurridas en la última semana afectaron 15 aeronaves Boeing 737 de su flota.

 

En tanto, otros dos servicios serán prestados por Austral, y rutas a Bariloche, El Calafate y Río de Janeiro se cubrirán con aviones de la flota intercontinental.

 

“La compañía está abocada a la pronta reparación de los daños sufridos en 15 de sus 81 aviones. Algunas unidades ya están listas para volar, pero se está esperando la certificación de las reparaciones hechas, la que podría ser emitida en las próximas horas”, informó la empresa esta noche.

 

Los pasajeros afectados por los vuelos cancelados para el miércoles son 3.600, de los cuales el 75 por ciento fueron reubicados en vuelos en el mismo día, y el 20 por ciento en el día jueves.

 

La línea de bandera solicitó a los pasajeros afectados que se comuniquen con el call center de la compañía -0810-222-VOLAR (86527)- antes de ir a los aeropuertos.

 

Ya en el día de hoy Aerolíneas Argentinas debió reprogramar al menos una docena de vuelos por "falta de equipos", afectados por el granizo que se abatió sobre el Aeroparque Jorge Newbery la semana pasada", informaron fuentes de la compañía.

 

Las reprogramaciones afectaron desde esta mañana servicios con destino a Tucumán, Salta, Bariloche, Río de Janeiro y Montevideo. "Si bien gran parte de esos 15 aviones afectados ya fueron revisados y reparados en los casos necesarios, deben ser habilitados por los inspectores de la fábrica Boeing, que llegarán mañana", señaló una fuente aeronáutica a Télam.

 

Indicó además que "por el momento se suspendió la venta de pasajes, hasta tanto haya certeza sobre la cantidad de aviones que podremos ir reincorporando".

 

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Funcionó de forma restringida durante años, fue reinaugurado, pero malas administraciones lo llevaron a la quiebra y estuvo a punto de ir a remate. No obstante, la lucha de los vecinos lo mantuvo en pie. Mañana volverá a abrir sus puertas a la comunidad bajo la órbita del Municipio.

 

Cuando algo nace de la comunidad, ahí se queda. Y eso es lo que mañana quedará demostrado cuando cientos de vecinos de Llavallol celebren la reapertura de su querido y mentado hospital, ese por el cual lucharon por más de una década y al que no dejaron caer.

 

Info Región reflejó la lucha desde un principio, cuando el hospital atravesaba sus primeros inconvenientes luego de medio siglo de funcionamiento. Es que el nosocomio data de 1947, cuando fue fundado por una comisión vecinal.

 

Aunque siempre funcionó a pulmón, en 2002 estuvo a punto de vivir su primera quiebra, cuando sus actuales administradores abandonaron el lugar y fueron los empleados los que se hicieron cargo del establecimiento.

 

En 2004, consiguieron una ley de expropiación a título oneroso y a favor de la cooperativa. Mientras que en abril de 2007 el centro de salud, ubicado en Doyhenard al 200, fue reinaugurado y volvió a funcionar como establecimiento polivalente con internación, prestación quirúrgica en categoría dos y una capacidad de 30 camas.

 

La reinauguración, a cargo del por entonces ministro de Salud de la Provincia, Claudio Mate, fue una bocanada de aire tras diez años de funcionamiento restringido, casi como una sala de primeros auxilios.

 

Siete años más tarde, la situación se volvió nuevamente insostenible. Tras diferentes administraciones fallidas y un panorama de vaciamiento inminente, llegó al estado de quiebra y casi va a remate. Es por eso que a principios de 2014 se llegó a la clausura del hospital y al concurso de quiebra en la causa 72-775, tramitada en el juzgado Civil y Comercial Nº 7 de Lomas de Zamora.

 

Pero ahí estaban ellos. Los vecinos, que comenzaron a realizar asambleas y reuniones para salvar a su querido hospital. En noviembre, presentaron un petitorio a ambas Cámaras de la Legislatura bonaerense, acompañado de quince mil firmas que pedían recuperar el espacio.

 

También hicieron cacerolazos, colocaron pasacalles y llevaron su lucha a cada medio de comunicación. “En total tenemos 4867 archivos y 547 carpetas que guardan información sobre casi todas las tareas desplegadas en los últimos años. Hasta tratamos de hacerle llegar una nota a su Santidad , el Papa Francisco, para que intermedie cuando creíamos que la situación se nos iba de las manos”, cuentan los vecinos en su página de Facebook.

 

En 2015 hubo tres proyectos para pedir la expropiación del centro asistencial. Uno dirigido a la municipalidad presentado en la Legislatura por la diputada María Elena Torresi, otro dirigido a Provincia por el legislador Fernando Navarro y el último por parte de su par del GEN Marcelo Díaz.

 

Los tres proyectos se unificaron bajo el expediente 2400 15/16 y fueron aprobados por el Senado bonaerense el 9 de marzo de 2016. Lo cierto es que a fines de ese mes, y para sorpresa de la comunidad, la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, derogó la expropiación del inmueble. Cabe mencionar que el propio bloque Cambiemos había votado a favor del proyecto.

 

Entre los considerandos del decreto firmado por Vidal, se menciónó que Lomas de Zamora “ya cuenta con una institución municipal (Dr. Oscar Alende), un hospital especializado en neuropsiquatría de dependencia provincial (José Estévez), y un hospital interzonal de agudos también de dependencia provincial (Luisa C. de Gandulfo)”.

 

Tras el veto, la Cámara de Diputados aprobó una ley suspendiendo el remate por 18 meses, iniciativa del diputado Marcelo Díaz.

 

Los vecinos Autoconvocados siguieron movilizados y se reunieron con las autoridades del Concejo Deliberante y el intendente Martín Insaurralde.

 

Finalmente, en agosto el Concejo aprobó por unanimidad una ordenanza que autorizó al Ejecutivo a realizar las gestiones para la compra del edificio donde funcionaba el Hospital.

 

La iniciativa autorizó al Ejecutivo a “realizar las gestiones administrativas y judiciales necesarias para llevar adelante la compra del inmueble”.

 

La propuesta del gobierno municipal fue aceptada por todos los ediles, quienes destacaron el “reclamo histórico de los vecinos” de esa localidad lomense. Mientras que en noviembre la Justicia aceptó la propuesta del Gobierno comunal para comprar el inmueble por 1.900.000 pesos y en diciembre el Municipio tomó posesión.

 

El resto es historia reciente. Las obras se pusieron en marcha luego de que en septiembre de 2017 el Concejo aprobara la puesta en funcionamiento del nosocomio.

 

Mañana se inaugurará sólo el primer piso, donde se atenderán emergencias y se dará atención primaria. La planta media y alta, en tanto, seguirán en construcción y se prevé su apertura a fines de este año. En el segundo piso se ubicarán los servicios de terapia intensiva y neonatología, mientras que en el tercero los quirófanos. Como hasta entonces, los casos que requieran atención más compleja serán derivados al hospital Gandulfo, de Lomas de Zamora.

 

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La Central de los Trabajadores de la Argentina de la provincia de Buenos Aires (CTA de los Trabajadores) presentará este miércoles en la capital bonaerense el nuevo Foro por la Democracia y la Libertad de los Presos Políticos en La Plata, Berisso y Ensenada.

 

La presentación tendrá lugar este miércoles 28 de Febrero, a las 11, en la CTA Provincia de Buenos, de calle 6 entre 46 y 47 de la ciudad de La Plata.

 

Allí estarán presentes Amado Boudou, vicepresidente de la Nación Argentina, mandato cumplido; Gabriel Mariotto, vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, mandato cumplido; Mario Secco, Intendente de Ensenada; Carlos Raimundi, diputado nacional; Florencia Saintout, diputada provincial; Rubén López, hijo del desaparecido en democracia Julio López, Rosa Bru, presidenta de la Asociación Miguel Bru y Estela Díaz, secretaria de Igualdad de Género y oportunidades de la CTA Nación. Además de familiares, amigos y compañeros de militancia de los distintos presos políticos.

 

Luego a las 12.30, se desarrollará en 4 y 44 la última pincelada al mural por la libertad de los presos políticos

 

La CTA emitió un comunicado en el que recuerda que “el Foro se constituye en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires luego del conjunto de detenciones que se producen el 7 de diciembre del 2017 en el marco de la denominada “causa Nisman”, en la que son detenidos Héctor Timerman, Carlos Zannini, Fernando Esteche, Luis D’Elia y Yusuf Khalil”.

 

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A pesar de la resistencia de los trabajadores, algunos de los cuales pasaron Navidad presos en la provincia que gobierna con mano dura el gobernador Gerardo Morales, en pocas horas el Ingenio La Esperanza pasará a manos de una empresa cuyo director es Facundo Fernández de Oliveira, el actual gerente de Recursos Humanos de Radio Nacional.

 

La venta del ingenio azucarero no sólo era resistida por los zafreros sino también por la oposición y el Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar (SOEA), a pesar de lo cual el juez de la quiebra, Juan Pablo Calderón, convocó una licitación express. El único oferente resultó ser la empresa Alesa (Agroindustria La Esperanza S.A.), constituida recientemente por los dueños del grupo colombiano Omega Energy.

 

“Las maniobras de Cambiemos para regalar el ingenio La Esperanza y echar a sus trabajadores es un escándalo nacional”, denunció el diputado nacional por el FIT Nicolás del Caño. “A veces estas noticias no llegan a Buenos Aires, pero lo que están haciendo los gobiernos de Macri y de Morales con La Esperanza y sus trabajadores en Jujuy se tiene que conocer en todos lados. Es de una impunidad con pocos antecedentes”, dijo. Y agregó que el grupo Omega Energy, cuyos dueños colombianos tienen casi todos sus empresas radicadas en paraísos fiscales, se va a quedar con uno de los ingenios más grandes del país por una tercera parte del valor que se pedía hace dos meses. Pero lo más escandaloso es la maniobra para consumar el despojo: en enero el grupo creó una sociedad en la Argentina y nombró entre sus directores a Facundo Fernández de Oliveira”.

 

Como tantos otros funcionarios, Fernández de Oliveira trabajará en ambos lados del mostrador, ya que desde julio de 2016 se desempeña en Radio Nacional y estampó su firma en los despidos producidos durante la gestión de Ana Gerschenson en la emisora estatal. El ex vicepresidente de Western Union en Latinoamérica también pasó por las empresas Clorox y Carrefour, Louis Dreyfus Commodities, además de desempeñarse desde 1997 hasta el 2000 como abogado en Marval, O’Farrel & Mairal. Actualmente figura como gerente de la empresa Ulterra Drilling Technologies S.R.L, propiedad de Pedro Eugenio Aramburu (hijo del general de La Libertadora) y Cristian Alberto Krüger, así como en otras 6 compañías.

 

El ingenio, que contaba con más de 1000 empleados, fue declarado en quiebra en 1999 y desde entonces está gestionado por el Estado provincial, que despidió recientemente a 338 trabajadores con el argumento de que no es “rentable”.

 

A principios de diciembre el gobernador Morales había anunciado como un triunfo el acuerdo de venta del ingenio por 85 millones de dólares, pero sus futuros propietarios exigieron que la planta se redujera a 600 trabajadores. La venta en aquella oportunidad se frustró, entre otras razones porque el grupo colombiano no poseía una sociedad legalmente constituida en el país, a pesar de lo cual el gobierno provincial no reincorporó a los 338 despedidos y convocó a un “concurso de precio sui generis”, en el exiguo plazo de 5 días, en febrero.

 

Ante la nueva convocatoria, el presidente de Omega Energy, Omar Leal Quiroz, conformó una nueva sociedad el 29 de enero de 2018, “Agroindustria La Esperanza S.A” (ALESA), con sede en la Ciudad de Buenos Aires, en la que figura como uno de sus dos socios fundadares, pero cuyo domicilio real es 1111 Brickel Avenue Suite 1515, Miami, Florida, el mismo domicilio que declara la primera accionista de ALESA, Sofía Alejandra Santo Domingo Laforiee, también colombiana, y socia en otras empresas del grupo Omega Energy radicadas en Miami, Bogotá, Panamá e Islas Vírgenes, ambos denunciados en los llamados Panamá Papers.

 

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La sequía que afecta a gran parte de la región agrícola argentina desde principios de año llevó a nuevos recortes en la producción esperada de soja y maíz, y a estimar en unos US$ 4.650 millones las pérdidas para la economía del país, según la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

 

La falta de precipitaciones durante ciclos claves de desarrollo de dichos cultivos, en especial los correspondientes a los sembrados en etapas tardías, redujo en 24 millones de toneladas la estimación de producción de ambos cultivos desde las primeras previsiones de la entidad, a fines del año pasado.

 

A esta cifra se llega con el recorte de hoy de 6,5 millones de toneladas en soja hasta las 40 millones (desde los 54,5 millones de la primera estimación) y las tres millones de toneladas de maíz hasta los 32 millones (desde los 41,5 millones de la primera estimación).

 

En un informe presentado en la feria Expoagro, la entidad calculó las pérdidas económicas totales en US$ 4.650 millones, de las cuales US$ 1.550 millones corresponde a las pérdidas directas al sector productor y los restantes US$ 3.100 millones a las actividades vinculadas con éste, como los sectores de transporte, maquinaría, construcción y demás.

 

Dicha cifra representaría 0,7% del Producto Bruto Interno (PBI) de US$ 639.000 millones previsto por el Fondo Monetario Internacional para Argentina en 2018.

 

Desde la entidad sostuvieron que a partir de las mermas en la producción, la Argentina perderá divisas por potenciales exportaciones por US$ 5.200 millones, ya que se calculó que con la disminución de 15 millones de toneladas previstas del poroto, la industria no contaría con 11 millones de toneladas para crushing y obtener un saldo exportable de 2,3 millones de toneladas de poroto, 1,5 millones de toneladas de aceite y 8 millones para harina de soja.

 

A pesar de la suba en los precios impulsada por la sequía argentina, tanto en los mercados nacionales como internacionales, los mismos "no han logrado compensar la menor producción del sector agrícola en su conjunto, redundando en una pérdida de ingresos respecto a las expectativas con las que se encaró la siembra 2017/180".

 

Según la entidad, el precio de la soja a cosecha en el Matba aumentó 15% desde el momento en que el productor tomó la decisión de sembrar, en tanto que el maíz subió 20%, mientras que el promedio nacional de rindes está proyectado 20% por

 

debajo de las estimaciones iniciales de la campaña para la oleaginosa y 25% abajo en el caso del maíz.

 

Así, "a pesar que las erogaciones del sector productor resultan menores en algunos rubros como fletes (ya que se transporta menos mercadería) o servicios de cosecha (ya que aumentó la superficie perdida), esto no es suficiente para revertir la caída en los márgenes que significa la disminuida productividad. La rentabilidad neta esperada merma en todos los casos", explicaron.

 

"Para la soja, un productor con campo propio puede estar obteniendo, en promedio, US$ 22 menos por hectárea sembrada, en tanto que en campo alquilado la caída alcanza los US$ 81 por hectárea. Para el maíz, la caída del margen neto asciende a US$ 38 y US$ 97 por hectárea, respectivamente", ejemplificaron.

 

Por último, para completar la cifra de pérdidas totales, desde la entidad consideraron que "menos producción, caída en las exportaciones y menor gasto de los productores significará en última instancia que no se efectivicen numerosas operaciones de compraventa, comerciales, financieras y de servicios. Los productores gastarán menos en la economía nacional e invertirán menos en equipamiento, maquinas y rodados".

 

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Tras la difusión de audios y videos que lo implicaban en una presunta compra de votos para evitar su desplazamiento en diciembre pasado, el ahora ex mandatario, Pedro Pablo Kuczynski, dio un paso al costado un día antes de que el Congreso lo destituyera.

 

La crisis política de Perú llegó hoy a su punto máximo con la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski, acorralado por la oposición en el Congreso, donde mañana se iba a votar su destitución, y en medio del revuelo que causó la difusión videos y audios que implican al ahora ex mandatario con la compra de votos hace tres meses. Ahora lo reemplazará el vicepresidente Martín Vizcarra.

 

Kuczynski comunicó su decisión al gabinete, poniendo fin a un mandato iniciado el 28 de julio de 2016 y que debía culminar el mismo día de 2021. Tenía previsto concurrir mañana al pleno del Congreso que sellaría su suerte, pero la difusión del material que lo incriminaba por parte de Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori, precipitó la caída del economista de 79 años.

 

En el video que determinó su destino se ve claramente a Bienvenido Ramírez, diputado cercano a Kenji Fujimori, hermano de Keiko, ofreciendo a un tercer legislador, Moisés Mamani, obras para su región a cambio de su voto negativo en la sesión de diciembre en la que se trató la destitución de Kuczynski. El mandatario sorteó su destitución por nueve votos, tras lo cual Keiko echó a su hermano de las filas de Fuerza Popular, luego que este votara en contra de lo que la Constitución peruana llama vacancia. Fue Mamani quien se encargó ayer de ventilar el video en el que aparecía él mismo pero no fue el único intento de compra de votos. En otro video, el que negocia con Mamani es Alberto Borea, el abogado de Kuczynski.

 

El presidente renunciante quedó envuelto por el caso Odebrecht en los últimos meses de 2017. Cuando se comprobó que una empresa de su propiedad había recibido pagos de la constructora brasileña por 782 mil dólares en materia consultoría, se activó el proceso parlamentario, en medio del cual Kuczynski perdió apoyos. Tras salvarse de la vacancia, el 21 de diciembre pasado, procedió a indultar al ex presidente Alberto Fujimori, una medida que despertó fuertes críticas y fue vista como prenda de pago por los votos de la fracción fujimorista que evitó la destitución. Fujimori cumplía, entonces, una pena a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad.

 

El nuevo presidente es un ingeniero, que mañana cumplirá 55 años. y que cumplía la doble función de vice y la representación de Perú en Canadá.

 

via #LSDLP ift.tt/2FRPxEG

  

La justicia porteña hizo lugar a una medida cautelar contra Metrovías S.A., a fin de ordenarle que garantice las condiciones de accesibilidad a la red pública de transporte de subterráneos para preservar los derechos de las personas con movilidad reducida o discapacidad motriz.

 

El juez Roberto Andrés Gallardo, titular del Juzgado n.° 2 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires hizo lugar a la medida cautelar peticionada, ordenó a Metrovías SA implementar el sistema “Tótem de asistencia” y requirió la citación como tercero de la empresa, por ser la concesionaria del servicio y quien posee a su cargo la operación y mantenimiento de la red de subtes.

 

Tras el proceso iniciado se presentó la Defensoría del Pueblo porteña y requirió que “se ordenara a los demandados cesar en su omisión inconstitucional y proceder a eliminar las barreras arquitectónicas existentes en las estaciones de la red de subterráneos de esta Ciudad, para garantizar la plena accesibilidad a las personas con discapacidad motriz o movilidad reducida”.

 

A dicha presentación se sumaron las de ONGs que entienden en la defensa de los consumidores y usuarios y en pos de la accesibilidad de las personas discapacitadas.

 

SBASE contestó demanda, a su turno, y acompañó un plan de contingencia que se encuentra sujeto, según informó, a la aprobación presupuestaria por parte de la Legislatura de la Ciudad. Además, cuestionó la competencia del fuero y requirió la citación como tercero del Estado Nacional.

 

“El reclamo introducido en el presente amparo tiene por objeto obtener un rápido remedio frente a lo que se denuncia como una arbitraria e ilegítima omisión por parte de las autoridades locales de dar cumplimiento a las obligaciones impuestas por la Constitución local”, advirtió Gallardo.

 

Señaló el titular del Juzgado n.° 2 también que “resulta paradojal la invocación de la necesidad por parte de SBASE en producir prueba, mientras que al mismo tiempo acompañaron un plan de obras futuras proyectadas a 10 años, que hace suponer –o al menos es deseable que así sea– que existe un previo estudio técnico de viabilidad”.

 

Gallardo desarrolló las pautas marco del “Tótem de asistencia”, a implementar según se detallan:

 

a) cada estación de la red de subtes deberá contar con dos (2) personas designadas exclusivamente para la asistencia personal de quien lo requiera mediante el “Tótem de asistencia”, para lo cual deberá llevarse a cabo su selección, ingreso y capacitación, dotándolas de todos los elementos necesarios para llevar a cabo la labor idóneamente.

 

b) deberá colocarse un “Tótem de asistencia” en cada acceso de cada estación de toda la red de subterráneos, así como uno en cada andén de aquéllas.

 

c) cada mecanismo deberá contar con una botonera de fácil operatividad, que al accionarla emita un aviso al personal afectado a la asistencia del usuario.

 

d) la botonera deberá estar cubierta por una tapa transparente que si bien permita su visualización, evite su pulsación accidental o su uso inapropiado.

 

e) el trabajador encargado de asistir a quien requiera auxilio, deberá estar dotado de un dispositivo electrónico que reciba la señal emitida mediante el “Tótem de asistencia”, ya sea de manera lumínica, sonora y/o mediante vibración.

 

f) una vez recibida la señal, el personal designado deberá hacerse presente en el lugar desde el cual fue emitida y asistir a la persona que ha requerido en el acceso o en su caso egreso de la estación, ya sea con utilización de alguna estructura mecánica si la hubiera o no.

 

g) en el caso de que la persona con dificultades de movilidad se encuentre ingresando al medio de transporte, el personal que la asista deberá ayudarla a acceder al vagón, procurando que pueda hacer uso de los asientos o espacios especialmente designados.

 

h) el sistema “Tótem de asistencia” deberá encontrarse operativo durante todo el horario en que se preste el servicio de transporte de subterráneos.

 

i) cada dispositivo deberá contar con una leyenda que advierta sobre las penalidades previstas para su inadecuado uso.

 

j) cada estación deberá contar con la suficiente cartelería y señalización que dé cuenta de la existencia y el modo de utilizar el dispositivo en cuestión.

 

k) complementariamente, los asistentes deberán auxiliar en la demanda inmediata que requieran aquellas personas que sufran alguna descompostura o descompensación, evitando así que tal función la cumpla el chofer de la formación o el/la encargado/a de la boletería (como ocurre actualmente con el consecuente deterioro de la prestación del servicio).

 

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La Comisión Bicameral Especial Investigadora sobre la Desaparición, Búsqueda y Operaciones de Rescate del Submarino ARA San Juan fue constituida formalmente hoy en un encuentro en el que los legisladores decidieron convocar a los familiares de los tripulantes.

 

El encuentro, además, sirvió para definir que el senador por Tierra del Fuego del interbloque Argentina Federal José Ojeda sea el presidente de la Bicameral, secundado por el diputado macrista por la provincia de Buenos Aires Gerardo Montenegro.

 

La designación de Ojeda fue por unanimidad, aunque el kirchnerismo denunció un acuerdo entre Cambiemos y el peronismo dialoguista, pero la postulación de Montenegro debió ser puesta a votación, ya que el Frente para la Victoria había propuesto al diputado mendocino Guillermo Carmona, autor de la ley que creó la bicameral.

 

A pedido de la diputada por el Frente Renovador Graciela Camaño, quien no forma parte de la comisión, se puso a votación la designación de ambos candidatos, y la del oficialista ganó por seis votos contra cuatro.

 

La postulación de Montenegro también había sido propuesta no solo por el senador bonaerense macrista Esteban Bullrich sino por el jefe del interbloque Argentina Federal de la Cámara alta, Miguel Angel Pichetto, con el argumento de un acuerdo político con el oficialismo.

 

El oficialista fue apoyado por Cambiemos y por el peronismo dialoguista, mientras que Carmona recibió el respaldo del kirchnerismo y de la senadora rionegrina por el Frente Progresista Magdalena Odarda.

 

A continuación, el Frente para la Victoria reclamó la presencia del ministro de Defensa de la Nación, Oscar Aguad, en una moción que fue rechazada tanto por el oficialismo como por el Partido Justicialista.

 

Carmona habló de iniciar una “acción inmediata” y desautorizó al presidente de la comisión por haber anticipado que la misma debería volver a reunirse a principios de abril.

 

“Si fijamos una reunión de aquí a quince días perdemos un tiempo valioso. Queremos que la semana próxima se haga la reunión y que se invite a Aguad y también a los familiares”, propuso el diputado mendocino.

 

Según Carmona es “necesario que el ministro confirme o desmienta la información brindada por el jefe de Gabinete”, Marcos Peña, quien durante su informe de gestión ante la Cámara de Diputados del miércoles pasado presentó documentación que indicaría que el ARA San Juan pudo haber estado a pocos kilómetros de las Islas Malvinas.

 

En cambio, el diputado Montenegro recordó que la comisión “primero debe tener un reglamento y luego una lista de asesores especializados”, y consideró que “empezar pidiendo que venga un funcionario es apresurado”.

 

El mendocino Luis Petri, de Cambiemos, apoyó la postura de su compañero de bancada y lo mismo hizo la bonaerense Camaño, quien dijo estar presente en nombre del massista santafesino Alejandro Grandinetti.

 

El fueguino Ojeda cerró la reunión y convocó a los legisladores para la próxima semana para aprobar un reglamento y recibir a los familiares de los tripulantes del submarino de la Armada Argentina, desaparecido en aguas del Atlántico sur desde noviembre del año pasado, cuya ubicación aún no fue determinada.

 

La comisión está conformada por seis diputados y seis senadores, de los cuales cuatro pertenecen al oficialismo y el resto a diferentes partidos de la oposición.

 

Por la Cámara alta integran la bicameral la riojana Olga Inés Brizuela y Doria, quien hoy se ausentó y el porteño Bullrich, de Cambiemos; el chubutense Alfredo Luenzo y el fueguino Ojeda, de Argentina Federal; la kirchnerista mendocina Anabel Fernández Sagasti y la rionegrina Magdalena Odarda, del Frente Progresista.

 

Por Diputados, forman parte de la comisión los kirchneristas Carmona y Nilda Garré (CABA), el massista Grandinetti, el justicialista Pedro Miranda (Mendoza), y los macristas Montenegro y Petri.

 

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Vecinos del partido bonaerense de Esteban Echeverría le reclaman a la operadora ferroviaria estatal Trenes Argentinos que construya rampas en la estación El Jagüel para facilitar el cruce de personas con discapacidad o movilidad reducida.

 

Los vecinos de El Jagüel proponen la construcción de rampas a los laterales de la estación o de un elevador para facilitar la movilidad, según consigno el sitio web Política Del Sur.

 

Que la única opción para cruzar a las vías del tren sea por escalera no sólo dificulta a las personas en sillas de ruedas, sino también a personas que cargan con carritos de bebés, que están en bicicleta o con bastón o muletas.

 

En agosto presentaron un plenario con más de mil firmas que apoyan el reclamo, pero desde la empresa informaron que dentro de los próximos dos años no tenían previsto ese tipo de intervención.

 

La ley nacional 24.314 de Accesibilidad de Personas con Movilidad Reducida establece que “la posibilidad de las personas con movilidad reducida de gozar de las adecuadas condiciones de seguridad y autonomía como elemento primordial para el desarrollo de las actividades de la vida diaria sin restricciones derivadas del ámbito físico urbano, arquitectónico o del transporte, para su integración y equiparación de oportunidades”.

 

El vecino Ricardo Gómez empujaba la silla de ruedas de su esposa, Josefa, para poder costear la estación, y una cuadra antes de llegar a la entrada, comenzaron los problemas: “Las veredas están rotas y subir las escaleras con la silla de ruedas es imposible. Nosotros nos vamos hasta Monte Grande para poder llegar”, denunció a “Política del Sur” Ricardo, quien hace seis años vive en el barrio y la situación -contó- fue “siempre igual”. Monte Grande es la estación siguiente mano a Constitución en el ramal Ezeiza del tren Roca.

 

Desde la página de Facebook “El Jagüel Crece” publicaron un video para visibilizar la situación. Ya reunió más de 23 mil reproducciones y comentarios a favor del proyecto. La página invita a compartir y detallar más casos de por qué son tan necesarias las rampas en la estación.

 

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El Frente Barrial de la CTA, la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo y el Frente por el Trabajo y la Dignidad “Milagro Sala” anunciarán mañana un "plan de lucha” en protesta por el “desmantelamiento” de programas sociales que dependen del Ministerio de Desarrollo Social.

 

“El gobierno de Mauricio Macri, desde hace dos años, ha avanzado en la descooperativización de los programas, y eliminó el requisito de organización al beneficiario del programa de empleo. De esta forma se anulan y suprimen matrículas de cooperativas de trabajo para que no accedan a la obra pública”, señalaron estas organizaciones a través de un comunicado.

 

El anunció de estas medidas de protesta se hará mañana, a partir de las 11, en la sede de la CTA, en Piedras 1065, y se reclamará la continuidad de los programas “Argentina Trabaja” y “Ellas Hacen”.

 

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Una trabajadora que cursaba su cuarto mes de embarazo fue despedida de Radio Nacional y otra de las despedidas, con cinco años de antigüedad, se le negó la continuidad en el jardín. Se trata de dos casos muy concretos sobre el total de 16 despidos de precarizados en el último tiempo.

 

Las trabajadoras de la emisora pública apuntaron contra la directora de Radio Nacional, la periodista Ana Gerschenson, en un comunicado en el que señalan que “la Asamblea de mujeres de Radio Nacional como parte de un movimiento que al grito de ´Ni Una Menos´ se propone terminar con la violencia y la discriminación en todos los terrenos, exige la inmediata reincorporación de nuestra compañera J quien durante los últimos cinco años desarrolló sus tareas en Nacional Clásica con un desempeño intachable”.

 

También exigen “la inmediata reincorporación de nuestra compañera V, de LRA 28 (La Rioja,) quien fue despedida mientras atraviesa su 4to mes de embarazo, debidamente notificado durante el mes de diciembre de 2017 a la Anses y a la dirección de la emisora, pese la protección de la maternidad contemplada por la ley”.

 

“J es madre de una niña de dos años. Ella es la jefa de hogar y ahora sólo cuenta con el ingreso de $9.000 que cobra su pareja para afrontar alquiler, alimentación y salud, entre tantos otros gastos”, explicaron las trabajadoras.

 

Y agregaron: “Se trata de un valor extremadamente por debajo (44 por ciento inferior, para ser precisas) de los $16.027,98 fijados por el INDEC en noviembre 2017 necesarios para no caer en la pobreza. Dejar a J sin trabajo es empujarla a esa crítica situación y vulnerar los derechos que, con rango jurídico, le debe el Estado a la niña, derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social”.

 

“J y V eran trabajadoras precarizadas por un Estado que tiene la obligación de garantizar la protección integral de la familia y los derechos de las niñas y los niños. J y V eran trabajadoras precarizadas en el Estado, y la precarización laboral, es la precarización de nuestras vidas”, concluyeron al tiempo que le recordaron a Gerschenson que en sus redes sociales se expresaba en favor del #NiUnaMenos.

 

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A una semana del inicio de clases, la Gobernadora bonaerense citó nuevamente a los gremios docentes para destrabar la negociación salarial. La reunión está prevista para el miércoles y será la tercera, luego de que los maestros rechacen las dos ofertas anteriores.

 

La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal citará a los gremios docentes este miércoles para intentar destrabar el conflicto salarial antes del inicio de clases, previsto para el lunes 5 de marzo.

 

Es luego de que el Frente de Unidad Docente rechazara la última propuesta del Ejecutivo, que consistió en una suba del 15 por ciento en tres partes y sin cláusula gatillo, y la incorporación de un bono no remunerativo de seis mil pesos por presentismo.

 

Además, Vidal también prometió unos 4.500 pesos a los docentes que no hayan faltado a la escuela en 2017.

 

Los seis gremios docentes, no obstante, rechazan este punto al advertir que “en realidad, es un plus de castigo para los docentes que se enferman”.

 

“Esta oferta sólo castiga a aquel docente que se enferma y no puede asistir a la escuela”, había afirmado a Info Región María Laura Torre, secretaria gremial de Suteba.

 

Los docentes reclaman una suba de entre el 17 y el 20 por ciento en sus salarios para empezar con regularidad las clases el próximo 5 de marzo.

 

“La oferta está muy lejos de la pauta inflacionaria”, había señalado Torre a este medio, además de quejarse por la no inclusión de la cláusula gatillo.

 

“Nos gustaría escuchar la voz del ministro de Economía, porque se niegan a acceder a la cláusula gatillo, que fue una propuesta de ellos y que dio resultados el año pasado”, disparó.

 

La tercera reunión de paritaria salarial se desarrollará el miércoles, a las 12, en la sede del ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires, y al igual que en los anteriores encuentros, se espera la presencia del titular de Educación, Gabriel Sánchez Zinny; y los ministros, Marcelo Villegas (Trabajo); Federico Suárez (Asuntos Públicos); y Hernán Lacunza (Economía).

 

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Familiares y amigos de Florencia Pennacchi, quien fue vista por última vez el 16 de marzo de 2005 cuando salía de su departamento en el barrio porteño de Palermo, marcharán mañana en la ciudad de Neuquén al cumplirse 13 años de su desaparición con la consigna "Verdad y justicia" y en reclamo de que se investigue el caso en un contexto de trata.

 

"Se cumplen 13 años que no sabemos nada de Florencia y en esta oportunidad nuestra consigna va a ser 'Verdad y justicia' porque no sabemos qué le pasó ni dónde está; no hay ninguna certeza ni acompañamiento del Estado", explicó a Télam Lilén Argat, prima de la joven desaparecida.

 

Los familiares presumen que la joven fue secuestrada por una red de trata de personas y denunciaron que actualmente "no se la está buscando" y que "existe una red de complicidades por parte de la policía y la justicia".

 

Al momento de su desaparición, Florencia Pennacchi tenía 24 años y desde 1999 vivía junto a su hermano en un departamento de Palermo ya que cursaba la carrera de Economía en la Universidad de Buenos Aires y trabajaba en el Instituto de la Vivienda del Gobierno de la Ciudad.

 

La noche del 15 de marzo del 2005 Florencia se juntó en su departamento con sus compañeros de trabajo a comer, pero luego de despedir a sus invitados volvió a salir, de acuerdo a lo que declaró un chico que la vio en la calle de su casa, según contó Argat, para quien "aparentemente esa noche no durmió en su departamento".

 

"A la mañana siguiente se comunicó con su propia casa que compartía con su hermano Pedro y preguntó si alguien la había llamado. Él le dijo que no y ella le contó que iba al hospital Fernández a buscar un certificado médico porque no se sentía bien y no se presentaría a trabajar", relató la prima de Pennacchi.

 

Luego, Pedro intentó hacer la denuncia por su desaparición en la comisaría 22 de Palermo pero le dijeron que debía esperar 48 horas.

 

Argat señaló que pasaron dos días sin saber nada de Florencia y su hermano comenzó a hablar con amigas y conocidos de la joven, sin encontrar respuesta.

 

"Se aproximaba el cumpleaños de su mamá, entonces ya era muy obvio que no había sido ella quien había decidido irse de la casa, sino que algo le había pasado", acotó Argat, quien indicó que a pesar de la investigación que se inició en aquellos días, siempre sufrieron "la indiferencia del sistema, con muy poca intención de buscarla".

 

La investigación está a cargo de la Fiscalía Nacional y Correccional 23 de la Ciudad de Buenos Aires a cargo del fiscal Marcelo Retes, a quien los familiares le reclaman que investigue un caso de desaparición en un contexto de trata y no una búsqueda de paradero.

 

En tanto, Silvina Bergmann, amiga de Pennacchi, denunció que "hoy no se la está buscando" y agregó que "tenemos un fiscal que sostiene que no tiene por qué tener esta causa en su despacho siendo que para él Florencia se fue por su voluntad".

 

"El fiscal no hizo ninguna tarea ni de investigación, ni de inteligencia, así que no se la busca", sostuvo Bergmann, quien contó que "por fuera del sistema, las amistades y los familiares estamos en contacto con otras víctimas de trata o familiares".

 

Asimismo, dijo que "Florencia fue vista por dos víctimas de redes de trata en tres prostíbulos de Buenos Aires y Córdoba, pero una de ellas no pudo declarar porque fue secuestrada nuevamente y a la otra le quemaron la casa y cambió su declaración ante la Justicia".

 

Cuando desapareció, "Florencia estaba con ojotas, pollera de jean, musculosa y se llevó la riñonera pero dejó la billetera en su casa junto a su documentación. Se llevó solo el monedero, las llaves del departamento, el celular sin el cargador y ni siquiera una campera. Ella iba a ir y a volver", sostuvo Bergmann.

 

Su prima Lilén Argat aseguró que "hoy es Florencia por quien realizamos este acto, pero son muchas más las familias que están pasando por una situación parecida".

 

"Estamos hablando de secuestros y de desapariciones en democracia para explotar a mujeres, hombres, niños o niñas sexualmente", concluyó Argat.

 

La concentración de mañana se iniciará a las 19 frente al monumento a San Martín, en el centro de Neuquén, donde también se desarrollarán intervenciones artísticas y una radio abierta.

 

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Organizaciones políticas, sindicales, sociales y de Derechos Humanos de Lanús convocan a toda la comunidad a participar de la Marcha de Antorchas por la Memoria, la Verdad y la Justicia que tendrá lugar el próximo viernes 23 a las 18 desde la esquina de 9 de Julio y Anatole France hasta el parque de la Memoria en Córdoba y Purita.

 

Las organizaciones reunidas en la Mesa por la Verdad, la Memoria y la Justicia de Lanús emitieron un comunicado en el que señalan que “durante el ultimo año, el Gobierno de Mauricio Macri ha avanzado es imponer su agenda regresiva en materia de Derechos Humanos: le concede prisión domiciliaria a los genocidas, mientras encarcerlan opositores y luchadores sociales, persiguen jueces críticos y construyen causas estrafalarias. Ademas, crecen día a día los casos de gatillo facil, y la "doctrina chocobar" garantiza la impunidad de la Policía y las fuerzas de (in)seguridad”.

 

“En nuestro distrito, han disuelto la dirección de Derechos Humanos, mientras abandonan el parque de la memoria y los demás sitios municipales, y crecen los casos de violencia gracias a la militarización de nuestros barrios”, completa la nota.

 

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Estudiantes y docentes de distintos Bachilleratos de Adultos (BAO) del sur del conurbano bonaerense se reunieron hoy en "Desde el Sur" (Lunes a viernes de 8.30 a 10 en FM 92.1 “Megafón”, la radio de la Universidad Nacional de Lanús) para debatir sobre la resolución del gobierno bonaerense de cerrar la inscripción a esa modalidad de terminalidad escolar y sus consecuencias.

 

De la mesa participaron el estudiante de Lomas de Zamora Nicolás Barrios y la egresada de Lanús Elsa Fernández junto a los docentes Cristina Nocetti, Fabiana Monsalves, Pablo Baldo, Víctor González, Sebastián Apicella y Luis Pérez.

 

La decisión de la Provincia de cerrar los primeros años es considerada por los sindicatos docentes como un primer paso hacia su eliminación definitiva.

 

La situación afecta a quienes debían comenzar las clases en establecimientos dependientes de Educación Secundaria, algo que es considerado por los sindicatos como un primer paso para eliminar definitivamente esta oferta educativa destinada a quienes no pudieron completar sus estudios.

 

La Resolución 1657/17 se estableció que “a partir del 1° de enero del año 2018, los alumnos de 18 años o más, que requieran iniciar o finalizar sus estudios, primarios y/o secundarios, deberán concretarlos bajo las diferentes ofertas educativas dependientes de la Dirección de Educación de Adultos“.

 

Esta norma indica que los BAO pasan a Dirección de Educación de Adultos, lo que significa que los estudiantes serán derivados a los Centros Educativos de Nivel Secundario (CENS), transformándse en semipresenciales, debiendo los alumnos cursar 3 días a la semana.

 

Así, los BAO y Bachilleratos de Adultos con Orientación Técnica (BAOT) serán reemplazados por “Bachilleratos Juveniles” con una carga horaria reducida, para todos aquellos alumnos de 15 a 17 desfasados en edad, en relación al curso que estén asistiendo.

 

“Se trata de una nueva decisión unilateral y arbitraria emanada de la DGCyE ha dispuesto que los docentes no den clases y los alumnos no ingresen a las aulas. Se procederá al cierre de los primeros años y consecuentemente dejará de existir está oferta educativa tan requerida por alumnos adultos que buscan completar sus estudios secundarios”, expresó en un comunicado el Bloque Sindical, compuesto por los gremios AMET, ATE, FEB, SADOP, SOEME, SUTEBA y UDOCBA.

 

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Este viernes 9 de marzo a las 18 horas se inaugurará el Centro Cultural y Social “La Bemba” en Balcarce 2917, Villa Ballester, San Martín. La propuesta es una iniciativa de la organización Seamos Libres.

 

El lanzamiento contará con la participación de Leonardo Grosso, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, quien brindará un discurso junto a otros referentes de Seamos Libres. Luego, habrá bandas, artistas y una exposición de fotografía.

 

“Estos espacios son necesarios para la construcción de una sociedad solidaria que se reafirme en sus propios valores culturales. Este nuevo proyecto tiene como fin sumarse a las diferentes expresiones artísticas y educativas de San Martin, brindar un espacio para toda la familia y desarrollar una herramienta de los trabajadores de la cultura” explicó Daniel Aldave, responsable del espacio y referente en San Martín de Seamos Libres.

 

A partir del mes de abril, “La Bemba” abrirá sus puertas a los vecinos de San Martín y ofrecerá talleres de música, baile, yoga, fotografía, decoración y organización de eventos, seminarios de sexualidad y género, clases de apoyo e idiomas.

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La situación de las economías regionales e industrias culturales argentinas es crítica, según el nuevo informe del Observatorio de Políticas Económicas de la Universidad de Avellaneda (Undav). La desregulación de costos asociados al proceso de liberalización de servicios públicos, más las estructuras de mercado concentradas en la primera industrialización afectan directamente a los productores rurales.

 

De acuerdo al equipo del Observatorio de Políticas Públicas de Undav “Lejos de tratarse de una discusión abstracta sobre ganancias, hablamos de una crisis de magnitud tal que derivó en el abandono de plantaciones y cierres de fábrica” y detallaron “en muchos casos, los productores se han visto obligados a descartar las verduras y frutas ya levantadas de la cosecha”.

 

Según señala el informe, la situación responde a un escenario frágil de la demanda interna, con un consumo sectorial a la baja. El único vector de posible recuperación sería la demanda externa, no obstante, Argentina presenta problemas de competitividad sistémica, quedando fuera de las principales plazas internacionales.

 

El informe de Undav analiza tres de las principales economías regionales de nuestro país: la lechería, la frutihorticultura y la actividad vitivinicultura, en términos de producción, ventas internas y generación de puestos de trabajo como de comercio exterior, para indagar en las razones que determinan la señalada compresión de márgenes para los productores.

 

En materia de la producción láctea, las ventas internas registraron una caída del 8,7% en leche fluida durante el año pasado. Si se la compara con 2015, el retroceso fue aún más significativo, del orden del 10,4%.

 

Asimismo, las estimaciones de la Subsecretaría de Lechería pronostican que 2017 fue el segundo año de caída de la producción, con una merma del 0,4%, que se adiciona el fuerte retroceso del 12,5% en el período 2016.

 

En cuando la producción de peras y manzanas del Alto Valle, en 2017 se verificó una nueva baja, del orden del 3,8% y del 1,5%, respectivamente. Si bien el retroceso es reducido, se agrega al mal desempeño que el sector presentó durante 2016.

 

En el plano del consumo se observan heterogeneidades. Los despachos al mercado central de manzanas aumentaron un 2% mientras que los de peras decrecieron 2,9%. No obstante, si se compara acumulativamente respecto a 2015, el retroceso de ventas internas es de 26% en peras y del 10% en manzanas.

 

Por último, la producción vitivinícola tampoco muestra una coyuntura favorable. Si bien la producción de uva fresca, pasas y vino mostró una suba del 11,8% en 2017, la base de comparación era muy baja. En el acumulado bianual, el retroceso es del 18,6%.

 

Por su parte, las ventas de vino en sus diferentes tipos, mostró un retroceso del 17,7% el año pasado. Este número cobra mayor relevancia por el hecho de que en nuestro país el principal destino de la producción son las ventas fronteras adentro.

 

El comercio exterior de las economías regionales también tuvo un desempeño magro en 2017. En todos los casos analizados, la caída de exportaciones supera el 10% en comparación a 2016.

 

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Un conjunto de empresas productoras de alimentos, entre las que se encuentra Arcor, advirtió hoy por el incremento de las importaciones de tomate entero pelado y la caída en la producción nacional de este producto.

 

En un informe, la Asociación Tomate 2000, integrada además por Unilever, Surcos del Valle y Baggio, entre otras, señala que "hay una alta preocupación por el exponencial aumento de las importaciones de productos industrializados de tomate entero pelado". "Desde el 2015 se han registrado aumentos considerables de las importaciones de este producto. La preocupación radica en que precisamente se trata de una especialidad de la región cuyana (San Juan, Mendoza y La Rioja), que la puede producir con excelente calidad y diferenciación, y de manera competitiva en cuanto a los máximos estándares internacionales", señala el informe.

 

El mismo destaca que "los productos industriales de tomate entero pelado han aumentado casi exponencialmente desde el 2014, con una variación anual del 146 % en el 2015, 971 % en el 2016 y 187 % en el 2017, llegando a importarse 10 millones de kg netos el último año".

 

El informe recuerda que "no hace más de 10 años Argentina exportaba productos agroindustriales de tomate entero pelado a una gran cantidad de mercados internacionales como Reino Unido, Australia, Brasil, USA y Japón".

 

"Este problema refleja una grave situación de competitividad sistémico que es importante revertir lo más aceleradamente posible, para que este clúster agroindustrial no siga decreciendo", señala.

 

Además, el estudio destaca que "en los últimos años se han realizado importantes inversiones en el sector para seguir generando crecimiento económico y desarrollo.

 

"Hay una gran capacidad instalada que se encuentra ociosa e inversiones paradas porque no se encuentran las condiciones para retornar a la vía del crecimiento y preocupa en gran medida la falta de medidas adaptativas para enfrentar la transición que estamos llevando a cabo", dijeron.

 

Por último, las empresas propusieron "mejorar los niveles de reintegros en estos productos para mejorar los incentivos a la exportación" y "la implementación del valor de referencia de 0,78 USD/kg a las importaciones de productos agroindustriales de tomate entero pelado que permitiría cuidar el sector de las importaciones que ingresan al país", entre otros.

 

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A solo cinco días del comienzo de las clases en los jardines y primarias de la provincia de Buenos Aires, el gobierno provincial volvió a proponer hoy sólo un 15 por ciento de aumento y le agregó una cláusula de revisión de inflación en octubre, tal como la que se había firmado e incumplido en 2016.

 

Los gremios docentes rechazaron la oferta y el viernes se podrían definir medidas de fuerza.

 

La nueva pero repetida oferta de 15 por ciento, lejos del 19 por ciento de inflación proyectado por el propio Banco Central en su página web, que se realizó agrega una cláusula de revisión en octubre, es decir una reunión entre el Ejecutivo y los sindicatos en los que el primero decide si la suba de precios superó o no a la de salarios. Además, se crearía una comisión para analizar mecanismos de compensación, según informaron desde el gobierno provincial.

 

Los gremios rechazaron la revisión, principalmente porque pretenden una cláusula gatillo que actualice automáticamente los sueldos. "Si están tan seguros que la inflación es del 15%, ¿por qué no ponen una cláusula gatilo que ajuste automáticamente? No estamos dispuestos a acercar este marco. En tres reuniones recibimos casi la misma propuesta", aseguró Roberto Baradel, titular de SUTEBA.

 

Además, refutaron al argumentar que dicha cláusula se acordó en la paritaria 2016 pero que no fue cumplida por la administración vidalista ese año.

 

“La cláusula de revisión es la misma cláusula que se firmó en 2016 y que el gobierno provincial no cumplió por asegurar que la inflación no había superado al aumento otorgado”, argumentaron desde la FEB.

 

En la primera reunión, el gobierno bonaerense había ofrecido un aumento del 15% en tres tramos sin cláusula gatillo. Asimismo, había anunciado el giro de $4.500 a los 50 mil docentes que no habían faltado en 2017.

 

Después de la rotunda negativa de los sindicatos, la administración de Vidal mantuvo la oferta, pero agregó un plus de hasta $6 mil por presentismo para 2018. En el nuevo esquema se contemplan ciertas excepciones para quienes se ausenten en casos de embarazo, accidente de trabajo, duelo, donación de órganos o violencia de género, pero no para el amplio espectro de enfermedades que científicamente significan faltas justificadas.

 

El nuevo esquema de presentismo presentado plantea también $4.500 para quienes falten hasta cuatro veces por motivos no contemplados y $3.000 a quienes se ausenten hasta en ocho ocasiones.

 

Según las repercusiones de la reunión de hoy, habrá plenarios y CTERA convocará a un congreso nacional el viernes para evaluar la posibilidad de medidas de fuerza, como una huelga el lunes 5 y martes 6; los días estipulados para el comienzo de clases en todo el país a excepción de la Ciudad de Buenos Aires, donde arrancan mañana.

 

Mientras tanto, un sector de Suteba de La Matanza, ya anunció el no inicio de clases para lunes, martes y miércoles próximo.

 

Antes de sentarse a la mesa de negociaciones, cinco de los seis gremios le entregaron una carta al ministro de Trabajo provincial, Marcelo Villegas, denunciando que el Estado ocultó información pública y violó el principio de buena fe en la negociación.

 

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Decenas de personas se movilizaron el lunes por la noche por el centro de Adrogué para reclamar por los bachilleratos de adultos. Esta marcha se suma a las que ya se realizaron en la Región por este tema.

 

La nutrida columna, acompañada por banderas en defensa de la educación pública, se movió por la calle Esteban Adrogué. El reclamo fue el mismo que se escuchó la semana pasada en Lomas de Zamora y Esteban Echeverría: no al cierre de bachilleratos de adultos. La marcha finalizó frente al histórico Nacional de Adrogué.

 

Si bien en un principio se hablaba de un cierre de bachilleratos, posibilidad que circulaba en las aulas desde el año pasado pero tomó forma recién durante este 2018, el gobierno bonaerense aclaró que no se cierran sino que habrá un “redireccionamiento” de alumnos y docentes.

 

"No hay cierre de ninguna institución educativa", había asegurado Sergio Siciliano, subsecretario de Educación de la provincia de Buenos Aires, quien explicó que de lo que se trata es de la "reorganización" de la oferta educativa para aquellos que deseen terminar sus estudios secundarios.

 

Desde suteba celebraron que las clases comenzaran, pero aclararon que realizarán un “monitoreo” para que “ningún docente se quede sin trabajo ni vea afectados sus derechos adquiridos”. “La lucha sigue en pie”, señalaba un comunicado de prensa publicado hace escasos días.

 

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El lunes feriado terminó con una triste noticia, a los 94 años falleció en la Ciudad de La Plata María Isabel Chorobik de Mariani, fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo y un símbolo en la lucha por los Derechos Humanos y la restitución de los nietos e hijos apropiados por la última dictadura cívico-militar.

 

"La nuera de Chicha, Diana Teruggi y su nieta Clara Anahí, de apenas tres meses, fueron desaparecidas luego de un brutal operativo en la casa que vivían. Por testimonios se supo que de la casa sacaron a la niña con vida. Desde entonces Chicha y las Abuelas buscamos a Clara Anahí. Querida Chicha, la seguiremos buscando, junto a todos los nietos y nietas que faltan", escribieron desde Abuelas de Plaza de Mayo en un comunicado.

 

Junto a Alicia "Licha" Subaznabar de De la Cuadra comenzaron a reunirse en La Plata junto a otras 12 madres para buscar a sus hijos desaparecidos y a los nietos apropiados por los militares. Creó la Fundación Anahí, desde donde continuó andando con la esperanza siempre puesta en poder hallar a su nieta.

 

“Tengo esperanzas de que va a aparecer, aunque yo no la vea”, declaró en una de las tantas entrevistas que dio. Una luchadora incansable que parte pero que lega bien alto las banderas de Memoria, Verdad y Justicia.

 

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La empresa Aysa solicitó hoy en Audiencia Pública un aumento del 26% sobre sus tarifas de servicios a partir del 1° de mayo, justificado por la suma de las proyecciones de inflación para 2018 y el aumento de costos de funcionamiento y mejoras.

 

El incremento fue puesto a consideración de la Audiencia a través de un documento presentado por Aysa, al que tuvo acceso Télam, en el cual se destaca que el ajuste pretende "contrarrestar los efectos de la inflación y afrontar los déficit operativos derivados de la incorporación de 8 nuevos municipios al área de concesión".

 

Los ocho municipios a los que hace alusión la prestadora son Moreno, Escobar, San Miguel, Malvinas Argentinas, José C. Paz, Presidente Perón, Merlo y Florencio Varela.

 

"La incorporación de los nuevos partidos plantea un desafío para la sostenibilidad de los servicios, ya que se trata de áreas donde los ingresos tarifarios no alcanzan a cubrir los costos de la prestación", explicó el documento.

 

La ampliación del área concesionada implicó un fuerte impacto que "obligó a revisar integralmente los planes de la empresa debido a un incremento significativo de la superficie total de la concesión que pasó de 1.811 km2 a 2.949 km2 y la incorporación de 3,2 millones de habitantes", explicó Aysa.

 

Del 26% solicitado, 15% está en línea con las proyecciones inflacionarias para el 2018 y 11% corresponde al recupero gradual de equilibrio económico en OPEX (costos permanentes de funcionamiento), mantenimiento y mejoras.

 

Con el incremento, la tarifa mínima mensual pasará a costar $ 130 y la Social $ 65, mientras que el promedio se ubicará en $ 208 para el período de 30 días.

 

Entre los objetivos propuestos, la empresa plantea mejorar el servicio, tener tarifas equitativas reemplazando los subsidios generalizados por focalizados, avanzar en la concreción del plan de obras, garantizar las prestaciones en los municipios incorporados, ampliar el Programa de Tarifa Social y avanzar en el plan de consumo medido.

 

"Para el año 2018 se destinarán al Programa de Tarifa Social unos $ 720 millones para asegurar el acceso a cerca de 375.000 beneficiarios", indicaron.

 

La proposición incluye, además, un plan de implementación progresiva de reducción de descuentos, acompañada por una difusión simultánea de la tarifa social.

 

Sobre la quita de descuentos previstos originalmente para el 30 de abril, Aysa propuso "hacerlo gradualmente" en cuatro bimestres a partir de julio, "reduciendo en cada uno de ellos un 6,25%".

 

"La propuesta incluye un plan de implementación progresiva de reducción de los descuentos con difusión simultánea de la tarifa social a efectos de promover el acceso a aquellos usuarios que califiquen para la asistencia. Se propone la quita gradual de los descuentos tarifarios previstos originalmente para el 30 de abril de 2018, a lo largo de cuatro bimestres, a partir del 1° de julio y reduciendo en cada uno de ellos un 6,25%", detalló Aysa.

 

Esta quita gradual de descuentos "alcanza sólo a los usuarios residenciales localizados en las zonales 1,10, 1,30 y 1,45 del área original de la concesión, y equipara las tarifas de estas áreas con las tarifas de los nuevos partidos incorporados", precisó el documento.

 

"Estamos convencidos de que nuestra propuesta representa un avance concreto en la dirección de hacer lo necesario para dar cada día más y mejores servicios para todos con equidad, eficiencia, previsibilidad, profesionalismo y responsabilidad social", concluyó Aysa en su presentación ante la Audiencia Pública.

 

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La empresa dio de baja las rutas hacia y desde Corrientes y Jujuy al menos hasta el 28 de marzo, cuando debería conocerse si la justicia le habilitará realizar más vuelos que los tres diarios que tiene actualmente autorizados en el aeropuerto de El Palomar.

 

La low cost está a la espera del guiño judicial que le permita realizar más vuelos que los tres diarios que tiene actualmente autorizados en el polémico aeropuerto de El Palomar. Por eso, tuvo que cancelar las rutas hacia y desde Corrientes y Jujuy al menos hasta el 28 de marzo próximo, cuando debería conocerse el dictamen sobre ese asunto.

 

Esas modificaciones traerán un problema importante para los usuarios, porque la empresa deberá reprogramar 72 vuelos que ya tenían pasajes vendidos dejando a las personas afectadas sólo con dos alternativas, según la empresa: optar por el reembolso del dinero o viajar luego de ese plazo, sin fecha definida.

 

Según un comunicado de Flybondi, el problema es que venían realizando vuelos desde otro aeropuerto, pero ya no quieren pagar más el costo extra: si bien en el último tiempo trabajaron con dos bases aéreas en simultáneo (El Palomar y Aeroparque) "esa solución ya no es viable" en términos económicos (la opción porteña es más onerosa que la terminal provincial).

 

Sin embargo, el apartamiento de Martina Forns, la jueza que entendía en la causa por El Palomar, obliga a esperar por una nueva designación que se pronuncie sobre el eventual incremento en el tráfico desde y hacia esa terminal aérea, lo cual aumenta los interrogantes respecto de la hipotética reprogramación de los vuelos cancelados.

 

La compañía daba por hecho que lograría la ampliación de las frecuencias desde la terminal de El Palomar a principios de marzo. Y, a partir de esa equivocada perspectiva, se lanzó a vender tickets que en más de un caso deberá devolver.

 

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Empresas aéreas de Brasil, Chile y Uruguay se mostraron interesadas en ofrecer vuelos a las Islas Malvinas, con escala en la Argentina, como resultado de negociaciones diplomáticas con el Reino Unido, según informó hoy la Cancillería argentina.

 

"Al término del plazo fijado por los gobiernos de la Argentina y del Reino Unido, varias empresas radicadas en Brasil, Chile y Uruguay manifestaron su interés en presentar propuestas concretas de nuevos vuelos regulares hacia las Islas Malvinas, con escalas periódicas en territorio continental argentino", indicó la Cancillería en un comunicado.

 

Las propuestas, según el texto que difundió la cartera que conduce Jorge Faurie, "deberán ser evaluadas por las autoridades aeronáuticas competentes" y, en base a su "viabilidad" y "conveniencia", serán concedidas "las autorizaciones que correspondan".

 

Las propuestas de las líneas aéreas de Brasil, Chile y Uruguay surgen de una negociación entre la Argentina y el Reino Unido para impulsar "un vuelo semanal proveniente de alguno de los mencionados países que, dos veces por mes, deberá realizar una escala en territorio continental argentino en un aeropuerto de relevancia, a ser consensuado con las autoridades aeronáuticas".

 

"Estos vuelos se realizarán en el marco de la Declaración Conjunta y el Canje de Notas suscriptos bajo fórmula de soberanía por los Gobiernos de la Argentina y el Reino Unido el 14 de julio de 1999, que constituye la base legal para vuelos entre las Islas Malvinas y terceros países", señaló un comunicado del Palacio San Martín en el que, hace dos semanas, se anunciaron las negociaciones.

 

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Ochenta familias que ocupaban un predio de la localidad bonaerense de González Catán fueron reprimidas y desalojadas hoy por la policía bonaerense una semana después de que esa fuerza los expulsara de ese mismo lugar sin orden judicial.

 

Esta mañana efectivos policiales de la Bonaerense desalojaron por la fuerza a 80 familias en un predio situado entre las calles Juan Echaury y Gonzalo Doblas, a dos cuadras de la Ruta 1001 e Intendente Federico Russo, frente al barrio Rodolfo Walsh, en González Catán, al oeste del conurbano bonaerense.

 

El operativo dejó al menos 11 detenidos que fueron trasladados a la comisaría 5ta de González Catan, 8 hombres y 3 mujeres.

 

Una toma de tierras con 80 familias, asentadas desde el 12 de febrero de este año, habían sido desalojadas sin orden judicial hace una semana y hoy nuevamente, al regresar, fueron desalojados por la policía bonaerense que destruyó sus pertenencias, tirandoles la comida y amenazando mujeres, entre otras violencias.

 

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La Corte Suprema ordenó volver a sortear las causas asignadas al Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 9, que tiene a cargo los expedientes por el presunto direccionamiento de la obra pública en favor del empresario Lázaro Báez, y la denuncia por encubrimiento del atentado a la AMIA, en los cuales está acusada la ex presidenta y actual senadora nacional Cristina Kirchner.

 

En una acordada publicada hoy por el Centro de Informaciones Judiciales (CIJ), la Corte dispuso “no hacer lugar a la habilitación del TOCF 9” al objetar el procedimiento por el cual se lo designó y que fuera refrendado por la ley 27307.

 

En consecuencia, la Corte dispuso “no hacer lugar a la habilitación del TOCF 9”.

 

En base a esa norma, se dispuso que cinco tribunales ordinarios de la Ciudad de Buenos Aires pasaran a tener competencia federal, algo que sólo se hizo efectivo en el caso del Tribunal Oral en lo Correccional Número 10, que por una resolución del Consejo de la Magistratura se convirtió en el TOCF 9.

 

Así, los jueces Alejandro Noceti Achával, Silvia Mora y Alejandro Becerra pasaron a cumplir funciones como magistrados federales con el aval de la Cámara de Casación y el Consejo de la Magistratura.

 

Los integrantes de la Corte resolvieron que se sorteen nuevamente las causas en poder de este Tribunal y exhortaron "enfáticamente" a la Cámara de Casación a que "se abstenga de realizar actos que excedan su ámbito de competencia”

 

“En especial aquellos que puedan afectar la debida prestación del servicio de justicia como, en el caso, sortear causas a tribunales que no cuenten con la previa habilitación de esta Corte Suprema de Justicia de la Nación", sostiene uno de los fundamentos del fallo.

 

En ese sentido, la Corte sostiene que “el comportamiento de la Cámara Federal de Casación Penal al incluir el TOCF 9 en los sorteos propios de la Justicia Federal implicó un indebido avance sobre las atribuciones de superintendencia”.

 

Como consecuencia de esta decisión las causas en las que está acusada las expresidenta deberán volver a sortearse para que pasen a otro Tribunal Oral en lo Criminal Federal.

 

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Unos 30 médicos, profesionales y trabajadores de la salud del Hospital Posadas del partido bonaerense de Morón fueron despedidos hoy y se suman a los 122 despedidos anteriores de este año, informó la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (Fesprosa).

 

La entidad gremial denunció que no fueron notificados y que “se enteraron hoy al poner su dedo para el reconocimiento dactilar y notar que sus huellas habían sido borradas. Hubo asamblea en el Aula Magna y la policía intentó impedirla”.

 

Mañana viernes 2 de marzo habrá asamblea en el Posadas desde las 9.30 y luego reunión en sede central del gremio CICOP, que los nuclea, a las 12.30.

 

Jorge Yabkowski, médico presidente de Fesprosa, gremio con 30 mil afiliados médicos, profesionales y trabajadores de la salud de 600 hospitales de todo el país, dijo que “se conocieron no menos de 30 nuevos despidos, entre los cuales se encuentran médicos de planta de distintas especialidades, reconocidos y con más de 10 años de antigüedad”.

 

"Son pediatras, diabetólogos, terapistas, que instrumentados desde el ministerio de Modernización (nacional) y con la complicidad y el silencio del ministerio de Salud (nacional), fueron dados de baja de manera intempestiva y sin comunicación previa a los damnificados. Hoy, cuando llegaban, 1° de marzo, sus huellas dactilares habían sido borradas de la identificación de personal y eso significaba que estaban despedidos”, detalló.

 

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Un niño de más de un año de edad fue asistido por dos efectivos policiales que se encontraban de patrullaje luego de que una mujer lo hallara abandonado en la localidad de Bosques en un cochecito, tapado con frazadas, con una mamadera y una nota en un papel que decía “Lo dejo xq estoy en la calle”.

 

Los hechos ocurrieron esta mañana en la calle Capdevilla y Yamandú Rodríguez de Bosques cuando una mujer encontró en plena calle al nene, que se encuentra en buen estado de salud.

 

Minutos después, cuando estaban haciendo una recorrida de rutina, un móvil del Comando de Patrullas de Florencio Varela se detuvo ante el llamado de la vecina. Los policías solicitaron una ambulancia que rápidamente se acercó al lugar y verificó que el menor se encontraba en buenas condiciones de salud.

 

El hallazgo fue notificado a la UFI N° 4 del Departamento Judicial de Quilmes e interviene la Subsecretaria para la Protección de los Derechos del Niño y del Adolecente de Florencio Varela.

 

“El niño se encuentra bien y fue asistido por los efectivos en el lugar donde lo encontraron y posteriormente en la comisaría”, dijo uno de los jefes policiales de la zona.

 

Al mismo tiempo, se informó que se está trabajando con el fin de encontrar a los padres buscando testimonios de los vecinos.

 

El nene estaba sentado en un carrito infantil con ropas, frazadas, una mamadera y un papel blanco de pequeñas dimensiones que decía “LO DEJO XQ ESTOY EN LA CALLE”.

 

Interviene la UFI N° 4 del Departamento Judicial de Quilmes que abrió una causa caratulada como “abandono de persona”.

 

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Luego de movilizar junto con los docentes, los estatales marchan hoy a La Plata a pedirle al gobierno bonaerense paritarias sin techo. Además le reclamarán “el cese de las políticas de ajuste”.

 

La CTA, seccional provincia de Buenos Aires, se moviliza hoy en La Plata para pedirle a la gobernadora María Eugenia Vidal, “el cese de las políticas de ajuste y una paritaria salarial sin techo” para los estatales bonaerenses.

 

“Mañana (por hoy) habrá una gran manifestación en La Plata para exigirle a la gobernadora, María Eugenia Vidal, el cese de estas políticas de ajuste”, explicó el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Hugo Godoy.

 

Según se informó, las columnas se concentraron a las 10 en la Plaza Italia de La Plata, y desde allí marcharon por avenida 7 hasta la Casa de Gobierno provincial.

 

“El Gobierno debe restablecer las paritarias docentes y tiene que dar una respuesta a nivel nacional respecto del reclamo que hacemos con relación a la reincorporación de los trabajadores despedidos”, sostuvo Godoy.

 

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La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) anunció hoy que pondrá a disposición de la Justicia federal las constancias de 127 actas de bautismo realizados entre 1975 y 1984 en la capilla Stella Maris de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada.

 

El anuncio fue realizado, a través de un comunicado de prensa, durante la reunión de la comisión permanente de la CEA que delibera entre hoy y mañana en su sede porteña de Suipacha al 1000, presidida por monseñor Oscar Ojea.

 

Según se informó, la documentación será presentada ante el juez federal Sergio Gabriel Torres y el fiscal general Pablo Parenti.

 

"Compartiendo el sentimiento y anhelo del Santo Padre, la Conferencia Episcopal Argentina pone a disposición de la Justicia la totalidad de la información registrada en la mencionada documentación, en continuidad con el proceder de esta Conferencia ante los requerimientos de la Justicia en estos últimos años", indicó el Episcopado en la carta enviada a la justicia.

 

Asimismo se subrayó que "estas actas pueden estar al alcance de organismos de derechos humanos de reconocido prestigio e investigadores procedentes de diversos ámbitos académicos".

 

La documentación en cuestión consiste en el libro que registra los bautismos realizados entre 1975 y 1984 en la capilla de la ESMA, en la que funcionó un centro clandestino de detención y torturas durante la última dictadura militar, tras un reciente hallazgo del obispado castrense.

 

"Tenemos la firme convicción de que la Iglesia debe extremar sus esfuerzos para contribuir al camino de la memoria, la verdad y la justicia en todos los campos, especialmente ante la gravedad de los delitos de lesa humanidad perpetrados bajo el Terrorismo de Estado durante los años 1976-1983", se indicó en el texto difundido esta mañana.

 

Las autoridades del Episcopado remarcaron asimismo el "compromiso de poner en conocimiento inmediato de la autoridad judicial aquellos datos e informaciones que pudieran surgir en el futuro".

 

En enero, el papa Francisco había dado su visto bueno a la publicación de los registros de bautismos de la capilla, cuando se reunió en el Vaticano con el obispo castrense, monseñor Santiago Olivera.

 

"Es el libro de la capilla Stella Maris de la ESMA, en el que figuran los bautismos realizados en esos años. Hay que investigar y lo pondré a disposición para conocer. Puede ser que algún marino haya bautizado allí a sus hijos, pero puede ser que otros no", explicó Olivera a Télam en aquella oportunidad.

 

Según pudo saber Télam, en el registro figuran 19 niños bautizados en 1975; 14, en 1976; 36, en 1977; 28, en 1978, y 30, en 1979.

 

Según estimaciones de organismos de derechos humanos, varios niños nacieron en el predio militar mientras sus madres estaban secuestradas por miembros de las Fuerzas Armadas.

 

También con el visto bueno de Bergoglio, el Vaticano ya puso en marcha un sistema para que los familiares de detenidos-desaparecidos puedan acceder a los archivos que la Santa Sede tiene sobre la dictadura, que principalmente consta de cartas y pedidos a obispos y sacerdotes.

 

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El juez Guillermo Scheibler hizo lugar a una medida cautelar que presentaron los legisladores del Frente de Izquierda de los Trabajadores y se suspendió así la audiencia prevista para este martes para definir el tarifazo en el subte.

 

Fueron los legisladores del FIT Myriam Bregman y Patricio Del Corro quienes le frenaron el aumento del subte a Horacio Rodríguez Larreta, al lograr un amparo de la Justicia porteña que suspendió la audiencia pública en la que se iba a discutir el incremento tarifario que llevaría el boleto de 7,50 a $11.

 

Según consignó el portal Letra P, en la sentencia el magistrado sostiene que hubo irregularidades en la convocatoria para la audiencia, que es condición sin e qua non para cada aumento tarifaria, según el artículo 31 de la Ley N°4472, que regula el servicio subterráneo de pasajeros en la Ciudad de Buenos Aires.

 

Para el magistrado, “lo que constituiría un vicio grave en el procedimiento de la audiencia pública está dado por el hecho de que en toda la difusión realizada a fin de poner en conocimiento de la ciudadanía la realización de la audiencia pública se ha omitido todo tipo de información acerca de cómo, cuándo y dónde acceder a la información y documentación de los componentes de la tarifa técnica”.

 

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Intendentes peronistas del interior de la provincia de Buenos Aires, junto a la conducción partidaria, cuestionaron hoy la ley de Responsabilidad Fiscal que impulsó la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, al señalar que esta iniciativa "es una intromisión en la autonomía de los municipios" por parte del gobierno provincial.

 

En un encuentro realizado en San Antonio de Areco, el jefe comunal anfitrión, Francisco "Paco" Durañona, consideró que esta ley "es inconstitucional porque viola expresamente artículos de la Constitución Nacional y de la Provincia, respecto a la autonomía de los municipios".

 

"Esta ley es escandalosa y así no podemos firmar" el pacto fiscal, remarcó Durañona en declaraciones a Télam.

 

"Es importante tener normas para lograr la transparencia de las cuentas, pero así como está esta ley es negativa para la autonomía de los municipios", aseguró el intendente kirchnerista.

 

Durante el debate, el vicepresidente del PJ bonaerense e intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, aseguró hoy que el gobierno provincial "se entromete en los recursos y la autonomía que tienen los municipios".

 

"Nos sacan la autonomía y nos cargan la responsabilidad total de cuestiones que le corresponden a la provincia, como la educación o la seguridad, temas muy importantes con los que colaboramos permanentemente", cuestionó Gray a través de un comunicado de prensa.

 

En febrero pasado, la mesa de intendentes le había enviado una nota a la gobernadora Vidal, en la que se reclamó una nueva Ley de Responsabilidad Fiscal y pidió que se respete su opinión, fundamentalmente la autonomía de sus distritos.

 

"Solo en el marco de la discusión de esa agenda, podría considerarse un verdadero Pacto Fiscal en la provincia y no una intromisión lisa y llana en la definición de políticas públicas de los gobiernos locales por parte de la gobernadora", dijeron en esa nota.

 

Sobre el desarrollo del encuentro de hoy, el intendente de Merlo y presidente del PJ bonaerense, Gustavo Menéndez, publicó en su cuenta de Twitter: "Excelente análisis de la realidad que preocupa a los bonaerenses hicimos junto a intendentes, legisladores y autoridades del PJ en San Antonio de Areco".

 

Además participaron Juan Ignacio Ustarroz (Mercedes), Ricardo Casi (Colón), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Mario Secco (Ensenada), Anibal Regueiro (Presidente Perón), Germán Lago (Alberti), Francisco Echarren (Castelli), Héctor Olivera (Tordillo), Marcelo Santillán (Adolfo González Chaves), Alfredo Fisher (Laprida), Gustavo Cocconi (Tapalqué) y Hernán Ralinqueo (25 de Mayo).

 

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Después de varios años de lucha por parte de los vecinos, hoy se inauguró el Hospital de Llavallol, nombrado Dr. Norberto Piacentini, bajo gestión del municipio de Lomas de Zamora.

 

La inauguración contó con la presencia de funcionarios, delegados municipales, vecinos ilustres y la comunidad de Llavallol. Tras una recorrida por las instalaciones junto a entidades sociales, el intendente lomense, Martín Insaurralde, celebró este logro. “Estoy emocionado, creo que es una deuda del Estado pendiente y está bueno celebrarlo. Para todos es una emoción muy grande”, aseguró.

 

En esta ocasión se inauguró la planta baja del edificio ubicado en Doyhenard 296, destinada principalmente para situaciones de emergencias. En el espacio hay una sala de rayos y un tomógrafo computado, consultorios externos, un shockroom, una sala de diagnóstico por imágen digital y un área para Infecciones Respiratorias Agudas Bajas (IRAB), todo coordinado por un sistema informático que les indicará a los pacientes el consultorio en el que se atenderán.

 

Además, se habilitó el subsuelo, donde funcionará la farmacia, el laboratorio, la morgue, la sala de máquinas, la cocina y el sector de mantenimiento.

 

Las obras continuarán próximamente con una segunda etapa, que según anunció el jefe comunal se inaugurará en octubre, que constará de “51 camas de internación y el quirófano” en las plantas superiores.

 

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El lunes 5 de marzo culmina el juicio oral al policía Cristian Daniel Duarte, acusado de doble homicidio del que fueron víctimas Mauricio Andrada (17 años) e Ismael Perussatto (20 años), en un hecho ocurrido el 12 de febrero de 2014 en las calles 71 entre 23 y 24 de La Plata.

 

En las acusaciones de la fiscal y de la querella particular, que pidieron 12 años de prisión, quedó claro, con apoyo en la tarea pericial, que Duarte actuó con la situación controlada y fusiló de costado y desde atrás a ambos jóvenes.

 

La defensa de Duarte, en cabeza de abogados del Ministerio de Seguridad, pidió su absolución por haber actuado en "legítima defensa" y "cumplimiento del deber".

 

El “Colectivo contra el Gatillo Fácil de La Plata” advirtió a través de un comunicado que “queda pendiente conocer la interpretación del Tribunal Oral 3 integrado por los jueces Ernesto Domenech, Santiago Paolini y Andrés Vitali, para poner un límite al accionar policial del gatillo fácil o bien convalidar la "doctrina Chocobar"”.

 

El veredicto se comocerá mañana lunes 5 a las 12 y desde el “Colectivo contra el Gatillo Fácil de La Plata” convocan a ciudadanos y organizaciones que luchan contra la represión a acompañarlos desde las 11 en la radio abierta en la puerta del tribunal, en 8 entre 56 y 57.

 

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El ingeniero argentino Gabriel Maresca presentó esta semana su reciente trabajo sobre el teletrabajo, en el que configuró, a partir de su investigación en tres compañías, un “índice de eficiencia que evalúa la implementación o el funcionamiento actual del teletrabajo en cualquier actividad específica del negocio empresarial”.

 

El teletrabajo, o trabajo a distancia, se realiza en un lugar alejado de las oficinas centrales, mediante el uso de las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones (TICs). En este sentido, la investigación facilita visualizar numéricamente la relación costo-beneficio, que tan importante resulta para las empresas y la alta gerencia.

 

En principio, el estudio sostiene que “simplemente con una buena conexión a internet y cualquier dispositivo electrónico desde los más sencillos hasta los más sofisticados se puede teletrabajar sin inconvenientes”

 

En este sentido, el índice de eficiencia propuesto permite analizar cuál es el grado de aplicación de la modalidad desde el punto de vista de la empresa, debido a que éstas tienen un costo y un beneficio asociados.

 

Las variables primarias que intervienen en el estudio son: persona dispuesta a teletrabajar e infraestructura tecnológica. En tanto, entre las variables secundarias se analiza la administración del tiempo para vida familiar y otros intereses; la administración del tiempo en el trabajo; la higiene y seguridad en el teletrabajo; la infraestructura edilicia y espacios físicos; las comunicaciones interpersonales, entre otras.

 

El índice arroja que a partir del teletrabajo “toman más relevancia los trabajadores”, en relación a “la diferenciación con el resto de las organizaciones en sintonía con el contexto socio-cultural de estos tiempos, y la posibilidad de retener y contratar nuevos talentos”.

 

Y destaca “los amplios beneficios a los trabajadores en cuanto a sus rendimientos y motivaciones en los diferentes puestos de trabajo”.

 

Asimismo, subraya luego: “Es un cambio de paradigma socio-productivo y cultural, donde la globalización, la competencia, y la tecnología ofrecen nuevas formas y modalidades de trabajo, y, en definitiva, el teletrabajo es una respuesta contundente de ello”.

 

“En la medida que continuemos evolucionando en este sentido, la tendencia serán modalidades de trabajo más flexibles y puntuales a cada trabajador, como resulta el teletrabajo desde hace varios años con proyecciones muy alentadoras y duraderas para los siguientes años en todo el mundo”, concluye el estudio.

 

Actualmente, continúa abierta la inscripción al Posgrado en Gestión del Negocio Tecnológico, que dirige Gabriel Maresca, en la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV). Aquellos que deseen inscribirse o tener más información al respecto pueden hacerlo enviando un mail a pgnt@undav.edu.ar

 

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El ministerio de Educación porteño anunció la clausura de doce sedes del plan FinES, que permitía terminar la escuela primaria y secundaria a adultos que no hubieran completado su formación básica.

 

La decisión afecta a más de quinientos alumnos y deja sin trabajo a ochenta docentes. Se trata de sedes de la zona sur de la ciudad, ubicadas en Boedo, Soldati, Pompeya, San Telmo y Lugano.

 

La noticia del cese del funcionamiento de estas sedes se dio a conocer a días del inicio de las clases, sin que se haya llegado a acuerdos salariales con los docentes de casi ningún distrito del país, y después del cierre de ocho colegios en el Delta y más de cincuenta escuelas rurales por decisión de la gobernadora María Eugenia Vidal.

 

Esta última medida de Vidal, atribuida a la “baja matrícula”, recayó sobre escuelas de Laprida, Pellegrini, Chascomús, Castelli, Lezama, Ayacucho y Tres Arroyos. También hubo cierres en Lincoln, Tres Lomas, Rauch, Tordillo, Pringles, Exaltación de la Cruz, Chacabuco y Chivilcoy, entre otros.

 

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El vuelco clandestino fue detectado este lunes por la Patrulla Ambiental de ACUMAR en Valentín Alsina. La Policía Ecológica acompañó el procedimiento. Además, se denunció al antiguo dueño del lugar por tirar barriles con brea sobre el Camino de Sirga.

 

En una recorrida de rutina por el Camino de Sirga de la Cuenca Matanza Riachuelo, un grupo de inspectores detectó este lunes un vuelco clandestino de hidrocarburos al río. Fue en Valentín Alsina, a dos cuadras del Puente, donde funcionaba la ex empresa UMBER.

 

“Una notoria mancha sobre el río y fuerte olor a gasoil” alertaron a los inspectores de ACUMAR, quienes iniciaron un operativo de constatación y posterior clausura de la empresa que actualmente trabaja en el predio. El establecimiento hoy es administrado por una Cooperativa que –según dijeron- desarrolla otras tareas productivas.

 

La colocación de fajas y precintos no pudo desarrollarse con normalidad por lo cual se aplicó una sanción por obstrucción al procedimiento, se inició una causa penal y pidió el proceso de allanamiento a la Gendarmería Nacional.

 

En la inspección, el equipo de ACUMAR junto a la Policía Ecológica de la Provincia de Buenos Aires pudo detectar que al vaciarse los tanques que pertenecían al anterior dueño, se estaban utilizando los caños pluviales para la descarga, razón por lo cual, todo el desecho de hidrocarburos estaba cayendo en el río.

 

ACUMAR labró un acta de inspección, clausuró el establecimiento e intimó al dueño del predio a remediar el daño ambiental y disponer los mecanismos necesarios para que el proceso productivo que hoy enfrentan no dañe el ambiente.

 

“Durante este operativo, también se verificó sobre el Camino de Sirga, tambores plásticos y metálicos de 200 litros llenos de una sustancia asimilable a brea e hidrocarburo. Estos tambores, unos 10, estaban volcados sobre la calle y el material corría hacia un desagüe pluvial”, informaron. El cuerpo de inspectores vinculó los tambores con un predio lindante al primero inspeccionado, donde identificó más tambores y pudo ver el suelo impactado con hidrocarburos.

 

El predio estaba siendo alquilado y acondicionado para la venta por menor de pollos. Se clausuró e íntimo a su remediación y al retiro del material en la vía pública.

 

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El ministerio de Gobierno bonaerense informó que las delegaciones de los Registros de las Personas que funcionaban en Avellaneda, Vicente López, Moreno, La Plata, Lavalle, Ramallo, Pergamino, Rojas y Olavarría dejaron de funcionar por “una cuestión de volumen de trámites y una optimización de los recursos”.

 

Las 11 delegaciones cerradas son de Gerli y Wilde, en Avellaneda; Munro, en Vicente López; Cuartel V, en Moreno; Altos de San Lorenzo y Tolosa, en La Plata; Paraje Pavón, Lavalle; Villa Ramallo, Ramallo; Barrio Acevedo, Pergamino; Las Carabelas, Rojas; y Fortín, Olavarría.

 

Las delegaciones de Gerli y Wilde pertenecen a la Municipalidad de Avellaneda y estaban cedidos en comodato a la Provincia, por lo que desde Cambiemos responsabilizaron a la Comuna por el cierre de los registros, diciendo que habían decidido no prestar más los inmuebles.

 

Sin embargo, la decisión de cerrar estas delegaciones, partió del gobierno bonaerense y se debió a un reajuste y reorganización, y no específicamente a que se terminaba el convenio.

 

En los casos de Avellaneda, la atención fue derivada a otras tres sedes que hay en el Partido. Están en Lebensohn 940, Piñeyro; Ingeniero Huergo 1209, Dock Sud; y Avenida Belgrano 4441, Villa Domínico. Todas atienden de lunes a viernes de 8 a 13 y en ellas se hacen los mismos trámites que realizaban en Gerli y Wilde: DNI, nacimientos, pasaportes y matrimonios. La de Piñeyro es la única donde se hace el registro de defunciones.

 

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El colectivo “Justicia x los 7” convoca a toda la comunidad de la localidad bonaerense de Pergamino a participar mañana y el sábado de las conmemoraciones del primer aniversario de la “Masacre de Pergamino”, el incendio de los calabozos de una comisaría en el que murieron siete jóvenes y por el que hay 5 policías presos y un comisario prófugo.

 

A través de un comunicado, el colectivo “Justicia x los 7” recordó que “El 2 de marzo del 2017 ocurría en esta ciudad el asesinato de 7 jóvenes, que estaban detenidos, bajo la responsabilidad del Estado. Aquel día se originaba un incendio en el calabozo 1, los policías perdían las llaves, no utilizaban los 2 matafuegos que estaban a su disposición, demoraban más de 40 minutos en dar aviso a los bomberos, decidían no abrir las canillas de agua de las celdas que se abrían desde imaginaria, entre tantos otros eslabones de esta cadena de la muerte”.

 

“Esto hacía que el fuego, la falta de oxígeno y la decisión de los policías de turno terminaran con la vida de Federico Perrota, Alan Córdoba, Sergio Filiberto, Juan José Cabrera, Jhon Mario Claros, Fernando Latorre y Franco Pizarro”, añade la nota.

 

“Al día de hoy nos encontramos con 4 de los policías asesinos arrestados con prisión domiciliaria, 1 detenido en un penal y el máximo responsable de la comisaría, el comisario Sebastián Alberto Donza, permanece prófugo desde el día en que se ordenó su detención”, completa el informe.

 

Los vecinos de Pergamino marcharán mañana viernes 2 de marzo a las 17 desde la plaza 9 de julio hacia la comisaria 1º de Pergamino. Allí colocaran una placa recordatoria de lo sucedido.

 

El sábado 3 de marzo partir de las 15 realizaran una "Jornada por Jus7icia" en el Parque España de Pergamino.

 

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En el marco de la Semana de la Memoria por la Verdad y la Justicia que organiza la Universidad Nacional de Lanús, brindó una charla en el Aula Magna Bicentenario de la casa de altos estudios anfitriona la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini. Ante una sala colmada de público, la invitada estuvo acompañada en el estrado por la rectora de la UNLa, Dra. Ana Jaramillo; la Secretaria de Cooperación y Servicio Público, Prof. Georgina Hernández; y el presidente de la Asociación de Graduados (AGUNLa), Martín Radiks.

 

Bonafini agradeció a la rectora “porque siempre me siento cómoda en la UNLa”, donde oportunamente había sido nombrada Profesora Honoraria, y contó las experiencias vividas en los tristes años de la dictadura. “Comparaban a nuestros hijos desaparecidos con objetos, ese era el concepto que tenían los dictadores”, expresó.

 

El mismo día quedó inaugurada la muestra fotográfica “El movimiento obrero y la represión”.

 

Este miércoles 21, a las 18, podrá verse el Teatro por la Identidad. En tanto, el jueves de 16,30 a 21,30 la Dirección de Deportes realizará una actividad denominada “Ajedrez por la Memoria”.

 

El lunes 26, a las 18, se inaugurará la Plaza Santiago Maldonado, contigua a la Casa del Estudiante “Claudia Falcone” y habrá una charla con Taty Almeida, Sergio Maldonado y Andrea Antico.

 

Se podrá hacer un seguimiento de esta Semana a través del sitio www.unla.edu.ar. El hashtag será #MemoriayResistencia #SomosUNLa.

 

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Los trabajadores de las líneas 112, 165 y 243 realizan desde el jueves pasado una “abstención de tareas” por la falta de mantenimiento en las unidades y de pago de las cargas sociales de sus sueldos, en un contexto en el que además reiteraron las denuncias de vaciamiento.

 

En diálogo con DiarioConurbano.com, Leandro Fernández, delegado de Expreso Lomas, remarcó que “se está adeudando 40 millones de pesos de cargas sociales” y reveló la forma de terminar con el conflicto: “Si nos traen las 115 unidades, salimos a trabajar”, aseguró.

 

Nada cambió para los choferes del “verde”, hace años que reclaman falencias en manejo del servicio por parte de la empresa y nuevamente acumulan varios días de paro con exigencias casi idénticas a las esgrimidas hace seis meses, cuando la huelga alcanzó las dos semanas.

 

La única diferencia con aquel entonces, cuando también casi 50 mil usuarios que a diario utilizan el servicio que comunica Monte Grande con Plaza Miserere o Temperley y Lanús con Villa Pueyrredón se encontraron sin servicio, es que los casi 400 trabajadores piden además que los propietarios abonen las cargas sociales, los aportes jubilatorios, las obras sociales y la ART.

 

En diálogo con este portal, el delegado Leandro Fernández informó que “se está adeudando 40 millones de pesos de cargas sociales” y por eso “se tomó la decisión del cese de tareas para tener una definición” tanto con sus fuentes de trabajo como en el servicio que brindan a los usuarios, porque “no se puede seguir de esta forma”.

 

Si bien éste es un factor importante y pidió que “quien venga (tras el tironeo legal de la empresa) se tiene que ocupar de las cargas sociales”, la clave está en la restitución de los coches necesarios para cubrir el recorrido y el mantenimiento periódico de los mismos para brindar un servicio adecuado.

 

El desencadenante de todo es, justamente, la desinversión en mantenimiento, por lo que de las 140 unidades del parque automotor original, solo 70 están en condiciones de circular y eso reduce el total de kilómetros recorridos por las unidades de la empresa a la mitad, lo que conllevó también a una caída de los fondos percibidos en concepto de subsidio que eran vitales para la salud financiera de Expreso Lomas.

 

La resolución del conflicto no parece estar a la vista. Si bien el delegado confirmó que el pasado lunes tuvieron una reunión en el Ministerio de Trabajo todas las partes involucradas para llegar a un acuerdo y desde el grupo empresario prometieron aumentar la cantidad de unidades para volver a las calles, estas no son las suficientes y no hay una garantía de que el retorno sea en condiciones, por lo que la propuesta “no está llenando las expectativas de los trabajadores”, señaló Fernández.

 

“Dijeron que van a tener 80 coches disponibles, pero no es la cantidad que se necesita para completar el parque móvil porque se necesitan tener 115 como mínimo”, indicó sobre la reunión donde además “la jueza pidió todo por escrito”, tanto el compromiso de poner a disposición la cantidad prometida de colectivos como el de completar la flota de 140 unidades, para que luego se establezca la fecha de la asamblea que destrabaría todo el conflicto a nivel empresarial.

 

Asimismo, hay un recelo desde los trabajadores sobre las condiciones en las que podrían llegar los coches, ya que las líneas son rehenes del tironeo judicial entre la empresa y la justicia y hasta que no esté resuelto todo, los empresarios no ven con buenos ojos la inversión en un escenario de conflicto.

 

Luego de que la jueza que entiende en la causa desplazase al directorio en 2015 por administración fraudulenta y decretase el gerenciamiento de Expreso Lomas, el grupo empresario acudió a la Suprema Corte bonaerense para trabar su decisión y todo quedó en un limbo. Si no hay inversión y reactivación, no se levanta el candado judicial; pero si no se levantan las trabas en los escritorios, el grupo no invierte.

 

“Queremos trabajar. Se lo dijimos a la jueza, al grupo societario y al gremio, si nos traen las 115 unidades salimos a trabajar. Después si se resuelve más adelante con una asamblea la situación de la empresa, está más allá de nosotros”, sostuvo sobre las prioridades en el conflicto.

 

Por último, Fernández se dirigió a los usuarios del servicio, a quienes les pidió “solidaridad y paciencia”, al tiempo que agradeció “todos los mensajes que mandan los vecinos”, quienes también les hacen llegar mercadería para cocinar y sobrellevar la huelga. “Padecen el servicio junto a nosotros, saben lo que es viajar los últimos años en el verde y por eso les pedimos paciencia, porque estamos buscando el bien común con buen servicio para ellos y fuente de trabajo para nosotros” porque “si tenemos mejor servicio vamos a poder trabajar mejor y ellos van a poder viajar como corresponde”, concluyó.

 

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La Federación de Docentes de las Universidades Nacionales (Fedun) informó que logró aplicar la cláusula gatillo prevista en la paritaria 2017, retroactiva a febrero último, por lo que los trabajadores percibirán otro 2,7% de incremento salarial.

 

Esa cláusula gatillo será retroactiva a febrero último y la suma a abonar sobre el básico se decidirá en un encuentro la primera semana de abril, señaló el jefe del sindicato, Daniel Ricci, quien remarcó que existe “un desfase entre el último acuerdo salarial y la inflación”.

 

“En especial, esa diferencia fue ostensible entre el 1° de marzo de 2017 y el 28 de febrero de este año, por lo que era preciso activar -y hoy se obtuvo- la cláusula gatillo”.

 

El monto exacto que se aplicará sobre el salario básico será calculado en esa próxima reunión de abril, afirmó Ricci.

 

En ese encuentro también comenzará a analizarse la mejora salarial a aplicar en 2018, concluyó el dirigente gremial.

 

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La CTEP, la CCC y Barrios de Pie, ante la profundización del ajuste, movilizan este viernes 24 de agosto desde las 10 hs. saliendo del Obelisco a la Secretaría de Vivienda y al Ministerio de Trabajo de la Nación para reclamar el atraso en los pagos a las cooperativas de trabajo que construyen viviendas, contra el recorte a los programas de empleo y la exclusión de los trabajadores de la economía popular en el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil que volvió a firmar un salario de indigencia.

 

A través de un comunicado las organizaciones afirmaron que “Hambre, pobreza, indigencia, cierre de empresas, despidos y suspensiones, tarifazos impagables, rebaja de salarios, jubilaciones y planes sociales diezmados por la inflación, deterioro de la salud y la educación públicas, ahogo de los pequeños y medianos productores y comerciantes de la ciudad y del campo. El país vive una crisis laboral y social que está mostrando signos de exclusión y pobreza extrema”.

 

Asimismo, los movimientos populares expresan todo su apoyo a los trabajadores del Astillero Río Santiago, de Telam, a los docentes y a la comunidad educativa de la Pcia. de Bs. As., de Atucha, a los tareferos de Misiones y a todas las luchas que está dando el movimiento obrero y popular. Es necesaria la unidad de los trabajadores y las trabajadoras para frenar el ajuste de Macri y el FMI.

 

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