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especie de Ave #175 subido a Flickr
Visita mi segunda cuenta de flickr con menos calidad:
www.flickr.com/photos/155364995@N05/
www.facebook.com/profile.php?id=1259536601
El pasado 17 de Octubre fue el October bird Day por mi parte me dirigí al occidente de El Salvador a un Área Natural privada protegida llamada el Imposible zona occidental, desde allí estuve realizando mis reportes y esta ave fue una de las que logre captar de mejor manera, el clina no estaba muy bueno para la observación de aves, se encontraba medio nublado y con lluvia ocasional, pero al final fiu parte de este evento mundial.
la finalizacion de la jornada termino con una llanta estallada en carretere a 48 kilomtros de la ciudad Capital San Salvador, pero afortunadamente llegamos con bien.
Pris au zoom ( 300mm) . On constate bien la vibration générée par l' air chaud au ras du sol ; et pourtant je peux vous assurer qu' un vent froid soufflait en rafale sur la plage de Notre-Dame , et que la température ne dépassait pas 17° .
Tras varios meses sin circular mercancías por esta línea, el pasado 17 de mayo se reabrió el tramo en obras de la zona de Espeluy.
A pesar de ello, el número de trenes de mercancías que por aquí circulan al día es muy bajo.
En la imagen, la 335.018 atraviesa el viaducto de Vadollano (construido en 1886 y reformado en 1918) con un TECo Bilbao-Sevilla.
La convocatoria online #PHEdesdemibalcón cerró el pasado 17 de mayo con más de 63.000 imágenes subidas a Instagram con el hashtag y la implicación de 50 ciudades españolas que se convertirán durante el verano en sedes de PHotoESPAÑA 2020 recogiendo en balcones y ventanas las fotgrafías de sus vecinos.
Estas exposiciones marcarán el pistoletazo de salida de PHotoESPAÑA 2020, una edición muy especial, que se prolongará hasta septiembre de 2020.
En este inicio, PHotoESPAÑA estará presente en prácticamente todo el país con el relato ciudadano de casi dos meses de confinamiento.
Entre todas las imágenes presentadas, el comité del festival seleccionará un total de 2.450 fotografías que serán las que se expongan al aire libre en sus respectivas ciudades.
Se han sumado a esta iniciativa Madrid, Salamanca, Valladolid, Santander, A Coruña, Alcobendas, Alcalá de Henares, Segovia, Badajoz, Sevilla, Barcelona, Córdoba, Logroño Oviedo, Vitoria–Gasteiz, La Laguna Las Palmas, León, Soria, Zaragoza, Castellón, Elche, Gijón, Granada, Jaén, Melilla, Pamplona, Teruel, Toledo, Vigo, Albacete, Alicante, Cáceres, Getafe, Guadalajara, L’Hospitalet de Llobregat, Zamora, Burgos, Cartagena, Coslada, Ibiza, Muxía, Santa Cruz de Tenerife, Torrevieja, Valencia, Hervás y las Diputaciones de Albacete y Girona.
ACCIONA apoya esta iniciativa concediendo 10 premios de 500 euros a las diez mejores imágenes participantes.
Muy feliz de que una de mis fotografías, halla sido seleccionada para la exposición de Segovia, ciudad en la que vivo.
El pasado 17 de Septiembre estuvimos el grupo Ilunpe-Art al completo en la preciosa cavidad Alavesa de Lazalday junto a los 3 componentes del grupo espeleológico GEBNA Pepe, Anika y Rubén. ilunpeart.weebly.com/
Credits
Skin : Anya Special Skin | UGLYDOROTHY
Eye : Allure Gray 3 | CHAI
Eyelashes : Twiggy | Redgrave
Nails : Lightbrown Nails | M99Skin
Hair : Je t'aime… moi non plus - cafe | !SyDS!
Top : Long T Pocket Gray | ARAI
Shorts : Sculpted Summer Shorts Grey | BeetleBones
Leggings : AnimalStory 04 | Loveme
Bag : Take it Easy Tote Antique Roses | BOOM
Glasses : 80s Crazy Sunglasses (Project Themeory Exclusive) | DUBOO
Shoes : Cowboy Boots DEMO | NoLabel *store closed but I've kept the demo for AGES -- <3<3<3*
Pose : @waffles
Sinds 2 Oktober 2022, rijden er op IR36 van er naar Zürich Flughafen de nieuwe RABe 523.5, ook wel bekend onder de Franse bijnaam "Mouette" en de Duitse "Möwe", van het type Flirt 3 van Stadler. Aangezien ik 15 Oktober thuis kwam van 2 weken Oostenrijk, kon ik pas 17 Oktober deze gloednieuwe treinstellen fotograferen in Möhlin.
🇧🇷 #PT-ZNJ #BRAZILIAN-AIR-FORCE #EMBRAER #KC-390 #EMB-390 #PARIS #LE-BOURGET #LBG #LFPB #FRANCE #EUROPE #DISPLAY #PARIS-AIR-SHOW #PAS-17 #PAS-2017 #PROTOTYPE #Millennium © #AWP #CHR-2017
@ EMBRAER | KC-390 | PR-ZNJ “Brazilian Air Force"
• Full Name : Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A.
• Country : PT / Brazil 🇧🇷
• Date : 1969 -
• Codes : EMB / Callsign ; Embraer
• Headquarters : São José Dos Campos (SJK / SBSJ)
Web site : www.embraer.com
@ EMBRAER | EMB-390 | sn 39000002
• Production Site : Gavião Peixoto (SBGP) 🇧🇷
• Aircraft Type : KC-390 Millennium
• First Flight : 26 Apr 2016
• Reg : PT-ZNJ
• Engines : 2x IAE V2531-E5
• NB : Prototype n°2
Airframe Status : Active
@ History Aircraft :
• 20.06.2017 : Display apron on Paris AirShow with Força Aérea Brasileira (Brazilian Air Force)
🇺🇸 #N528ZC #BOEING #BOE #B787 #DREAMLINER #1ST-B787-10 #PARIS #LE-BOURGET #LBG #LFPB #FRANCE #USA #PAS-2017 #PAS-17 #PARIS-AIRSHOW #DISPLAY #WINGS #PROTOTYPE © #AWP #CHR-2017
@ Boeing Company 🇺🇸
Boeing 787-10 Dreamliner -
• MSN : cn 60256 / 528
• ENG : 2x RR Trent 1000
• REG : N528ZC
• RMK : 1st Boeing 787-10
@ History Aircraft :
• 17.FEB.2017 : Roll-out
• 31.MAR.2017 : First Flight at built site Charleston (CHS) USA
• 01.APR.2017 : Tfd to "Boeing" BOE with reg N528ZC config Testbed
• ?? : Became to "Singapore Airlines" SQ
🇧🇷 #PT-ZNJ #BRAZILIAN-AIR-FORCE #EMBRAER #KC-390 #EMB-390 #PARIS #LE-BOURGET #LBG #LFPB #FRANCE #EUROPE #DISPLAY #PARIS-AIR-SHOW #PAS-17 #PAS-2017 #PROTOTYPE #Millennium © #AWP #CHR-2017
@ EMBRAER | KC-390 | PR-ZNJ “Brazilian Air Force"
• Full Name : Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A.
• Country : PT / Brazil 🇧🇷
• Date : 1969 -
• Codes : EMB / Callsign ; Embraer
• Headquarters : São José Dos Campos (SJK / SBSJ)
Web site : www.embraer.com
@ EMBRAER | EMB-390 | sn 39000002
• Production Site : Gavião Peixoto (SBGP) 🇧🇷
• Aircraft Type : KC-390 Millennium
• First Flight : 26 Apr 2016
• Reg : PT-ZNJ
• Engines : 2x IAE V2531-E5
• NB : Prototype n°2
Airframe Status : Active
@ History Aircraft :
• 20.06.2017 : Display apron on Paris AirShow with Força Aérea Brasileira (Brazilian Air Force)
Autobús 565 de Transportes Generales Comes, Sunsundegui Astral con chasis Volvo B7RLE. Este coche era el ex-93 de Boadilla (M).
Lo vemos el pasado 17 de Diciembre en la Estación de Autobuses de Jerez, preparado para hacer la línea M-350 Jerez-Campus Puerto Real.
Sunsundegui SC5 con chasis Volvo B8R de Transportes Generales Comes, con calca 582. Junto al 581 son dos unidades destinadas a cubrir la línea Rota-Sevilla, por Jerez o directas. Aquí lo vemos el pasado 17 de Diciembre haciendo la línea M-905 del Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz: Rota- Jerez (Sevilla)
Autobús 584 de Transportes Generales Comes, Irizar i6 con chasis Volvo B11R. Esta serie de vehículos que van desde el 583 al 586 formaban parte de las filas de Samar. Este en concreto era el ex-1777 de la empresa madrileña. Lo vemos saliendo e Jerez el pasado 17 de Diciembre haciendo la línea Cádiz-Granada.
Sunsundegui SC7 con chasis MAN RR2 de Medina (Jerez de la Frontera). Este coche era el ex-328 de Socibus. Lo vemos el pasado 17 de Diciembre en Jerez.
Sunsundegui SC5 con chasis Volvo B8R de Transportes Generales Comes, con calca 582. Junto al 581 son dos unidades destinadas a cubrir la línea Rota-Sevilla, por Jerez o directas. Aquí lo vemos el pasado 17 de Diciembre haciendo la línea M-905 del Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz: Rota- Jerez (Sevilla)
En Biodiversidad virtual y también en Instagram como @proyectoagua.
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Revolotea Phacus , como una hoja que cae, nada en el agua girando en mil piruetas… es la firma de su asimetría. Pececillo verde de ojo carmín, ser de quimera, alga que vuela en las gotas, mota de vida pintada en lunares que buscan el sol.
Phacus triqueter, es primo de Euglena, con su largo flagelo y alma de quimera gira imprevisible, avanzando en el agua en movimientos lentos.
Su cuerpo de hoja ancha dibuja un corazón y está recorrido por las líneas finas y paralelas que adornan su camisa elegante, transparente y rígida. Bajo ella, como numerosos lunares verdes , los cloroplastos salpican repartidos su interior, transformando la energía del sol en la materia orgánica que Phacus necesita para vivir.
El cuerpo de Phacus triqueter remata en una pequeña cola algo torcida en gancho, que apenas estabiliza su movimiento ondulante. Es el movimiento creado a partir de las incesantes filigranas que su largo flagelo insinúa en el agua, enraizado en las proximidades de su pequeño ojo intenso de rubí.
El costado de Phacus triqueter se levanta en una prominente y característica cresta que va desde su ojo hasta la cola y que hace de quilla en sus desplazamientos suavizando sus giros. Esta quilla dibuja un ancho triángulo cuando Phacus nada de frente dirigiéndose hacia nosotros y marca su rumbo en el agua, pero también la diferencia con una especie hermana que como Phacus pleuronectes carece de ella aunque comparte su vida y su espacio en las mismas aguas de cristal.
Phacus triqueter es pececillo verde, alga, hoja y corazón de lunares verdes, especie distribuida por todo el Planeta en aguas de muy diferente naturaleza, aunque prefiere las cargadas de materia orgánica, como éstas en las que se ha encontrado en el término riojano de Corera
La fotografías realizadas en vivo a 400 aumentos empleando las técnicas de contraste de interferencia, contraste de fase y campo oscuro, fueron tomadas en unas muestras recogidas el pasado 17 de julio en una boca de riego próxima a Corera, y nos están ayudando a comprender mejor cómo está la salud de estas aguas.
Please don't use this image on digital or printed media without my explicit permission. © All rights reserved
Quien diría que ya pasaron 17 años.
He comprendido que la luz dura no siempre es negativa.
¿Por qué el flash YN460?, por supuesto que por barato, pero si desea más información leer este artículo.
Uno de los dos nuevos midibuses de Autocares Valenzuela de Arcos de la Frontera (Cádiz). King Long U9.
Vemos a esta unidad estacionada en Rota (Cádiz), el pasado 17 de Octubre de 2023.
F. Matriculación: 05/09/2023
VIN: LA6A1DAK9PB101972
El pasado 17 de marzo de 2018, fue un día histórico. Por primera vez, el Tren de los 80 de la AAFM visitó la localidad de Linares-Baeza, en colaboración con la ALBAF. A pesar del tiempo, fue un buen viaje. El agua no pudo impedir el disfrute de dicho tren. Tren operado por ALSA.
Estación de Linares-Baeza.
7228, Irizar i6 Scania K400, de la serie express multimedia, saliendo de Méndez Álvaro el pasado 17 de Enero.
En Biodiversidad virtual y también en Instagram como @proyectoagua.
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Libres siempre, enfundadas en su limpia camisa de rayas, a las euglenas les gusta cambiar su figura, y a esta euglena de hoy Euglena deses, le encanta jugar con su forma.
Siempre sin prisa, voluptuosa, Euglena deses se afina o se ensancha, se ahíla o se aplana, se hincha o retuerce…resume así lo que es, con su magia de ser transformista. Alma de quimera… alga que ve, gusano que es planta, gato y ratón a la vez…pececillo verde que mira burlón la taxonomía, en la que su libertad no encaja.
Dentro del amplísimo grupo de las euglenas, de las que se han descrito cerca de 552, Euglena deses es una de las 133 taxonómicamente reconocidas.
Euglena deses se caracteriza por presentar un cuerpo muy plástico que se deforma con suma facilidad, un flagelo relativamente corto y el extremo de la cola rematado en una punta poco afilada, casi roma e incolora.
El ojo de Euglena brilla como brasa, bien visible y definida, guía a este organismo hacia la luz. Sus cloroplastos, salpican su interior de lunares verdosos y tienen forma de disco con contornos que van de circular a elipsoidal, como diminutas lentes.
Al igual que muchas otras especies, Euglena deses encierra en su citoplasma pequeños cuerpos de paramilo en forma de varilla y la camisa en la que está enfundado su cuerpo es fina y transparente, sin ornamentación aparente bajo el microscopio óptico.
Se trata de una euglena que suele habitar en aguas bastante cargadas de materia orgánica, principalmente en lagunas y estanques Existe constancia de su resistencia a la radiactividad y los metales pesados…quizá en esos lugares pueda servir de remedio para limpiarla.
Euglena deses ha sido fotografiada en vivo a 400 aumentos con las técnicas de , contraste de interferencia, campo oscuro y contraste de fase en unas muestras recogidas el pasado 17 de julio junto a una boca de riego próxima a la localidad riojana de Corera.
La Plaza de España constituyó el proyecto más emblemático de la Exposición Iberoamericana del año 1929, fue proyectada por el arquitecto sevillano Aníbal González, que también era arquitecto director del evento expositivo, fue ayudado por un buen conjunto de colaboradores, entre los que se encontraban el ingeniero José Luis de Casso y el arquitecto Aurelio Gómez Millán. Las obras de construcción comenzaron en el año 1914, resultando el proyecto más ambicioso y costoso de la Exposición, llegando a trabajar en su construcción mil hombres al mismo tiempo, puede resultar asombroso, cómo una ciudad en situación económica difícil en esos años, se embarcó en un proyecto de semejante magnitud. Algunos aspectos del proyecto suscitaron algunos rechazos, la Academia de Bellas Artes se opuso a la altura prevista de las dos torres que podían rivalizar con la Giralda y Forestier, diseñador del Parque de María Luisa rechazaba la construcción de la ría que rodea la plaza, para una ciudad con gran escasez de agua como Sevilla. En 1926, tras la dimisión de Aníbal González de su cargo de director de la Exposición, asume la finalización del proyecto el arquitecto Vicente Traver, que terminó los cerramientos del recinto y añadió la fuente del centro de la Plaza.
La plaza es de grandes dimensiones (200 metros de diámetro), tiene una forma semielíptica, que simboliza el abrazo de España y sus antiguas colonias y mira hacia el río Guadalquivir como camino a seguir hacia América. Su superficie total es de 50.000 metros cuadrados, de los que 19.000 están edificados y los 31.000 restantes son espacio libre, está bordeada por un canal que recorre 515 metros y es atravesado por cuatro puentes. Los edificios que envuelven la plaza se estructuran en un edificio central, alas con edificaciones intermedias que compensan una excesiva longitud y torres en los extremos. Esta planta responde de forma muy cercana al esquema formal del tipo de villa palladiana con alas curvas, como la Villa Badoer de Fratta Polesine o Villa Trissino en Meledo, mostradas por el arquitecto italiano Andrea Palladio en sus Cuatro libros de la arquitectura, que Aníbal González conocía. La construcción está realizada con ladrillo visto y amplia decoración de cerámica, artesonados, hierro forjado y repujado y mármol labrado, que dan al conjunto un ambiente renacentista, según los escritos de Aníbal González su inspiración para diseñar la plaza había sido el Renacimiento español, modernizándolo. Las dos torres que flanquean la plaza que proporcionan un ambiente de estilo barroco miden 74 metros de altura, y crearon disgusto entre los académicos por rivalizar en altura con la Giralda.
La fuente central, obra de Vicente Traver, ha sido muy cuestionada porque rompe la rotundidad de vacío de la plaza. El canal que contiene es cruzado por 4 puentes que representan los 4 antiguos reinos de España. En las paredes de la plaza se encuentra una serie bancos que delimitan el espacio de las cuarenta y ocho provincias españolas colocadas en orden alfabético, en los que se representan para cada una de las provincias, su escudo, el mapa y algunos hechos históricos destacados de la misma.
Otros detalles a destacar de la obra son sus múltiples relieves realizados todos por el escultor Pedro Navia, pudiéndose contemplar,seis ventanas renacentistas,el escudo de Sevilla adornando la puerta de Navarra y Aragón,las 24 águilas imperiales con el escudo de su majestad Carlos V,los 48 medallones con el busto de españoles ilustres sobre cada arco que comprende cada provincia,los cuatro heraldos de tres metros de altura que flanquean las dos torres que encuadran el palacio situado en el paseo superior del recinto.
En un principio tras finalizar la exposición su destino era formar parte de la Universidad de Sevilla, esa es la razón de las hornacinas existentes en cada una de las provincias. Sin embargo tras haber sido utilizada durante la Exposición, pasó a ser sede del gobierno militar, sirviendo sus estancias como ubicación de la Capitanía General, albergando años después además la delegación del Gobierno central en Andalucía y al mismo tiempo el Museo Militar de Sevilla. Hoy en día alberga a la subdelegación de gobierno.
La plaza de España ha sido utilizada como escenario de algunas películas conocidas, entre ellas:
En la película Lawrence de Arabia, la plaza representaba el cuartel general del Ejército británico en el Cairo.
En la película Star Wars Episodio II: El Ataque de los Clones de la saga de la Guerra de las Galaxias, la plaza representa el planeta Naboo, aunque el escenario de la filmación fue modificado digitalmente.
En los últimos años, la plaza de España ha sufrido un importante proceso de restauración que finalizó el pasado 17 de octubre de 2010 con una serie de actos conmemorativos para su reinauguración. Con estas actuaciones se pretendió recobrar la imagen con la que fue concebida para por su autor, Aníbal González para la Exposición Iberoamericana de 1929, incluyendo la recuperación de veinte farolas de cerámica y de fundición que, imitando a las que entonces formaron parte de la plaza y que luego desaparecieron, jalonan de nuevo sus balaustradas. Así mismo, se recuperó la ría con su llenado e instalaron sobre ella sus tradicionales barcas de alquiler.
El Rally Fotográfico Baztán-Bidasoa (Rally del Salmón), se viene celebrando en Irún desde hace 26 años, organizado por la Cofradía del Salmón del Bidasoa (gastronómica), asesorado por la Asociación Fotográfica Irunesa (AFI).
El pasado 17 de mayo, se celebró su XXVI edición, con 66 participantes.
Como sabéis, un rally fotográfico, se desarrolla en una mañana, con entrega de los temas a fotografiar a la salida ( 9 horas) y finaliza a las 14 h. con el tema sorpresa.
A continuación os muestro las fotos con las que participé, que a juicio del Jurado no tuvieron mucho éxito, diremos eso de " lo importante es participar "
Puntuación del jurado : 6 sobre 10. (media de los 3 jurados)
Imágenes tomadas en la celebración de la manifestación celebrada el pasado 17 de Octubre de 2009, con motivo de parar la Ley actual de Extranjería.
Seguidamente, adjunto el texto aprobado para la convocatoria de este día:
Madrid 17 de Octubre, 11,30 horas: Atocha-Tirso de Molina. Paremos la reforma de la Ley de extranjería
TENEMOS DERECHO A TENER DERECHOS
Organizaciones sociales, de inmigrantes, de derechos humanos y de solidaridad internacional, sindicatos y organizaciones profesionales, para quienes la defensa de los derechos humanos constituye el eje central de la construcción de cualquier sociedad democrática y para quienes la actual la crisis es fruto de una globalización neoliberal que atenta contra los derechos y condiciones de vida de las personas más vulnerables e impone la adopción de políticas económicas y sociales regresivas y represivas contra el conjunto de la población, pero especialmente contra la población migrante, tal y como fuera denunciado por el III Foro Social Mundial de la Migraciones en su Segunda Declaración de Rivas:
DENUNCIAMOS
Que el 26 de junio de 2009, el Consejo de Ministros aprobó enviar al Congreso y al Senado una nueva reforma de la Ley de Extranjería que lesiona gravemente los derechos y libertades de la población extranjera y autóctona, por los motivos que a continuación se exponen:
El proyecto de reforma de la Ley redactado por el Gobierno no ha sido consensuado con las organizaciones sociales, siendo su resultado una ley muy alejada de la realidad social de la inmigración en el país. La futura ley profundizará en una visión de la inmigración como problema eminentemente policial, contribuyendo, de esta forma, a criminalizar a las personas de origen extranjero y a precarizar aún más la situación del colectivo.
La nueva reforma agrava, por tanto, en medidas de persecución, sanción y castigo contra personas extranjeras y autóctonas, en lugar de establecer una verdadera política estatal de integración social, que implique al conjunto de la sociedad, y que efectivamente se oriente hacia la protección de las libertades y derechos de la población extranjera y autóctona en el Estado español.
Las sanciones contra la población extranjera son desproporcionadas, contemplando privaciones de libertad y expulsiones forzosas por ejercer sus derechos fundamentales y manteniendo el desproporcionado e injusto sistema de sancionar con expulsión la mera estancia irregular o el mero hecho de trabajar sin permiso de trabajo. Faltas administrativas que para un nacional no suponen más que una multa económica, para una persona extranjera pueden llegar a suponer su detención e
internamiento, por un periodo de hasta 60 días (ampliable hasta 74 días), en un Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE.)
Un tipo de centros que ofrecen menos garantías que las cárceles y que han sido denunciados por el Parlamento Europeo y el Defensor del Pueblo por las condiciones de precariedad e indefensión a las que se ven sometidas las personas privadas de libertad en su interior. Además, el aumento del periodo de internamiento de 40 días, como contempla la actual ley, a 60 días, supone la violación del compromiso adquirido por el Gobierno de no aplicar en esta parte la Directiva de Retorno
de la Unión Europea en el Estado español.
Las personas solicitantes de asilo internadas en CIE, sufrirán una penalización de 14 días más de privación de libertad por ejercer su derecho fundamental a pedir refugio en el país, ante la posibilidad de ser expulsadas a su país de origen y tener temores fundados a ser perseguidas por sus opiniones políticas, su religión, su raza, su nacionalidad, su orientación sexual o su género.
Se criminaliza la solidaridad al perseguir un valor tan esencial del ser humano como es la hospitalidad. Con la nueva reforma de la Ley de Extranjería las personas que inviten y acojan en su casa a personas de origen extranjero que, por los motivos que sean, decidan continuar su permanencia en el Estado español más allá de la estancia legal permitida, podrán ser multadas con hasta 10.000 euros. Deliberadamente se culpabiliza a quién no ha cometido ninguna infracción ni delito, con la
finalidad de perseguir a terceras personas que, en muchos casos, se encuentran en situación de vulnerabilidad e indefensión.
Las sanciones contra quién empadrone a una persona extranjera que no resida habitualmente en su vivienda, suponen otra muestra más del acoso al que se verán sometidas las personas hospitalarias y solidarias. La amenaza de sanciones obstaculizará el empadronamiento de la población extranjera y la obtención de la tarjeta sanitaria, vulnerando el derecho a la salud del colectivo y de la sociedad en su conjunto. De esta forma se está obstaculizando el acceso a un derecho básico
reconocido por la propia Constitución Española.
La insistencia en el proyecto de Ley por reconocer derechos a las personas extranjeras residentes legales frente a las personas sin papeles a las que se niega servicios y ayudas sociales, aumentará la precariedad, desprotección y vulnerabilidad de las personas migrantes con menores recursos y oportunidades. Situación que contribuirá a favorecer fenómenos de marginación social, rechazo, xenofobia y racismo contra las personas extranjeras en situación irregular.
Un derecho tan básico para cualquier persona como es el derecho a vivir en familia, reconocido universalmente por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, se ve seriamente amenazado por las nuevas disposiciones del proyecto de reforma de la Ley de Extranjería. Las fuertes restricciones a la reagrupación familiar para aquellas y aquellos ascendientes menores de 65 años y la imposición de al menos 5 años de residencia en para poder reagrupar, supone la ruptura de muchas familias y facilita enormemente que se puedan dar situaciones de desprotección de personas
dependientes que necesitan del cuidado de sus familiares.
Por otro lado, limitar el derecho a la reagrupación de los abuelos y las abuelas significa también impedir que las redes familiares puedan seguir apoyando a las mujeres inmigrantes, para que
éstas puedan participar en el espacio social.
El tratamiento que se da a las y los menores extranjeros no acompañados en el proyecto de reforma de la Ley, es extremadamente preocupante. Se prima la condición de extranjero sobre la de menor, haciendo oídos sordos de la Convención de Derechos del Niño de la ONU y favoreciendo violaciones flagrantes de los derechos del menor.
El principal interés que se trasluce no es el “interés superior del menor” sino la obsesión por expulsar del país a cuantas más personas extranjeras mejor, cuando ningún menor debe ser considerado irregular y por tanto ser expulsado ni expuesto a una situación de vulnerabilidad.
El derecho a la justicia gratuita que asiste a toda persona, independientemente de su origen, se verá perjudicado. La obligación de aumentar las pruebas documentales que acrediten la falta de recursos económicos para la designación de un abogado de oficio, limitará el acceso a la defensa jurídica de las personas rechazadas en aeropuertos o con orden de expulsión.
En muchos casos no se podrá reunir la documentación necesaria antes de vencer el plazo de devolución y de expulsión, con lo cual quedará vulnerado el derecho a la defensa reconocido por la Constitución.
El Proyecto trata de dificultar al máximo el acceso a los recursos judiciales ante la jurisdicción contencioso-administrativa, frente a las resoluciones gubernativas que pongan fin a la vía administrativa en materia de denegaciones de entrada, devolución o expulsión, al exigir que la persona inmigrante declare formalmente su intención de recurrir.
No se establecen verdaderas garantías para las mujeres indocumentadas víctimas de violencia de género, ya que se obliga a la iniciación de un expediente sancionador a aquellas mujeres en situación irregular que denuncien estos hechos ante la policía, desincentivando estas mismas denuncias. Así mismo, se supedita la autorización de residencia y trabajo a que los procedimientos penales resulten favorables, dejándolas en situación de desamparo cuando el procedimiento penal se archive
por sobreseimiento provisional.
El proyecto articula un esquema de nacionalismo económico propio de la “preferencia del español ” y consagra y refuerza la visión utilitarista de la inmigración, al seguir conectándola con las necesidades de la situación nacional de empleo.
Se olvida que una condición básica de la integración social es la integración política y el acceso a la ciudadanía, de acuerdo al principio constitucional de igualdad. Sin desconocer la literalidad del art. 13 de la Constitución, el Proyecto no establece avances reales para la participación política de las personas inmigrantes.
El Derecho a la educación no obligatoria de mayores de 18 años se restringe a las personas extranjeras “residentes”, quebrando así un derecho fundamental que tiene especial proyección y alcance también en materia de integración social.
El Proyecto establece medidas de control policial de las entradas y salidas de las personas extranjeras no comunitarias, con grave afectación al derecho a la intimidad, ya que el registro policial de entradas y salidas se vendría a configurar como un sistema ordinario de control policial.
Se olvida de flexibilizar los casos y supuestos para obtener la autorización de residencia temporal, dejando en un inadmisible limbo jurídico a miles de personas, y sin poner remedio a la práctica de no conceder el permiso de autorización y residencia por arraigo social a las personas extranjeras que tengan una orden de expulsión.
El Proyecto tampoco establece las bases para una regularización de las trabajadoras y trabajadores sin papeles que de modo notorio existen en el Estado español y que se ven cerradas las puertas para el acceso a una estancia autorizada.
Por todo lo denunciado:
MANIFESTAMOS nuestro más enérgico rechazo contra una reforma de la Ley de Extranjería que supone una grave regresión en los derechos reconocidos a la población de origen extranjero, profundizando en el carácter represivo de las políticas de inmigración.
LAMENTAMOS que no se adopte una política respetuosa de los Derechos Humanos y más acorde con la realidad de la inmigración, atendiendo a una visión global de la misma en cuanto a las causas de las migraciones y en cuanto a las responsabilidades que tiene la sociedad de llegada para favorecer la convivencia.
CONDENAMOS la utilización de la crisis económica como justificación para aprobar una “ley populista” que no va a resolver los graves problemas económicos y de desempleo del país y que sólo conseguirá desviar la atención sobre las causas reales y los verdaderos responsables de la crisis, convirtiendo a las personas migrantes en el nuevo chivo expiatorio.
EXIGIMOS la retirada del actual proyecto de reforma de la Ley de Extranjería e instamos al Gobierno y a las Cortes españolas a que adopten las disposiciones para establecer una política que restituya los derechos humanos y la dignidad de las personas migrantes que residen en el Estado español.
ORGANIZACIONES Y COLECTIVOS FIRMANTES:
Acción en Red, Acción Social Protestante, Acera de Enfrente, ACIAB (Asociación Cultural Iberoamericana Andrés Bello), ACSUR-Las Segovias (Asociación para la Cooperación con el Sur), ADRA España, Afro Aid España, AMDH-Madrid (Asociación Marroquí de los Derechos Humanos), ATTAC, ATTAC Catalunya, APDHA (Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía), APDHE (Asociación Pro-Derechos Humanos de España), Asoc. Amigos del Uruguay, Asoc. Alqantara para la Cooperación y el Codesarrollo, Asoc. Chispa de Madrid, Asoc. de la Comunidad Hispano-Palestina “Jerusalén”, Asoc. NEXOS, Asoc. Nuevo Humanismo de Móstoles, Asoc. Tentempié, AA.VV. de Carabanchel Alto, AA.VV. de Quintana, Casa Argentina de Madrid, Casapueblos, CEAR-Madrid (Comisión Española de Ayuda al Refugiado), CEDEHU (Centro de Defensa y Estudio de Derechos Humanos), Centro Uruguayo de Madrid, CJE (Consejo de la Juventud de España), Comité Oscar Romero de Madrid, CONADEE (Coordinadora Nacional de Ecuatorianos en España), Confederación Intersindical, Coordinadora de Barrios, Creamos en Acción, Cristianos de Base de Madrid, Ecologistas en Acción, Economistas Sin Fronteras, ENAR-España (European Network Against Racism), En Lucha, Escuela Popular de Adultos del Barrio del Pilar, FAPRE (Federación de Asociaciones de Paraguayos Residentes en España), FEDACHES (Federación de Asociaciones de Chilenos en España), Federación de Asociaciones de
Defensa y Promoción de los Derechos Humanos – España, FERINE (Federación de Asociaciones de
Refugiados e Inmigrantes de España), Foro Social de Madrid, FSMM (Foro Social Mundial de las Migraciones), FRAVM (Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid), Fundación IEPALA, Grupo Inmigración y Sistema Penal, Intersindical Valenciana, Izquierda Anticapitalista, Izquierda Unida-Comunidad de Madrid, Jóvenes de IU-CM, Médicos del Mundo, Movimiento contra la Intolerancia, OSPAAAL (Organización de Solidaridad para Asia, África y América Latina), Parroquia San Carlos Borromeo, Partido Comunista de Madrid, Plataforma “Salvemos la Hospitalidad”, Plataforma de Solidaridad con Chiapas de Madrid, Pueblos Unidos, Campaña ¿Quién debe a quién?, Radio Vallekas, Red Acoge, Red de Apoyo Ferrocarril Clandestino, REDIMadrid (Red Estatal por los Derechos de los Inmigrantes), Red de Jóvenes Palestinos, SOS Racismo-Madrid, Tejedoras, UJCE (Unión de Juventudes Comunistas de España), Uruguayos por el Mundo (Vigo), USO (Unión Sindical Obrera), Vía Democrática-Madrid…
Hola Todxs! Les comparto una serie de imagenes obtenidas de los diferentes talleres que se han realizado para autoproducir el magazin Sursystem 07, en ellas se muestran los procesos de impresión de las portadas/contraportadas, armado y encuadernación del magazin con sus insumos y el impreso como tal terminado. Los talleres se han realizado en Cali y Bogotá; el primero que se realizó fue el 29 de marzo dentro del evento la Previa Visual, el segundo se organizó junto a Ambidiestro Taller Editorial en un espacio en Bogotá llamado el Parche que funciona como residencia artística y taller el 30 de abril y el tercero se hizo gracias a la invitación de la FLIA-BGT que organizó talleres editoriales el pasado 17 y 18 de mayo. En total se han producido 24 Sursystem 07 con la característica particular de que no hay ninguno igual a otro. En el mes de julio retomaremos de nuevo los talleres en Bogotá, así que para todxs los que estén por la gélida urbe los invito a estar pendientes y asistir! Debo agradecer enormemente a Henry y Juan de Ambidiestro por su tenacidad, a Santiago y el parche del Honorable Cartel por su ayuda con la serigrafía, a la gente de la FLIA por su actitud y organización y a todxs los que hasta ahora han asistido a los talleres y han aportado más elementos a este proceso de aprendizaje colectivo. Que disfruten!
Marcelo Arroyave.
Miembro eterno del colectivo mutante Sursystem
Transmitiendo desde Bogotá, su merce!
-17 y 18 de mayo 2019-
El Centro de Gestión y Educación Ambiental (CEGEA) en conmemoración del Día Internacional del Reciclaje, el pasados 17 y 18 de mayo realizón en el Parque el “Reciclatón” una actividad donde se buscó crear conciencia y ayudar al planeta.
La Plaza de España constituyó el proyecto más emblemático de la Exposición Iberoamericana del año 1929, fue proyectada por el arquitecto sevillano Aníbal González, que también era arquitecto director del evento expositivo, fue ayudado por un buen conjunto de colaboradores, entre los que se encontraban el ingeniero José Luis de Casso y el arquitecto Aurelio Gómez Millán. Las obras de construcción comenzaron en el año 1914, resultando el proyecto más ambicioso y costoso de la Exposición, llegando a trabajar en su construcción mil hombres al mismo tiempo, puede resultar asombroso, cómo una ciudad en situación económica difícil en esos años, se embarcó en un proyecto de semejante magnitud. Algunos aspectos del proyecto suscitaron algunos rechazos, la Academia de Bellas Artes se opuso a la altura prevista de las dos torres que podían rivalizar con la Giralda y Forestier, diseñador del Parque de María Luisa rechazaba la construcción de la ría que rodea la plaza, para una ciudad con gran escasez de agua como Sevilla. En 1926, tras la dimisión de Aníbal González de su cargo de director de la Exposición, asume la finalización del proyecto el arquitecto Vicente Traver, que terminó los cerramientos del recinto y añadió la fuente del centro de la Plaza.
La plaza es de grandes dimensiones (200 metros de diámetro), tiene una forma semielíptica, que simboliza el abrazo de España y sus antiguas colonias y mira hacia el río Guadalquivir como camino a seguir hacia América. Su superficie total es de 50.000 metros cuadrados, de los que 19.000 están edificados y los 31.000 restantes son espacio libre, está bordeada por un canal que recorre 515 metros y es atravesado por cuatro puentes. Los edificios que envuelven la plaza se estructuran en un edificio central, alas con edificaciones intermedias que compensan una excesiva longitud y torres en los extremos. Esta planta responde de forma muy cercana al esquema formal del tipo de villa palladiana con alas curvas, como la Villa Badoer de Fratta Polesine o Villa Trissino en Meledo, mostradas por el arquitecto italiano Andrea Palladio en sus Cuatro libros de la arquitectura, que Aníbal González conocía. La construcción está realizada con ladrillo visto y amplia decoración de cerámica, artesonados, hierro forjado y repujado y mármol labrado, que dan al conjunto un ambiente renacentista, según los escritos de Aníbal González su inspiración para diseñar la plaza había sido el Renacimiento español, modernizándolo. Las dos torres que flanquean la plaza que proporcionan un ambiente de estilo barroco miden 74 metros de altura, y crearon disgusto entre los académicos por rivalizar en altura con la Giralda.
La fuente central, obra de Vicente Traver, ha sido muy cuestionada porque rompe la rotundidad de vacío de la plaza. El canal que contiene es cruzado por 4 puentes que representan los 4 antiguos reinos de España. En las paredes de la plaza se encuentra una serie bancos que delimitan el espacio de las cuarenta y ocho provincias españolas colocadas en orden alfabético, en los que se representan para cada una de las provincias, su escudo, el mapa y algunos hechos históricos destacados de la misma.
Otros detalles a destacar de la obra son sus múltiples relieves realizados todos por el escultor Pedro Navia, pudiéndose contemplar,seis ventanas renacentistas,el escudo de Sevilla adornando la puerta de Navarra y Aragón,las 24 águilas imperiales con el escudo de su majestad Carlos V,los 48 medallones con el busto de españoles ilustres sobre cada arco que comprende cada provincia,los cuatro heraldos de tres metros de altura que flanquean las dos torres que encuadran el palacio situado en el paseo superior del recinto.
En un principio tras finalizar la exposición su destino era formar parte de la Universidad de Sevilla, esa es la razón de las hornacinas existentes en cada una de las provincias. Sin embargo tras haber sido utilizada durante la Exposición, pasó a ser sede del gobierno militar, sirviendo sus estancias como ubicación de la Capitanía General, albergando años después además la delegación del Gobierno central en Andalucía y al mismo tiempo el Museo Militar de Sevilla. Hoy en día alberga a la subdelegación de gobierno.
La plaza de España ha sido utilizada como escenario de algunas películas conocidas, entre ellas:
En la película Lawrence de Arabia, la plaza representaba el cuartel general del Ejército británico en el Cairo.
En la película Star Wars Episodio II: El Ataque de los Clones de la saga de la Guerra de las Galaxias, la plaza representa el planeta Naboo, aunque el escenario de la filmación fue modificado digitalmente.
En los últimos años, la plaza de España ha sufrido un importante proceso de restauración que finalizó el pasado 17 de octubre de 20106 con una serie de actos conmemorativos para su reinauguración. Con estas actuaciones se pretendió recobrar la imagen con la que fue concebida para por su autor, Aníbal González para la Exposición Iberoamericana de 1929, incluyendo la recuperación de veinte farolas de cerámica y de fundición que, imitando a las que entonces formaron parte de la plaza y que luego desaparecieron, jalonan de nuevo sus balaustradas. Así mismo, se recuperó la ría con su llenado e instalaron sobre ella sus tradicionales barcas de alquiler.
Imágenes tomadas en la celebración de la manifestación celebrada el pasado 17 de Octubre de 2009, con motivo de parar la Ley actual de Extranjería.
Seguidamente, adjunto el texto aprobado para la convocatoria de este día:
Madrid 17 de Octubre, 11,30 horas: Atocha-Tirso de Molina. Paremos la reforma de la Ley de extranjería
TENEMOS DERECHO A TENER DERECHOS
Organizaciones sociales, de inmigrantes, de derechos humanos y de solidaridad internacional, sindicatos y organizaciones profesionales, para quienes la defensa de los derechos humanos constituye el eje central de la construcción de cualquier sociedad democrática y para quienes la actual la crisis es fruto de una globalización neoliberal que atenta contra los derechos y condiciones de vida de las personas más vulnerables e impone la adopción de políticas económicas y sociales regresivas y represivas contra el conjunto de la población, pero especialmente contra la población migrante, tal y como fuera denunciado por el III Foro Social Mundial de la Migraciones en su Segunda Declaración de Rivas:
DENUNCIAMOS
Que el 26 de junio de 2009, el Consejo de Ministros aprobó enviar al Congreso y al Senado una nueva reforma de la Ley de Extranjería que lesiona gravemente los derechos y libertades de la población extranjera y autóctona, por los motivos que a continuación se exponen:
El proyecto de reforma de la Ley redactado por el Gobierno no ha sido consensuado con las organizaciones sociales, siendo su resultado una ley muy alejada de la realidad social de la inmigración en el país. La futura ley profundizará en una visión de la inmigración como problema eminentemente policial, contribuyendo, de esta forma, a criminalizar a las personas de origen extranjero y a precarizar aún más la situación del colectivo.
La nueva reforma agrava, por tanto, en medidas de persecución, sanción y castigo contra personas extranjeras y autóctonas, en lugar de establecer una verdadera política estatal de integración social, que implique al conjunto de la sociedad, y que efectivamente se oriente hacia la protección de las libertades y derechos de la población extranjera y autóctona en el Estado español.
Las sanciones contra la población extranjera son desproporcionadas, contemplando privaciones de libertad y expulsiones forzosas por ejercer sus derechos fundamentales y manteniendo el desproporcionado e injusto sistema de sancionar con expulsión la mera estancia irregular o el mero hecho de trabajar sin permiso de trabajo. Faltas administrativas que para un nacional no suponen más que una multa económica, para una persona extranjera pueden llegar a suponer su detención e
internamiento, por un periodo de hasta 60 días (ampliable hasta 74 días), en un Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE.)
Un tipo de centros que ofrecen menos garantías que las cárceles y que han sido denunciados por el Parlamento Europeo y el Defensor del Pueblo por las condiciones de precariedad e indefensión a las que se ven sometidas las personas privadas de libertad en su interior. Además, el aumento del periodo de internamiento de 40 días, como contempla la actual ley, a 60 días, supone la violación del compromiso adquirido por el Gobierno de no aplicar en esta parte la Directiva de Retorno
de la Unión Europea en el Estado español.
Las personas solicitantes de asilo internadas en CIE, sufrirán una penalización de 14 días más de privación de libertad por ejercer su derecho fundamental a pedir refugio en el país, ante la posibilidad de ser expulsadas a su país de origen y tener temores fundados a ser perseguidas por sus opiniones políticas, su religión, su raza, su nacionalidad, su orientación sexual o su género.
Se criminaliza la solidaridad al perseguir un valor tan esencial del ser humano como es la hospitalidad. Con la nueva reforma de la Ley de Extranjería las personas que inviten y acojan en su casa a personas de origen extranjero que, por los motivos que sean, decidan continuar su permanencia en el Estado español más allá de la estancia legal permitida, podrán ser multadas con hasta 10.000 euros. Deliberadamente se culpabiliza a quién no ha cometido ninguna infracción ni delito, con la
finalidad de perseguir a terceras personas que, en muchos casos, se encuentran en situación de vulnerabilidad e indefensión.
Las sanciones contra quién empadrone a una persona extranjera que no resida habitualmente en su vivienda, suponen otra muestra más del acoso al que se verán sometidas las personas hospitalarias y solidarias. La amenaza de sanciones obstaculizará el empadronamiento de la población extranjera y la obtención de la tarjeta sanitaria, vulnerando el derecho a la salud del colectivo y de la sociedad en su conjunto. De esta forma se está obstaculizando el acceso a un derecho básico
reconocido por la propia Constitución Española.
La insistencia en el proyecto de Ley por reconocer derechos a las personas extranjeras residentes legales frente a las personas sin papeles a las que se niega servicios y ayudas sociales, aumentará la precariedad, desprotección y vulnerabilidad de las personas migrantes con menores recursos y oportunidades. Situación que contribuirá a favorecer fenómenos de marginación social, rechazo, xenofobia y racismo contra las personas extranjeras en situación irregular.
Un derecho tan básico para cualquier persona como es el derecho a vivir en familia, reconocido universalmente por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, se ve seriamente amenazado por las nuevas disposiciones del proyecto de reforma de la Ley de Extranjería. Las fuertes restricciones a la reagrupación familiar para aquellas y aquellos ascendientes menores de 65 años y la imposición de al menos 5 años de residencia en para poder reagrupar, supone la ruptura de muchas familias y facilita enormemente que se puedan dar situaciones de desprotección de personas
dependientes que necesitan del cuidado de sus familiares.
Por otro lado, limitar el derecho a la reagrupación de los abuelos y las abuelas significa también impedir que las redes familiares puedan seguir apoyando a las mujeres inmigrantes, para que
éstas puedan participar en el espacio social.
El tratamiento que se da a las y los menores extranjeros no acompañados en el proyecto de reforma de la Ley, es extremadamente preocupante. Se prima la condición de extranjero sobre la de menor, haciendo oídos sordos de la Convención de Derechos del Niño de la ONU y favoreciendo violaciones flagrantes de los derechos del menor.
El principal interés que se trasluce no es el “interés superior del menor” sino la obsesión por expulsar del país a cuantas más personas extranjeras mejor, cuando ningún menor debe ser considerado irregular y por tanto ser expulsado ni expuesto a una situación de vulnerabilidad.
El derecho a la justicia gratuita que asiste a toda persona, independientemente de su origen, se verá perjudicado. La obligación de aumentar las pruebas documentales que acrediten la falta de recursos económicos para la designación de un abogado de oficio, limitará el acceso a la defensa jurídica de las personas rechazadas en aeropuertos o con orden de expulsión.
En muchos casos no se podrá reunir la documentación necesaria antes de vencer el plazo de devolución y de expulsión, con lo cual quedará vulnerado el derecho a la defensa reconocido por la Constitución.
El Proyecto trata de dificultar al máximo el acceso a los recursos judiciales ante la jurisdicción contencioso-administrativa, frente a las resoluciones gubernativas que pongan fin a la vía administrativa en materia de denegaciones de entrada, devolución o expulsión, al exigir que la persona inmigrante declare formalmente su intención de recurrir.
No se establecen verdaderas garantías para las mujeres indocumentadas víctimas de violencia de género, ya que se obliga a la iniciación de un expediente sancionador a aquellas mujeres en situación irregular que denuncien estos hechos ante la policía, desincentivando estas mismas denuncias. Así mismo, se supedita la autorización de residencia y trabajo a que los procedimientos penales resulten favorables, dejándolas en situación de desamparo cuando el procedimiento penal se archive
por sobreseimiento provisional.
El proyecto articula un esquema de nacionalismo económico propio de la “preferencia del español ” y consagra y refuerza la visión utilitarista de la inmigración, al seguir conectándola con las necesidades de la situación nacional de empleo.
Se olvida que una condición básica de la integración social es la integración política y el acceso a la ciudadanía, de acuerdo al principio constitucional de igualdad. Sin desconocer la literalidad del art. 13 de la Constitución, el Proyecto no establece avances reales para la participación política de las personas inmigrantes.
El Derecho a la educación no obligatoria de mayores de 18 años se restringe a las personas extranjeras “residentes”, quebrando así un derecho fundamental que tiene especial proyección y alcance también en materia de integración social.
El Proyecto establece medidas de control policial de las entradas y salidas de las personas extranjeras no comunitarias, con grave afectación al derecho a la intimidad, ya que el registro policial de entradas y salidas se vendría a configurar como un sistema ordinario de control policial.
Se olvida de flexibilizar los casos y supuestos para obtener la autorización de residencia temporal, dejando en un inadmisible limbo jurídico a miles de personas, y sin poner remedio a la práctica de no conceder el permiso de autorización y residencia por arraigo social a las personas extranjeras que tengan una orden de expulsión.
El Proyecto tampoco establece las bases para una regularización de las trabajadoras y trabajadores sin papeles que de modo notorio existen en el Estado español y que se ven cerradas las puertas para el acceso a una estancia autorizada.
Por todo lo denunciado:
MANIFESTAMOS nuestro más enérgico rechazo contra una reforma de la Ley de Extranjería que supone una grave regresión en los derechos reconocidos a la población de origen extranjero, profundizando en el carácter represivo de las políticas de inmigración.
LAMENTAMOS que no se adopte una política respetuosa de los Derechos Humanos y más acorde con la realidad de la inmigración, atendiendo a una visión global de la misma en cuanto a las causas de las migraciones y en cuanto a las responsabilidades que tiene la sociedad de llegada para favorecer la convivencia.
CONDENAMOS la utilización de la crisis económica como justificación para aprobar una “ley populista” que no va a resolver los graves problemas económicos y de desempleo del país y que sólo conseguirá desviar la atención sobre las causas reales y los verdaderos responsables de la crisis, convirtiendo a las personas migrantes en el nuevo chivo expiatorio.
EXIGIMOS la retirada del actual proyecto de reforma de la Ley de Extranjería e instamos al Gobierno y a las Cortes españolas a que adopten las disposiciones para establecer una política que restituya los derechos humanos y la dignidad de las personas migrantes que residen en el Estado español.
ORGANIZACIONES Y COLECTIVOS FIRMANTES:
Acción en Red, Acción Social Protestante, Acera de Enfrente, ACIAB (Asociación Cultural Iberoamericana Andrés Bello), ACSUR-Las Segovias (Asociación para la Cooperación con el Sur), ADRA España, Afro Aid España, AMDH-Madrid (Asociación Marroquí de los Derechos Humanos), ATTAC, ATTAC Catalunya, APDHA (Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía), APDHE (Asociación Pro-Derechos Humanos de España), Asoc. Amigos del Uruguay, Asoc. Alqantara para la Cooperación y el Codesarrollo, Asoc. Chispa de Madrid, Asoc. de la Comunidad Hispano-Palestina “Jerusalén”, Asoc. NEXOS, Asoc. Nuevo Humanismo de Móstoles, Asoc. Tentempié, AA.VV. de Carabanchel Alto, AA.VV. de Quintana, Casa Argentina de Madrid, Casapueblos, CEAR-Madrid (Comisión Española de Ayuda al Refugiado), CEDEHU (Centro de Defensa y Estudio de Derechos Humanos), Centro Uruguayo de Madrid, CJE (Consejo de la Juventud de España), Comité Oscar Romero de Madrid, CONADEE (Coordinadora Nacional de Ecuatorianos en España), Confederación Intersindical, Coordinadora de Barrios, Creamos en Acción, Cristianos de Base de Madrid, Ecologistas en Acción, Economistas Sin Fronteras, ENAR-España (European Network Against Racism), En Lucha, Escuela Popular de Adultos del Barrio del Pilar, FAPRE (Federación de Asociaciones de Paraguayos Residentes en España), FEDACHES (Federación de Asociaciones de Chilenos en España), Federación de Asociaciones de
Defensa y Promoción de los Derechos Humanos – España, FERINE (Federación de Asociaciones de
Refugiados e Inmigrantes de España), Foro Social de Madrid, FSMM (Foro Social Mundial de las Migraciones), FRAVM (Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid), Fundación IEPALA, Grupo Inmigración y Sistema Penal, Intersindical Valenciana, Izquierda Anticapitalista, Izquierda Unida-Comunidad de Madrid, Jóvenes de IU-CM, Médicos del Mundo, Movimiento contra la Intolerancia, OSPAAAL (Organización de Solidaridad para Asia, África y América Latina), Parroquia San Carlos Borromeo, Partido Comunista de Madrid, Plataforma “Salvemos la Hospitalidad”, Plataforma de Solidaridad con Chiapas de Madrid, Pueblos Unidos, Campaña ¿Quién debe a quién?, Radio Vallekas, Red Acoge, Red de Apoyo Ferrocarril Clandestino, REDIMadrid (Red Estatal por los Derechos de los Inmigrantes), Red de Jóvenes Palestinos, SOS Racismo-Madrid, Tejedoras, UJCE (Unión de Juventudes Comunistas de España), Uruguayos por el Mundo (Vigo), USO (Unión Sindical Obrera), Vía Democrática-Madrid…
El pasado 17 de mayo se presentó el libro “Grano de sal y otros Cristales” de Adolfo Castañón, en el restaurante Don Artemio.
Uno de los dos nuevos midibuses de Autocares Valenzuela de Arcos de la Frontera (Cádiz). King Long U9.
Vemos a esta unidad estacionada en Rota (Cádiz), el pasado 17 de Octubre de 2023.
F. Matriculación: 05/09/2023
VIN: LA6A1DAK9PB101972
El pasado 17 de marzo nos dimos una vuelta por Sevilla (preciosa ciudad, por cierto). Después de un día agotador (hacer muchas fotos también cansa), decidimos rematar la jornada dando un paseo por el Barrio de Santa Cruz. Es una delicia pasear por sus estrechas callejuelas, sus múltiples tiendas de souvenirs, sus bares, sus restaurantes...
Ya entrada la noche, estábamos sedientos después de patearnos todo el casco antiguo de la ciudad... nos merecíamos una cerveza... de 1/2 litro... para cada uno, con el fin de aplacar la sed y la verdad es que parecía más pequeña de su contenido real.
Sentados en la puerta de este bar, estábamos saboreando la cerveza fresquita y una tapa de olivas andaluzas, cuando llegó este personaje. Nos sorprendió verlo vestido de costalero porque aún faltaban tres semanas para Semana Santa. Al poco de estar allí hizo una llamada por teléfono y le oímos decir: "... ¿ya está el trono ahÍ? Voy ahora mismo".
Al poco tiempo vemos aparecer la estructura de un trono de la Semana Santa sevillana con todos sus portapasos bajo el mismo y con varios niños encima, suponemos que para imitar el peso de las imágenes que debería portar.
Estaban ensayando su paso por las estrechas calles del Barrio de Santa Cruz y lo hacían con gran destreza. aunque a veces parecía que se iban a quedar encajados en cualquier esquina, solventaban su paso con gran habilidad.
Imágenes tomadas en la celebración de la manifestación celebrada el pasado 17 de Octubre de 2009, con motivo de parar la Ley actual de Extranjería.
Seguidamente, adjunto el texto aprobado para la convocatoria de este día:
Madrid 17 de Octubre, 11,30 horas: Atocha-Tirso de Molina. Paremos la reforma de la Ley de extranjería
TENEMOS DERECHO A TENER DERECHOS
Organizaciones sociales, de inmigrantes, de derechos humanos y de solidaridad internacional, sindicatos y organizaciones profesionales, para quienes la defensa de los derechos humanos constituye el eje central de la construcción de cualquier sociedad democrática y para quienes la actual la crisis es fruto de una globalización neoliberal que atenta contra los derechos y condiciones de vida de las personas más vulnerables e impone la adopción de políticas económicas y sociales regresivas y represivas contra el conjunto de la población, pero especialmente contra la población migrante, tal y como fuera denunciado por el III Foro Social Mundial de la Migraciones en su Segunda Declaración de Rivas:
DENUNCIAMOS
Que el 26 de junio de 2009, el Consejo de Ministros aprobó enviar al Congreso y al Senado una nueva reforma de la Ley de Extranjería que lesiona gravemente los derechos y libertades de la población extranjera y autóctona, por los motivos que a continuación se exponen:
El proyecto de reforma de la Ley redactado por el Gobierno no ha sido consensuado con las organizaciones sociales, siendo su resultado una ley muy alejada de la realidad social de la inmigración en el país. La futura ley profundizará en una visión de la inmigración como problema eminentemente policial, contribuyendo, de esta forma, a criminalizar a las personas de origen extranjero y a precarizar aún más la situación del colectivo.
La nueva reforma agrava, por tanto, en medidas de persecución, sanción y castigo contra personas extranjeras y autóctonas, en lugar de establecer una verdadera política estatal de integración social, que implique al conjunto de la sociedad, y que efectivamente se oriente hacia la protección de las libertades y derechos de la población extranjera y autóctona en el Estado español.
Las sanciones contra la población extranjera son desproporcionadas, contemplando privaciones de libertad y expulsiones forzosas por ejercer sus derechos fundamentales y manteniendo el desproporcionado e injusto sistema de sancionar con expulsión la mera estancia irregular o el mero hecho de trabajar sin permiso de trabajo. Faltas administrativas que para un nacional no suponen más que una multa económica, para una persona extranjera pueden llegar a suponer su detención e
internamiento, por un periodo de hasta 60 días (ampliable hasta 74 días), en un Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE.)
Un tipo de centros que ofrecen menos garantías que las cárceles y que han sido denunciados por el Parlamento Europeo y el Defensor del Pueblo por las condiciones de precariedad e indefensión a las que se ven sometidas las personas privadas de libertad en su interior. Además, el aumento del periodo de internamiento de 40 días, como contempla la actual ley, a 60 días, supone la violación del compromiso adquirido por el Gobierno de no aplicar en esta parte la Directiva de Retorno
de la Unión Europea en el Estado español.
Las personas solicitantes de asilo internadas en CIE, sufrirán una penalización de 14 días más de privación de libertad por ejercer su derecho fundamental a pedir refugio en el país, ante la posibilidad de ser expulsadas a su país de origen y tener temores fundados a ser perseguidas por sus opiniones políticas, su religión, su raza, su nacionalidad, su orientación sexual o su género.
Se criminaliza la solidaridad al perseguir un valor tan esencial del ser humano como es la hospitalidad. Con la nueva reforma de la Ley de Extranjería las personas que inviten y acojan en su casa a personas de origen extranjero que, por los motivos que sean, decidan continuar su permanencia en el Estado español más allá de la estancia legal permitida, podrán ser multadas con hasta 10.000 euros. Deliberadamente se culpabiliza a quién no ha cometido ninguna infracción ni delito, con la
finalidad de perseguir a terceras personas que, en muchos casos, se encuentran en situación de vulnerabilidad e indefensión.
Las sanciones contra quién empadrone a una persona extranjera que no resida habitualmente en su vivienda, suponen otra muestra más del acoso al que se verán sometidas las personas hospitalarias y solidarias. La amenaza de sanciones obstaculizará el empadronamiento de la población extranjera y la obtención de la tarjeta sanitaria, vulnerando el derecho a la salud del colectivo y de la sociedad en su conjunto. De esta forma se está obstaculizando el acceso a un derecho básico
reconocido por la propia Constitución Española.
La insistencia en el proyecto de Ley por reconocer derechos a las personas extranjeras residentes legales frente a las personas sin papeles a las que se niega servicios y ayudas sociales, aumentará la precariedad, desprotección y vulnerabilidad de las personas migrantes con menores recursos y oportunidades. Situación que contribuirá a favorecer fenómenos de marginación social, rechazo, xenofobia y racismo contra las personas extranjeras en situación irregular.
Un derecho tan básico para cualquier persona como es el derecho a vivir en familia, reconocido universalmente por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, se ve seriamente amenazado por las nuevas disposiciones del proyecto de reforma de la Ley de Extranjería. Las fuertes restricciones a la reagrupación familiar para aquellas y aquellos ascendientes menores de 65 años y la imposición de al menos 5 años de residencia en para poder reagrupar, supone la ruptura de muchas familias y facilita enormemente que se puedan dar situaciones de desprotección de personas
dependientes que necesitan del cuidado de sus familiares.
Por otro lado, limitar el derecho a la reagrupación de los abuelos y las abuelas significa también impedir que las redes familiares puedan seguir apoyando a las mujeres inmigrantes, para que
éstas puedan participar en el espacio social.
El tratamiento que se da a las y los menores extranjeros no acompañados en el proyecto de reforma de la Ley, es extremadamente preocupante. Se prima la condición de extranjero sobre la de menor, haciendo oídos sordos de la Convención de Derechos del Niño de la ONU y favoreciendo violaciones flagrantes de los derechos del menor.
El principal interés que se trasluce no es el “interés superior del menor” sino la obsesión por expulsar del país a cuantas más personas extranjeras mejor, cuando ningún menor debe ser considerado irregular y por tanto ser expulsado ni expuesto a una situación de vulnerabilidad.
El derecho a la justicia gratuita que asiste a toda persona, independientemente de su origen, se verá perjudicado. La obligación de aumentar las pruebas documentales que acrediten la falta de recursos económicos para la designación de un abogado de oficio, limitará el acceso a la defensa jurídica de las personas rechazadas en aeropuertos o con orden de expulsión.
En muchos casos no se podrá reunir la documentación necesaria antes de vencer el plazo de devolución y de expulsión, con lo cual quedará vulnerado el derecho a la defensa reconocido por la Constitución.
El Proyecto trata de dificultar al máximo el acceso a los recursos judiciales ante la jurisdicción contencioso-administrativa, frente a las resoluciones gubernativas que pongan fin a la vía administrativa en materia de denegaciones de entrada, devolución o expulsión, al exigir que la persona inmigrante declare formalmente su intención de recurrir.
No se establecen verdaderas garantías para las mujeres indocumentadas víctimas de violencia de género, ya que se obliga a la iniciación de un expediente sancionador a aquellas mujeres en situación irregular que denuncien estos hechos ante la policía, desincentivando estas mismas denuncias. Así mismo, se supedita la autorización de residencia y trabajo a que los procedimientos penales resulten favorables, dejándolas en situación de desamparo cuando el procedimiento penal se archive
por sobreseimiento provisional.
El proyecto articula un esquema de nacionalismo económico propio de la “preferencia del español ” y consagra y refuerza la visión utilitarista de la inmigración, al seguir conectándola con las necesidades de la situación nacional de empleo.
Se olvida que una condición básica de la integración social es la integración política y el acceso a la ciudadanía, de acuerdo al principio constitucional de igualdad. Sin desconocer la literalidad del art. 13 de la Constitución, el Proyecto no establece avances reales para la participación política de las personas inmigrantes.
El Derecho a la educación no obligatoria de mayores de 18 años se restringe a las personas extranjeras “residentes”, quebrando así un derecho fundamental que tiene especial proyección y alcance también en materia de integración social.
El Proyecto establece medidas de control policial de las entradas y salidas de las personas extranjeras no comunitarias, con grave afectación al derecho a la intimidad, ya que el registro policial de entradas y salidas se vendría a configurar como un sistema ordinario de control policial.
Se olvida de flexibilizar los casos y supuestos para obtener la autorización de residencia temporal, dejando en un inadmisible limbo jurídico a miles de personas, y sin poner remedio a la práctica de no conceder el permiso de autorización y residencia por arraigo social a las personas extranjeras que tengan una orden de expulsión.
El Proyecto tampoco establece las bases para una regularización de las trabajadoras y trabajadores sin papeles que de modo notorio existen en el Estado español y que se ven cerradas las puertas para el acceso a una estancia autorizada.
Por todo lo denunciado:
MANIFESTAMOS nuestro más enérgico rechazo contra una reforma de la Ley de Extranjería que supone una grave regresión en los derechos reconocidos a la población de origen extranjero, profundizando en el carácter represivo de las políticas de inmigración.
LAMENTAMOS que no se adopte una política respetuosa de los Derechos Humanos y más acorde con la realidad de la inmigración, atendiendo a una visión global de la misma en cuanto a las causas de las migraciones y en cuanto a las responsabilidades que tiene la sociedad de llegada para favorecer la convivencia.
CONDENAMOS la utilización de la crisis económica como justificación para aprobar una “ley populista” que no va a resolver los graves problemas económicos y de desempleo del país y que sólo conseguirá desviar la atención sobre las causas reales y los verdaderos responsables de la crisis, convirtiendo a las personas migrantes en el nuevo chivo expiatorio.
EXIGIMOS la retirada del actual proyecto de reforma de la Ley de Extranjería e instamos al Gobierno y a las Cortes españolas a que adopten las disposiciones para establecer una política que restituya los derechos humanos y la dignidad de las personas migrantes que residen en el Estado español.
ORGANIZACIONES Y COLECTIVOS FIRMANTES:
Acción en Red, Acción Social Protestante, Acera de Enfrente, ACIAB (Asociación Cultural Iberoamericana Andrés Bello), ACSUR-Las Segovias (Asociación para la Cooperación con el Sur), ADRA España, Afro Aid España, AMDH-Madrid (Asociación Marroquí de los Derechos Humanos), ATTAC, ATTAC Catalunya, APDHA (Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía), APDHE (Asociación Pro-Derechos Humanos de España), Asoc. Amigos del Uruguay, Asoc. Alqantara para la Cooperación y el Codesarrollo, Asoc. Chispa de Madrid, Asoc. de la Comunidad Hispano-Palestina “Jerusalén”, Asoc. NEXOS, Asoc. Nuevo Humanismo de Móstoles, Asoc. Tentempié, AA.VV. de Carabanchel Alto, AA.VV. de Quintana, Casa Argentina de Madrid, Casapueblos, CEAR-Madrid (Comisión Española de Ayuda al Refugiado), CEDEHU (Centro de Defensa y Estudio de Derechos Humanos), Centro Uruguayo de Madrid, CJE (Consejo de la Juventud de España), Comité Oscar Romero de Madrid, CONADEE (Coordinadora Nacional de Ecuatorianos en España), Confederación Intersindical, Coordinadora de Barrios, Creamos en Acción, Cristianos de Base de Madrid, Ecologistas en Acción, Economistas Sin Fronteras, ENAR-España (European Network Against Racism), En Lucha, Escuela Popular de Adultos del Barrio del Pilar, FAPRE (Federación de Asociaciones de Paraguayos Residentes en España), FEDACHES (Federación de Asociaciones de Chilenos en España), Federación de Asociaciones de
Defensa y Promoción de los Derechos Humanos – España, FERINE (Federación de Asociaciones de
Refugiados e Inmigrantes de España), Foro Social de Madrid, FSMM (Foro Social Mundial de las Migraciones), FRAVM (Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid), Fundación IEPALA, Grupo Inmigración y Sistema Penal, Intersindical Valenciana, Izquierda Anticapitalista, Izquierda Unida-Comunidad de Madrid, Jóvenes de IU-CM, Médicos del Mundo, Movimiento contra la Intolerancia, OSPAAAL (Organización de Solidaridad para Asia, África y América Latina), Parroquia San Carlos Borromeo, Partido Comunista de Madrid, Plataforma “Salvemos la Hospitalidad”, Plataforma de Solidaridad con Chiapas de Madrid, Pueblos Unidos, Campaña ¿Quién debe a quién?, Radio Vallekas, Red Acoge, Red de Apoyo Ferrocarril Clandestino, REDIMadrid (Red Estatal por los Derechos de los Inmigrantes), Red de Jóvenes Palestinos, SOS Racismo-Madrid, Tejedoras, UJCE (Unión de Juventudes Comunistas de España), Uruguayos por el Mundo (Vigo), USO (Unión Sindical Obrera), Vía Democrática-Madrid…
Imágenes tomadas en la celebración de la manifestación celebrada el pasado 17 de Octubre de 2009, con motivo de parar la Ley actual de Extranjería.
Seguidamente, adjunto el texto aprobado para la convocatoria de este día:
Madrid 17 de Octubre, 11,30 horas: Atocha-Tirso de Molina. Paremos la reforma de la Ley de extranjería
TENEMOS DERECHO A TENER DERECHOS
Organizaciones sociales, de inmigrantes, de derechos humanos y de solidaridad internacional, sindicatos y organizaciones profesionales, para quienes la defensa de los derechos humanos constituye el eje central de la construcción de cualquier sociedad democrática y para quienes la actual la crisis es fruto de una globalización neoliberal que atenta contra los derechos y condiciones de vida de las personas más vulnerables e impone la adopción de políticas económicas y sociales regresivas y represivas contra el conjunto de la población, pero especialmente contra la población migrante, tal y como fuera denunciado por el III Foro Social Mundial de la Migraciones en su Segunda Declaración de Rivas:
DENUNCIAMOS
Que el 26 de junio de 2009, el Consejo de Ministros aprobó enviar al Congreso y al Senado una nueva reforma de la Ley de Extranjería que lesiona gravemente los derechos y libertades de la población extranjera y autóctona, por los motivos que a continuación se exponen:
El proyecto de reforma de la Ley redactado por el Gobierno no ha sido consensuado con las organizaciones sociales, siendo su resultado una ley muy alejada de la realidad social de la inmigración en el país. La futura ley profundizará en una visión de la inmigración como problema eminentemente policial, contribuyendo, de esta forma, a criminalizar a las personas de origen extranjero y a precarizar aún más la situación del colectivo.
La nueva reforma agrava, por tanto, en medidas de persecución, sanción y castigo contra personas extranjeras y autóctonas, en lugar de establecer una verdadera política estatal de integración social, que implique al conjunto de la sociedad, y que efectivamente se oriente hacia la protección de las libertades y derechos de la población extranjera y autóctona en el Estado español.
Las sanciones contra la población extranjera son desproporcionadas, contemplando privaciones de libertad y expulsiones forzosas por ejercer sus derechos fundamentales y manteniendo el desproporcionado e injusto sistema de sancionar con expulsión la mera estancia irregular o el mero hecho de trabajar sin permiso de trabajo. Faltas administrativas que para un nacional no suponen más que una multa económica, para una persona extranjera pueden llegar a suponer su detención e
internamiento, por un periodo de hasta 60 días (ampliable hasta 74 días), en un Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE.)
Un tipo de centros que ofrecen menos garantías que las cárceles y que han sido denunciados por el Parlamento Europeo y el Defensor del Pueblo por las condiciones de precariedad e indefensión a las que se ven sometidas las personas privadas de libertad en su interior. Además, el aumento del periodo de internamiento de 40 días, como contempla la actual ley, a 60 días, supone la violación del compromiso adquirido por el Gobierno de no aplicar en esta parte la Directiva de Retorno
de la Unión Europea en el Estado español.
Las personas solicitantes de asilo internadas en CIE, sufrirán una penalización de 14 días más de privación de libertad por ejercer su derecho fundamental a pedir refugio en el país, ante la posibilidad de ser expulsadas a su país de origen y tener temores fundados a ser perseguidas por sus opiniones políticas, su religión, su raza, su nacionalidad, su orientación sexual o su género.
Se criminaliza la solidaridad al perseguir un valor tan esencial del ser humano como es la hospitalidad. Con la nueva reforma de la Ley de Extranjería las personas que inviten y acojan en su casa a personas de origen extranjero que, por los motivos que sean, decidan continuar su permanencia en el Estado español más allá de la estancia legal permitida, podrán ser multadas con hasta 10.000 euros. Deliberadamente se culpabiliza a quién no ha cometido ninguna infracción ni delito, con la
finalidad de perseguir a terceras personas que, en muchos casos, se encuentran en situación de vulnerabilidad e indefensión.
Las sanciones contra quién empadrone a una persona extranjera que no resida habitualmente en su vivienda, suponen otra muestra más del acoso al que se verán sometidas las personas hospitalarias y solidarias. La amenaza de sanciones obstaculizará el empadronamiento de la población extranjera y la obtención de la tarjeta sanitaria, vulnerando el derecho a la salud del colectivo y de la sociedad en su conjunto. De esta forma se está obstaculizando el acceso a un derecho básico
reconocido por la propia Constitución Española.
La insistencia en el proyecto de Ley por reconocer derechos a las personas extranjeras residentes legales frente a las personas sin papeles a las que se niega servicios y ayudas sociales, aumentará la precariedad, desprotección y vulnerabilidad de las personas migrantes con menores recursos y oportunidades. Situación que contribuirá a favorecer fenómenos de marginación social, rechazo, xenofobia y racismo contra las personas extranjeras en situación irregular.
Un derecho tan básico para cualquier persona como es el derecho a vivir en familia, reconocido universalmente por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, se ve seriamente amenazado por las nuevas disposiciones del proyecto de reforma de la Ley de Extranjería. Las fuertes restricciones a la reagrupación familiar para aquellas y aquellos ascendientes menores de 65 años y la imposición de al menos 5 años de residencia en para poder reagrupar, supone la ruptura de muchas familias y facilita enormemente que se puedan dar situaciones de desprotección de personas
dependientes que necesitan del cuidado de sus familiares.
Por otro lado, limitar el derecho a la reagrupación de los abuelos y las abuelas significa también impedir que las redes familiares puedan seguir apoyando a las mujeres inmigrantes, para que
éstas puedan participar en el espacio social.
El tratamiento que se da a las y los menores extranjeros no acompañados en el proyecto de reforma de la Ley, es extremadamente preocupante. Se prima la condición de extranjero sobre la de menor, haciendo oídos sordos de la Convención de Derechos del Niño de la ONU y favoreciendo violaciones flagrantes de los derechos del menor.
El principal interés que se trasluce no es el “interés superior del menor” sino la obsesión por expulsar del país a cuantas más personas extranjeras mejor, cuando ningún menor debe ser considerado irregular y por tanto ser expulsado ni expuesto a una situación de vulnerabilidad.
El derecho a la justicia gratuita que asiste a toda persona, independientemente de su origen, se verá perjudicado. La obligación de aumentar las pruebas documentales que acrediten la falta de recursos económicos para la designación de un abogado de oficio, limitará el acceso a la defensa jurídica de las personas rechazadas en aeropuertos o con orden de expulsión.
En muchos casos no se podrá reunir la documentación necesaria antes de vencer el plazo de devolución y de expulsión, con lo cual quedará vulnerado el derecho a la defensa reconocido por la Constitución.
El Proyecto trata de dificultar al máximo el acceso a los recursos judiciales ante la jurisdicción contencioso-administrativa, frente a las resoluciones gubernativas que pongan fin a la vía administrativa en materia de denegaciones de entrada, devolución o expulsión, al exigir que la persona inmigrante declare formalmente su intención de recurrir.
No se establecen verdaderas garantías para las mujeres indocumentadas víctimas de violencia de género, ya que se obliga a la iniciación de un expediente sancionador a aquellas mujeres en situación irregular que denuncien estos hechos ante la policía, desincentivando estas mismas denuncias. Así mismo, se supedita la autorización de residencia y trabajo a que los procedimientos penales resulten favorables, dejándolas en situación de desamparo cuando el procedimiento penal se archive
por sobreseimiento provisional.
El proyecto articula un esquema de nacionalismo económico propio de la “preferencia del español ” y consagra y refuerza la visión utilitarista de la inmigración, al seguir conectándola con las necesidades de la situación nacional de empleo.
Se olvida que una condición básica de la integración social es la integración política y el acceso a la ciudadanía, de acuerdo al principio constitucional de igualdad. Sin desconocer la literalidad del art. 13 de la Constitución, el Proyecto no establece avances reales para la participación política de las personas inmigrantes.
El Derecho a la educación no obligatoria de mayores de 18 años se restringe a las personas extranjeras “residentes”, quebrando así un derecho fundamental que tiene especial proyección y alcance también en materia de integración social.
El Proyecto establece medidas de control policial de las entradas y salidas de las personas extranjeras no comunitarias, con grave afectación al derecho a la intimidad, ya que el registro policial de entradas y salidas se vendría a configurar como un sistema ordinario de control policial.
Se olvida de flexibilizar los casos y supuestos para obtener la autorización de residencia temporal, dejando en un inadmisible limbo jurídico a miles de personas, y sin poner remedio a la práctica de no conceder el permiso de autorización y residencia por arraigo social a las personas extranjeras que tengan una orden de expulsión.
El Proyecto tampoco establece las bases para una regularización de las trabajadoras y trabajadores sin papeles que de modo notorio existen en el Estado español y que se ven cerradas las puertas para el acceso a una estancia autorizada.
Por todo lo denunciado:
MANIFESTAMOS nuestro más enérgico rechazo contra una reforma de la Ley de Extranjería que supone una grave regresión en los derechos reconocidos a la población de origen extranjero, profundizando en el carácter represivo de las políticas de inmigración.
LAMENTAMOS que no se adopte una política respetuosa de los Derechos Humanos y más acorde con la realidad de la inmigración, atendiendo a una visión global de la misma en cuanto a las causas de las migraciones y en cuanto a las responsabilidades que tiene la sociedad de llegada para favorecer la convivencia.
CONDENAMOS la utilización de la crisis económica como justificación para aprobar una “ley populista” que no va a resolver los graves problemas económicos y de desempleo del país y que sólo conseguirá desviar la atención sobre las causas reales y los verdaderos responsables de la crisis, convirtiendo a las personas migrantes en el nuevo chivo expiatorio.
EXIGIMOS la retirada del actual proyecto de reforma de la Ley de Extranjería e instamos al Gobierno y a las Cortes españolas a que adopten las disposiciones para establecer una política que restituya los derechos humanos y la dignidad de las personas migrantes que residen en el Estado español.
ORGANIZACIONES Y COLECTIVOS FIRMANTES:
Acción en Red, Acción Social Protestante, Acera de Enfrente, ACIAB (Asociación Cultural Iberoamericana Andrés Bello), ACSUR-Las Segovias (Asociación para la Cooperación con el Sur), ADRA España, Afro Aid España, AMDH-Madrid (Asociación Marroquí de los Derechos Humanos), ATTAC, ATTAC Catalunya, APDHA (Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía), APDHE (Asociación Pro-Derechos Humanos de España), Asoc. Amigos del Uruguay, Asoc. Alqantara para la Cooperación y el Codesarrollo, Asoc. Chispa de Madrid, Asoc. de la Comunidad Hispano-Palestina “Jerusalén”, Asoc. NEXOS, Asoc. Nuevo Humanismo de Móstoles, Asoc. Tentempié, AA.VV. de Carabanchel Alto, AA.VV. de Quintana, Casa Argentina de Madrid, Casapueblos, CEAR-Madrid (Comisión Española de Ayuda al Refugiado), CEDEHU (Centro de Defensa y Estudio de Derechos Humanos), Centro Uruguayo de Madrid, CJE (Consejo de la Juventud de España), Comité Oscar Romero de Madrid, CONADEE (Coordinadora Nacional de Ecuatorianos en España), Confederación Intersindical, Coordinadora de Barrios, Creamos en Acción, Cristianos de Base de Madrid, Ecologistas en Acción, Economistas Sin Fronteras, ENAR-España (European Network Against Racism), En Lucha, Escuela Popular de Adultos del Barrio del Pilar, FAPRE (Federación de Asociaciones de Paraguayos Residentes en España), FEDACHES (Federación de Asociaciones de Chilenos en España), Federación de Asociaciones de
Defensa y Promoción de los Derechos Humanos – España, FERINE (Federación de Asociaciones de
Refugiados e Inmigrantes de España), Foro Social de Madrid, FSMM (Foro Social Mundial de las Migraciones), FRAVM (Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid), Fundación IEPALA, Grupo Inmigración y Sistema Penal, Intersindical Valenciana, Izquierda Anticapitalista, Izquierda Unida-Comunidad de Madrid, Jóvenes de IU-CM, Médicos del Mundo, Movimiento contra la Intolerancia, OSPAAAL (Organización de Solidaridad para Asia, África y América Latina), Parroquia San Carlos Borromeo, Partido Comunista de Madrid, Plataforma “Salvemos la Hospitalidad”, Plataforma de Solidaridad con Chiapas de Madrid, Pueblos Unidos, Campaña ¿Quién debe a quién?, Radio Vallekas, Red Acoge, Red de Apoyo Ferrocarril Clandestino, REDIMadrid (Red Estatal por los Derechos de los Inmigrantes), Red de Jóvenes Palestinos, SOS Racismo-Madrid, Tejedoras, UJCE (Unión de Juventudes Comunistas de España), Uruguayos por el Mundo (Vigo), USO (Unión Sindical Obrera), Vía Democrática-Madrid…
Imágenes tomadas en la celebración de la manifestación celebrada el pasado 17 de Octubre de 2009, con motivo de parar la Ley actual de Extranjería.
Seguidamente, adjunto el texto aprobado para la convocatoria de este día:
Madrid 17 de Octubre, 11,30 horas: Atocha-Tirso de Molina. Paremos la reforma de la Ley de extranjería
TENEMOS DERECHO A TENER DERECHOS
Organizaciones sociales, de inmigrantes, de derechos humanos y de solidaridad internacional, sindicatos y organizaciones profesionales, para quienes la defensa de los derechos humanos constituye el eje central de la construcción de cualquier sociedad democrática y para quienes la actual la crisis es fruto de una globalización neoliberal que atenta contra los derechos y condiciones de vida de las personas más vulnerables e impone la adopción de políticas económicas y sociales regresivas y represivas contra el conjunto de la población, pero especialmente contra la población migrante, tal y como fuera denunciado por el III Foro Social Mundial de la Migraciones en su Segunda Declaración de Rivas:
DENUNCIAMOS
Que el 26 de junio de 2009, el Consejo de Ministros aprobó enviar al Congreso y al Senado una nueva reforma de la Ley de Extranjería que lesiona gravemente los derechos y libertades de la población extranjera y autóctona, por los motivos que a continuación se exponen:
El proyecto de reforma de la Ley redactado por el Gobierno no ha sido consensuado con las organizaciones sociales, siendo su resultado una ley muy alejada de la realidad social de la inmigración en el país. La futura ley profundizará en una visión de la inmigración como problema eminentemente policial, contribuyendo, de esta forma, a criminalizar a las personas de origen extranjero y a precarizar aún más la situación del colectivo.
La nueva reforma agrava, por tanto, en medidas de persecución, sanción y castigo contra personas extranjeras y autóctonas, en lugar de establecer una verdadera política estatal de integración social, que implique al conjunto de la sociedad, y que efectivamente se oriente hacia la protección de las libertades y derechos de la población extranjera y autóctona en el Estado español.
Las sanciones contra la población extranjera son desproporcionadas, contemplando privaciones de libertad y expulsiones forzosas por ejercer sus derechos fundamentales y manteniendo el desproporcionado e injusto sistema de sancionar con expulsión la mera estancia irregular o el mero hecho de trabajar sin permiso de trabajo. Faltas administrativas que para un nacional no suponen más que una multa económica, para una persona extranjera pueden llegar a suponer su detención e
internamiento, por un periodo de hasta 60 días (ampliable hasta 74 días), en un Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE.)
Un tipo de centros que ofrecen menos garantías que las cárceles y que han sido denunciados por el Parlamento Europeo y el Defensor del Pueblo por las condiciones de precariedad e indefensión a las que se ven sometidas las personas privadas de libertad en su interior. Además, el aumento del periodo de internamiento de 40 días, como contempla la actual ley, a 60 días, supone la violación del compromiso adquirido por el Gobierno de no aplicar en esta parte la Directiva de Retorno
de la Unión Europea en el Estado español.
Las personas solicitantes de asilo internadas en CIE, sufrirán una penalización de 14 días más de privación de libertad por ejercer su derecho fundamental a pedir refugio en el país, ante la posibilidad de ser expulsadas a su país de origen y tener temores fundados a ser perseguidas por sus opiniones políticas, su religión, su raza, su nacionalidad, su orientación sexual o su género.
Se criminaliza la solidaridad al perseguir un valor tan esencial del ser humano como es la hospitalidad. Con la nueva reforma de la Ley de Extranjería las personas que inviten y acojan en su casa a personas de origen extranjero que, por los motivos que sean, decidan continuar su permanencia en el Estado español más allá de la estancia legal permitida, podrán ser multadas con hasta 10.000 euros. Deliberadamente se culpabiliza a quién no ha cometido ninguna infracción ni delito, con la
finalidad de perseguir a terceras personas que, en muchos casos, se encuentran en situación de vulnerabilidad e indefensión.
Las sanciones contra quién empadrone a una persona extranjera que no resida habitualmente en su vivienda, suponen otra muestra más del acoso al que se verán sometidas las personas hospitalarias y solidarias. La amenaza de sanciones obstaculizará el empadronamiento de la población extranjera y la obtención de la tarjeta sanitaria, vulnerando el derecho a la salud del colectivo y de la sociedad en su conjunto. De esta forma se está obstaculizando el acceso a un derecho básico
reconocido por la propia Constitución Española.
La insistencia en el proyecto de Ley por reconocer derechos a las personas extranjeras residentes legales frente a las personas sin papeles a las que se niega servicios y ayudas sociales, aumentará la precariedad, desprotección y vulnerabilidad de las personas migrantes con menores recursos y oportunidades. Situación que contribuirá a favorecer fenómenos de marginación social, rechazo, xenofobia y racismo contra las personas extranjeras en situación irregular.
Un derecho tan básico para cualquier persona como es el derecho a vivir en familia, reconocido universalmente por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, se ve seriamente amenazado por las nuevas disposiciones del proyecto de reforma de la Ley de Extranjería. Las fuertes restricciones a la reagrupación familiar para aquellas y aquellos ascendientes menores de 65 años y la imposición de al menos 5 años de residencia en para poder reagrupar, supone la ruptura de muchas familias y facilita enormemente que se puedan dar situaciones de desprotección de personas
dependientes que necesitan del cuidado de sus familiares.
Por otro lado, limitar el derecho a la reagrupación de los abuelos y las abuelas significa también impedir que las redes familiares puedan seguir apoyando a las mujeres inmigrantes, para que
éstas puedan participar en el espacio social.
El tratamiento que se da a las y los menores extranjeros no acompañados en el proyecto de reforma de la Ley, es extremadamente preocupante. Se prima la condición de extranjero sobre la de menor, haciendo oídos sordos de la Convención de Derechos del Niño de la ONU y favoreciendo violaciones flagrantes de los derechos del menor.
El principal interés que se trasluce no es el “interés superior del menor” sino la obsesión por expulsar del país a cuantas más personas extranjeras mejor, cuando ningún menor debe ser considerado irregular y por tanto ser expulsado ni expuesto a una situación de vulnerabilidad.
El derecho a la justicia gratuita que asiste a toda persona, independientemente de su origen, se verá perjudicado. La obligación de aumentar las pruebas documentales que acrediten la falta de recursos económicos para la designación de un abogado de oficio, limitará el acceso a la defensa jurídica de las personas rechazadas en aeropuertos o con orden de expulsión.
En muchos casos no se podrá reunir la documentación necesaria antes de vencer el plazo de devolución y de expulsión, con lo cual quedará vulnerado el derecho a la defensa reconocido por la Constitución.
El Proyecto trata de dificultar al máximo el acceso a los recursos judiciales ante la jurisdicción contencioso-administrativa, frente a las resoluciones gubernativas que pongan fin a la vía administrativa en materia de denegaciones de entrada, devolución o expulsión, al exigir que la persona inmigrante declare formalmente su intención de recurrir.
No se establecen verdaderas garantías para las mujeres indocumentadas víctimas de violencia de género, ya que se obliga a la iniciación de un expediente sancionador a aquellas mujeres en situación irregular que denuncien estos hechos ante la policía, desincentivando estas mismas denuncias. Así mismo, se supedita la autorización de residencia y trabajo a que los procedimientos penales resulten favorables, dejándolas en situación de desamparo cuando el procedimiento penal se archive
por sobreseimiento provisional.
El proyecto articula un esquema de nacionalismo económico propio de la “preferencia del español ” y consagra y refuerza la visión utilitarista de la inmigración, al seguir conectándola con las necesidades de la situación nacional de empleo.
Se olvida que una condición básica de la integración social es la integración política y el acceso a la ciudadanía, de acuerdo al principio constitucional de igualdad. Sin desconocer la literalidad del art. 13 de la Constitución, el Proyecto no establece avances reales para la participación política de las personas inmigrantes.
El Derecho a la educación no obligatoria de mayores de 18 años se restringe a las personas extranjeras “residentes”, quebrando así un derecho fundamental que tiene especial proyección y alcance también en materia de integración social.
El Proyecto establece medidas de control policial de las entradas y salidas de las personas extranjeras no comunitarias, con grave afectación al derecho a la intimidad, ya que el registro policial de entradas y salidas se vendría a configurar como un sistema ordinario de control policial.
Se olvida de flexibilizar los casos y supuestos para obtener la autorización de residencia temporal, dejando en un inadmisible limbo jurídico a miles de personas, y sin poner remedio a la práctica de no conceder el permiso de autorización y residencia por arraigo social a las personas extranjeras que tengan una orden de expulsión.
El Proyecto tampoco establece las bases para una regularización de las trabajadoras y trabajadores sin papeles que de modo notorio existen en el Estado español y que se ven cerradas las puertas para el acceso a una estancia autorizada.
Por todo lo denunciado:
MANIFESTAMOS nuestro más enérgico rechazo contra una reforma de la Ley de Extranjería que supone una grave regresión en los derechos reconocidos a la población de origen extranjero, profundizando en el carácter represivo de las políticas de inmigración.
LAMENTAMOS que no se adopte una política respetuosa de los Derechos Humanos y más acorde con la realidad de la inmigración, atendiendo a una visión global de la misma en cuanto a las causas de las migraciones y en cuanto a las responsabilidades que tiene la sociedad de llegada para favorecer la convivencia.
CONDENAMOS la utilización de la crisis económica como justificación para aprobar una “ley populista” que no va a resolver los graves problemas económicos y de desempleo del país y que sólo conseguirá desviar la atención sobre las causas reales y los verdaderos responsables de la crisis, convirtiendo a las personas migrantes en el nuevo chivo expiatorio.
EXIGIMOS la retirada del actual proyecto de reforma de la Ley de Extranjería e instamos al Gobierno y a las Cortes españolas a que adopten las disposiciones para establecer una política que restituya los derechos humanos y la dignidad de las personas migrantes que residen en el Estado español.
ORGANIZACIONES Y COLECTIVOS FIRMANTES:
Acción en Red, Acción Social Protestante, Acera de Enfrente, ACIAB (Asociación Cultural Iberoamericana Andrés Bello), ACSUR-Las Segovias (Asociación para la Cooperación con el Sur), ADRA España, Afro Aid España, AMDH-Madrid (Asociación Marroquí de los Derechos Humanos), ATTAC, ATTAC Catalunya, APDHA (Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía), APDHE (Asociación Pro-Derechos Humanos de España), Asoc. Amigos del Uruguay, Asoc. Alqantara para la Cooperación y el Codesarrollo, Asoc. Chispa de Madrid, Asoc. de la Comunidad Hispano-Palestina “Jerusalén”, Asoc. NEXOS, Asoc. Nuevo Humanismo de Móstoles, Asoc. Tentempié, AA.VV. de Carabanchel Alto, AA.VV. de Quintana, Casa Argentina de Madrid, Casapueblos, CEAR-Madrid (Comisión Española de Ayuda al Refugiado), CEDEHU (Centro de Defensa y Estudio de Derechos Humanos), Centro Uruguayo de Madrid, CJE (Consejo de la Juventud de España), Comité Oscar Romero de Madrid, CONADEE (Coordinadora Nacional de Ecuatorianos en España), Confederación Intersindical, Coordinadora de Barrios, Creamos en Acción, Cristianos de Base de Madrid, Ecologistas en Acción, Economistas Sin Fronteras, ENAR-España (European Network Against Racism), En Lucha, Escuela Popular de Adultos del Barrio del Pilar, FAPRE (Federación de Asociaciones de Paraguayos Residentes en España), FEDACHES (Federación de Asociaciones de Chilenos en España), Federación de Asociaciones de
Defensa y Promoción de los Derechos Humanos – España, FERINE (Federación de Asociaciones de
Refugiados e Inmigrantes de España), Foro Social de Madrid, FSMM (Foro Social Mundial de las Migraciones), FRAVM (Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid), Fundación IEPALA, Grupo Inmigración y Sistema Penal, Intersindical Valenciana, Izquierda Anticapitalista, Izquierda Unida-Comunidad de Madrid, Jóvenes de IU-CM, Médicos del Mundo, Movimiento contra la Intolerancia, OSPAAAL (Organización de Solidaridad para Asia, África y América Latina), Parroquia San Carlos Borromeo, Partido Comunista de Madrid, Plataforma “Salvemos la Hospitalidad”, Plataforma de Solidaridad con Chiapas de Madrid, Pueblos Unidos, Campaña ¿Quién debe a quién?, Radio Vallekas, Red Acoge, Red de Apoyo Ferrocarril Clandestino, REDIMadrid (Red Estatal por los Derechos de los Inmigrantes), Red de Jóvenes Palestinos, SOS Racismo-Madrid, Tejedoras, UJCE (Unión de Juventudes Comunistas de España), Uruguayos por el Mundo (Vigo), USO (Unión Sindical Obrera), Vía Democrática-Madrid…
Imágenes tomadas en la celebración de la manifestación celebrada el pasado 17 de Octubre de 2009, con motivo de parar la Ley actual de Extranjería.
Seguidamente, adjunto el texto aprobado para la convocatoria de este día:
Madrid 17 de Octubre, 11,30 horas: Atocha-Tirso de Molina. Paremos la reforma de la Ley de extranjería
TENEMOS DERECHO A TENER DERECHOS
Organizaciones sociales, de inmigrantes, de derechos humanos y de solidaridad internacional, sindicatos y organizaciones profesionales, para quienes la defensa de los derechos humanos constituye el eje central de la construcción de cualquier sociedad democrática y para quienes la actual la crisis es fruto de una globalización neoliberal que atenta contra los derechos y condiciones de vida de las personas más vulnerables e impone la adopción de políticas económicas y sociales regresivas y represivas contra el conjunto de la población, pero especialmente contra la población migrante, tal y como fuera denunciado por el III Foro Social Mundial de la Migraciones en su Segunda Declaración de Rivas:
DENUNCIAMOS
Que el 26 de junio de 2009, el Consejo de Ministros aprobó enviar al Congreso y al Senado una nueva reforma de la Ley de Extranjería que lesiona gravemente los derechos y libertades de la población extranjera y autóctona, por los motivos que a continuación se exponen:
El proyecto de reforma de la Ley redactado por el Gobierno no ha sido consensuado con las organizaciones sociales, siendo su resultado una ley muy alejada de la realidad social de la inmigración en el país. La futura ley profundizará en una visión de la inmigración como problema eminentemente policial, contribuyendo, de esta forma, a criminalizar a las personas de origen extranjero y a precarizar aún más la situación del colectivo.
La nueva reforma agrava, por tanto, en medidas de persecución, sanción y castigo contra personas extranjeras y autóctonas, en lugar de establecer una verdadera política estatal de integración social, que implique al conjunto de la sociedad, y que efectivamente se oriente hacia la protección de las libertades y derechos de la población extranjera y autóctona en el Estado español.
Las sanciones contra la población extranjera son desproporcionadas, contemplando privaciones de libertad y expulsiones forzosas por ejercer sus derechos fundamentales y manteniendo el desproporcionado e injusto sistema de sancionar con expulsión la mera estancia irregular o el mero hecho de trabajar sin permiso de trabajo. Faltas administrativas que para un nacional no suponen más que una multa económica, para una persona extranjera pueden llegar a suponer su detención e
internamiento, por un periodo de hasta 60 días (ampliable hasta 74 días), en un Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE.)
Un tipo de centros que ofrecen menos garantías que las cárceles y que han sido denunciados por el Parlamento Europeo y el Defensor del Pueblo por las condiciones de precariedad e indefensión a las que se ven sometidas las personas privadas de libertad en su interior. Además, el aumento del periodo de internamiento de 40 días, como contempla la actual ley, a 60 días, supone la violación del compromiso adquirido por el Gobierno de no aplicar en esta parte la Directiva de Retorno
de la Unión Europea en el Estado español.
Las personas solicitantes de asilo internadas en CIE, sufrirán una penalización de 14 días más de privación de libertad por ejercer su derecho fundamental a pedir refugio en el país, ante la posibilidad de ser expulsadas a su país de origen y tener temores fundados a ser perseguidas por sus opiniones políticas, su religión, su raza, su nacionalidad, su orientación sexual o su género.
Se criminaliza la solidaridad al perseguir un valor tan esencial del ser humano como es la hospitalidad. Con la nueva reforma de la Ley de Extranjería las personas que inviten y acojan en su casa a personas de origen extranjero que, por los motivos que sean, decidan continuar su permanencia en el Estado español más allá de la estancia legal permitida, podrán ser multadas con hasta 10.000 euros. Deliberadamente se culpabiliza a quién no ha cometido ninguna infracción ni delito, con la
finalidad de perseguir a terceras personas que, en muchos casos, se encuentran en situación de vulnerabilidad e indefensión.
Las sanciones contra quién empadrone a una persona extranjera que no resida habitualmente en su vivienda, suponen otra muestra más del acoso al que se verán sometidas las personas hospitalarias y solidarias. La amenaza de sanciones obstaculizará el empadronamiento de la población extranjera y la obtención de la tarjeta sanitaria, vulnerando el derecho a la salud del colectivo y de la sociedad en su conjunto. De esta forma se está obstaculizando el acceso a un derecho básico
reconocido por la propia Constitución Española.
La insistencia en el proyecto de Ley por reconocer derechos a las personas extranjeras residentes legales frente a las personas sin papeles a las que se niega servicios y ayudas sociales, aumentará la precariedad, desprotección y vulnerabilidad de las personas migrantes con menores recursos y oportunidades. Situación que contribuirá a favorecer fenómenos de marginación social, rechazo, xenofobia y racismo contra las personas extranjeras en situación irregular.
Un derecho tan básico para cualquier persona como es el derecho a vivir en familia, reconocido universalmente por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, se ve seriamente amenazado por las nuevas disposiciones del proyecto de reforma de la Ley de Extranjería. Las fuertes restricciones a la reagrupación familiar para aquellas y aquellos ascendientes menores de 65 años y la imposición de al menos 5 años de residencia en para poder reagrupar, supone la ruptura de muchas familias y facilita enormemente que se puedan dar situaciones de desprotección de personas
dependientes que necesitan del cuidado de sus familiares.
Por otro lado, limitar el derecho a la reagrupación de los abuelos y las abuelas significa también impedir que las redes familiares puedan seguir apoyando a las mujeres inmigrantes, para que
éstas puedan participar en el espacio social.
El tratamiento que se da a las y los menores extranjeros no acompañados en el proyecto de reforma de la Ley, es extremadamente preocupante. Se prima la condición de extranjero sobre la de menor, haciendo oídos sordos de la Convención de Derechos del Niño de la ONU y favoreciendo violaciones flagrantes de los derechos del menor.
El principal interés que se trasluce no es el “interés superior del menor” sino la obsesión por expulsar del país a cuantas más personas extranjeras mejor, cuando ningún menor debe ser considerado irregular y por tanto ser expulsado ni expuesto a una situación de vulnerabilidad.
El derecho a la justicia gratuita que asiste a toda persona, independientemente de su origen, se verá perjudicado. La obligación de aumentar las pruebas documentales que acrediten la falta de recursos económicos para la designación de un abogado de oficio, limitará el acceso a la defensa jurídica de las personas rechazadas en aeropuertos o con orden de expulsión.
En muchos casos no se podrá reunir la documentación necesaria antes de vencer el plazo de devolución y de expulsión, con lo cual quedará vulnerado el derecho a la defensa reconocido por la Constitución.
El Proyecto trata de dificultar al máximo el acceso a los recursos judiciales ante la jurisdicción contencioso-administrativa, frente a las resoluciones gubernativas que pongan fin a la vía administrativa en materia de denegaciones de entrada, devolución o expulsión, al exigir que la persona inmigrante declare formalmente su intención de recurrir.
No se establecen verdaderas garantías para las mujeres indocumentadas víctimas de violencia de género, ya que se obliga a la iniciación de un expediente sancionador a aquellas mujeres en situación irregular que denuncien estos hechos ante la policía, desincentivando estas mismas denuncias. Así mismo, se supedita la autorización de residencia y trabajo a que los procedimientos penales resulten favorables, dejándolas en situación de desamparo cuando el procedimiento penal se archive
por sobreseimiento provisional.
El proyecto articula un esquema de nacionalismo económico propio de la “preferencia del español ” y consagra y refuerza la visión utilitarista de la inmigración, al seguir conectándola con las necesidades de la situación nacional de empleo.
Se olvida que una condición básica de la integración social es la integración política y el acceso a la ciudadanía, de acuerdo al principio constitucional de igualdad. Sin desconocer la literalidad del art. 13 de la Constitución, el Proyecto no establece avances reales para la participación política de las personas inmigrantes.
El Derecho a la educación no obligatoria de mayores de 18 años se restringe a las personas extranjeras “residentes”, quebrando así un derecho fundamental que tiene especial proyección y alcance también en materia de integración social.
El Proyecto establece medidas de control policial de las entradas y salidas de las personas extranjeras no comunitarias, con grave afectación al derecho a la intimidad, ya que el registro policial de entradas y salidas se vendría a configurar como un sistema ordinario de control policial.
Se olvida de flexibilizar los casos y supuestos para obtener la autorización de residencia temporal, dejando en un inadmisible limbo jurídico a miles de personas, y sin poner remedio a la práctica de no conceder el permiso de autorización y residencia por arraigo social a las personas extranjeras que tengan una orden de expulsión.
El Proyecto tampoco establece las bases para una regularización de las trabajadoras y trabajadores sin papeles que de modo notorio existen en el Estado español y que se ven cerradas las puertas para el acceso a una estancia autorizada.
Por todo lo denunciado:
MANIFESTAMOS nuestro más enérgico rechazo contra una reforma de la Ley de Extranjería que supone una grave regresión en los derechos reconocidos a la población de origen extranjero, profundizando en el carácter represivo de las políticas de inmigración.
LAMENTAMOS que no se adopte una política respetuosa de los Derechos Humanos y más acorde con la realidad de la inmigración, atendiendo a una visión global de la misma en cuanto a las causas de las migraciones y en cuanto a las responsabilidades que tiene la sociedad de llegada para favorecer la convivencia.
CONDENAMOS la utilización de la crisis económica como justificación para aprobar una “ley populista” que no va a resolver los graves problemas económicos y de desempleo del país y que sólo conseguirá desviar la atención sobre las causas reales y los verdaderos responsables de la crisis, convirtiendo a las personas migrantes en el nuevo chivo expiatorio.
EXIGIMOS la retirada del actual proyecto de reforma de la Ley de Extranjería e instamos al Gobierno y a las Cortes españolas a que adopten las disposiciones para establecer una política que restituya los derechos humanos y la dignidad de las personas migrantes que residen en el Estado español.
ORGANIZACIONES Y COLECTIVOS FIRMANTES:
Acción en Red, Acción Social Protestante, Acera de Enfrente, ACIAB (Asociación Cultural Iberoamericana Andrés Bello), ACSUR-Las Segovias (Asociación para la Cooperación con el Sur), ADRA España, Afro Aid España, AMDH-Madrid (Asociación Marroquí de los Derechos Humanos), ATTAC, ATTAC Catalunya, APDHA (Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía), APDHE (Asociación Pro-Derechos Humanos de España), Asoc. Amigos del Uruguay, Asoc. Alqantara para la Cooperación y el Codesarrollo, Asoc. Chispa de Madrid, Asoc. de la Comunidad Hispano-Palestina “Jerusalén”, Asoc. NEXOS, Asoc. Nuevo Humanismo de Móstoles, Asoc. Tentempié, AA.VV. de Carabanchel Alto, AA.VV. de Quintana, Casa Argentina de Madrid, Casapueblos, CEAR-Madrid (Comisión Española de Ayuda al Refugiado), CEDEHU (Centro de Defensa y Estudio de Derechos Humanos), Centro Uruguayo de Madrid, CJE (Consejo de la Juventud de España), Comité Oscar Romero de Madrid, CONADEE (Coordinadora Nacional de Ecuatorianos en España), Confederación Intersindical, Coordinadora de Barrios, Creamos en Acción, Cristianos de Base de Madrid, Ecologistas en Acción, Economistas Sin Fronteras, ENAR-España (European Network Against Racism), En Lucha, Escuela Popular de Adultos del Barrio del Pilar, FAPRE (Federación de Asociaciones de Paraguayos Residentes en España), FEDACHES (Federación de Asociaciones de Chilenos en España), Federación de Asociaciones de
Defensa y Promoción de los Derechos Humanos – España, FERINE (Federación de Asociaciones de
Refugiados e Inmigrantes de España), Foro Social de Madrid, FSMM (Foro Social Mundial de las Migraciones), FRAVM (Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid), Fundación IEPALA, Grupo Inmigración y Sistema Penal, Intersindical Valenciana, Izquierda Anticapitalista, Izquierda Unida-Comunidad de Madrid, Jóvenes de IU-CM, Médicos del Mundo, Movimiento contra la Intolerancia, OSPAAAL (Organización de Solidaridad para Asia, África y América Latina), Parroquia San Carlos Borromeo, Partido Comunista de Madrid, Plataforma “Salvemos la Hospitalidad”, Plataforma de Solidaridad con Chiapas de Madrid, Pueblos Unidos, Campaña ¿Quién debe a quién?, Radio Vallekas, Red Acoge, Red de Apoyo Ferrocarril Clandestino, REDIMadrid (Red Estatal por los Derechos de los Inmigrantes), Red de Jóvenes Palestinos, SOS Racismo-Madrid, Tejedoras, UJCE (Unión de Juventudes Comunistas de España), Uruguayos por el Mundo (Vigo), USO (Unión Sindical Obrera), Vía Democrática-Madrid…
Imágenes tomadas en la celebración de la manifestación celebrada el pasado 17 de Octubre de 2009, con motivo de parar la Ley actual de Extranjería.
Seguidamente, adjunto el texto aprobado para la convocatoria de este día:
Madrid 17 de Octubre, 11,30 horas: Atocha-Tirso de Molina. Paremos la reforma de la Ley de extranjería
TENEMOS DERECHO A TENER DERECHOS
Organizaciones sociales, de inmigrantes, de derechos humanos y de solidaridad internacional, sindicatos y organizaciones profesionales, para quienes la defensa de los derechos humanos constituye el eje central de la construcción de cualquier sociedad democrática y para quienes la actual la crisis es fruto de una globalización neoliberal que atenta contra los derechos y condiciones de vida de las personas más vulnerables e impone la adopción de políticas económicas y sociales regresivas y represivas contra el conjunto de la población, pero especialmente contra la población migrante, tal y como fuera denunciado por el III Foro Social Mundial de la Migraciones en su Segunda Declaración de Rivas:
DENUNCIAMOS
Que el 26 de junio de 2009, el Consejo de Ministros aprobó enviar al Congreso y al Senado una nueva reforma de la Ley de Extranjería que lesiona gravemente los derechos y libertades de la población extranjera y autóctona, por los motivos que a continuación se exponen:
El proyecto de reforma de la Ley redactado por el Gobierno no ha sido consensuado con las organizaciones sociales, siendo su resultado una ley muy alejada de la realidad social de la inmigración en el país. La futura ley profundizará en una visión de la inmigración como problema eminentemente policial, contribuyendo, de esta forma, a criminalizar a las personas de origen extranjero y a precarizar aún más la situación del colectivo.
La nueva reforma agrava, por tanto, en medidas de persecución, sanción y castigo contra personas extranjeras y autóctonas, en lugar de establecer una verdadera política estatal de integración social, que implique al conjunto de la sociedad, y que efectivamente se oriente hacia la protección de las libertades y derechos de la población extranjera y autóctona en el Estado español.
Las sanciones contra la población extranjera son desproporcionadas, contemplando privaciones de libertad y expulsiones forzosas por ejercer sus derechos fundamentales y manteniendo el desproporcionado e injusto sistema de sancionar con expulsión la mera estancia irregular o el mero hecho de trabajar sin permiso de trabajo. Faltas administrativas que para un nacional no suponen más que una multa económica, para una persona extranjera pueden llegar a suponer su detención e
internamiento, por un periodo de hasta 60 días (ampliable hasta 74 días), en un Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE.)
Un tipo de centros que ofrecen menos garantías que las cárceles y que han sido denunciados por el Parlamento Europeo y el Defensor del Pueblo por las condiciones de precariedad e indefensión a las que se ven sometidas las personas privadas de libertad en su interior. Además, el aumento del periodo de internamiento de 40 días, como contempla la actual ley, a 60 días, supone la violación del compromiso adquirido por el Gobierno de no aplicar en esta parte la Directiva de Retorno
de la Unión Europea en el Estado español.
Las personas solicitantes de asilo internadas en CIE, sufrirán una penalización de 14 días más de privación de libertad por ejercer su derecho fundamental a pedir refugio en el país, ante la posibilidad de ser expulsadas a su país de origen y tener temores fundados a ser perseguidas por sus opiniones políticas, su religión, su raza, su nacionalidad, su orientación sexual o su género.
Se criminaliza la solidaridad al perseguir un valor tan esencial del ser humano como es la hospitalidad. Con la nueva reforma de la Ley de Extranjería las personas que inviten y acojan en su casa a personas de origen extranjero que, por los motivos que sean, decidan continuar su permanencia en el Estado español más allá de la estancia legal permitida, podrán ser multadas con hasta 10.000 euros. Deliberadamente se culpabiliza a quién no ha cometido ninguna infracción ni delito, con la
finalidad de perseguir a terceras personas que, en muchos casos, se encuentran en situación de vulnerabilidad e indefensión.
Las sanciones contra quién empadrone a una persona extranjera que no resida habitualmente en su vivienda, suponen otra muestra más del acoso al que se verán sometidas las personas hospitalarias y solidarias. La amenaza de sanciones obstaculizará el empadronamiento de la población extranjera y la obtención de la tarjeta sanitaria, vulnerando el derecho a la salud del colectivo y de la sociedad en su conjunto. De esta forma se está obstaculizando el acceso a un derecho básico
reconocido por la propia Constitución Española.
La insistencia en el proyecto de Ley por reconocer derechos a las personas extranjeras residentes legales frente a las personas sin papeles a las que se niega servicios y ayudas sociales, aumentará la precariedad, desprotección y vulnerabilidad de las personas migrantes con menores recursos y oportunidades. Situación que contribuirá a favorecer fenómenos de marginación social, rechazo, xenofobia y racismo contra las personas extranjeras en situación irregular.
Un derecho tan básico para cualquier persona como es el derecho a vivir en familia, reconocido universalmente por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, se ve seriamente amenazado por las nuevas disposiciones del proyecto de reforma de la Ley de Extranjería. Las fuertes restricciones a la reagrupación familiar para aquellas y aquellos ascendientes menores de 65 años y la imposición de al menos 5 años de residencia en para poder reagrupar, supone la ruptura de muchas familias y facilita enormemente que se puedan dar situaciones de desprotección de personas
dependientes que necesitan del cuidado de sus familiares.
Por otro lado, limitar el derecho a la reagrupación de los abuelos y las abuelas significa también impedir que las redes familiares puedan seguir apoyando a las mujeres inmigrantes, para que
éstas puedan participar en el espacio social.
El tratamiento que se da a las y los menores extranjeros no acompañados en el proyecto de reforma de la Ley, es extremadamente preocupante. Se prima la condición de extranjero sobre la de menor, haciendo oídos sordos de la Convención de Derechos del Niño de la ONU y favoreciendo violaciones flagrantes de los derechos del menor.
El principal interés que se trasluce no es el “interés superior del menor” sino la obsesión por expulsar del país a cuantas más personas extranjeras mejor, cuando ningún menor debe ser considerado irregular y por tanto ser expulsado ni expuesto a una situación de vulnerabilidad.
El derecho a la justicia gratuita que asiste a toda persona, independientemente de su origen, se verá perjudicado. La obligación de aumentar las pruebas documentales que acrediten la falta de recursos económicos para la designación de un abogado de oficio, limitará el acceso a la defensa jurídica de las personas rechazadas en aeropuertos o con orden de expulsión.
En muchos casos no se podrá reunir la documentación necesaria antes de vencer el plazo de devolución y de expulsión, con lo cual quedará vulnerado el derecho a la defensa reconocido por la Constitución.
El Proyecto trata de dificultar al máximo el acceso a los recursos judiciales ante la jurisdicción contencioso-administrativa, frente a las resoluciones gubernativas que pongan fin a la vía administrativa en materia de denegaciones de entrada, devolución o expulsión, al exigir que la persona inmigrante declare formalmente su intención de recurrir.
No se establecen verdaderas garantías para las mujeres indocumentadas víctimas de violencia de género, ya que se obliga a la iniciación de un expediente sancionador a aquellas mujeres en situación irregular que denuncien estos hechos ante la policía, desincentivando estas mismas denuncias. Así mismo, se supedita la autorización de residencia y trabajo a que los procedimientos penales resulten favorables, dejándolas en situación de desamparo cuando el procedimiento penal se archive
por sobreseimiento provisional.
El proyecto articula un esquema de nacionalismo económico propio de la “preferencia del español ” y consagra y refuerza la visión utilitarista de la inmigración, al seguir conectándola con las necesidades de la situación nacional de empleo.
Se olvida que una condición básica de la integración social es la integración política y el acceso a la ciudadanía, de acuerdo al principio constitucional de igualdad. Sin desconocer la literalidad del art. 13 de la Constitución, el Proyecto no establece avances reales para la participación política de las personas inmigrantes.
El Derecho a la educación no obligatoria de mayores de 18 años se restringe a las personas extranjeras “residentes”, quebrando así un derecho fundamental que tiene especial proyección y alcance también en materia de integración social.
El Proyecto establece medidas de control policial de las entradas y salidas de las personas extranjeras no comunitarias, con grave afectación al derecho a la intimidad, ya que el registro policial de entradas y salidas se vendría a configurar como un sistema ordinario de control policial.
Se olvida de flexibilizar los casos y supuestos para obtener la autorización de residencia temporal, dejando en un inadmisible limbo jurídico a miles de personas, y sin poner remedio a la práctica de no conceder el permiso de autorización y residencia por arraigo social a las personas extranjeras que tengan una orden de expulsión.
El Proyecto tampoco establece las bases para una regularización de las trabajadoras y trabajadores sin papeles que de modo notorio existen en el Estado español y que se ven cerradas las puertas para el acceso a una estancia autorizada.
Por todo lo denunciado:
MANIFESTAMOS nuestro más enérgico rechazo contra una reforma de la Ley de Extranjería que supone una grave regresión en los derechos reconocidos a la población de origen extranjero, profundizando en el carácter represivo de las políticas de inmigración.
LAMENTAMOS que no se adopte una política respetuosa de los Derechos Humanos y más acorde con la realidad de la inmigración, atendiendo a una visión global de la misma en cuanto a las causas de las migraciones y en cuanto a las responsabilidades que tiene la sociedad de llegada para favorecer la convivencia.
CONDENAMOS la utilización de la crisis económica como justificación para aprobar una “ley populista” que no va a resolver los graves problemas económicos y de desempleo del país y que sólo conseguirá desviar la atención sobre las causas reales y los verdaderos responsables de la crisis, convirtiendo a las personas migrantes en el nuevo chivo expiatorio.
EXIGIMOS la retirada del actual proyecto de reforma de la Ley de Extranjería e instamos al Gobierno y a las Cortes españolas a que adopten las disposiciones para establecer una política que restituya los derechos humanos y la dignidad de las personas migrantes que residen en el Estado español.
ORGANIZACIONES Y COLECTIVOS FIRMANTES:
Acción en Red, Acción Social Protestante, Acera de Enfrente, ACIAB (Asociación Cultural Iberoamericana Andrés Bello), ACSUR-Las Segovias (Asociación para la Cooperación con el Sur), ADRA España, Afro Aid España, AMDH-Madrid (Asociación Marroquí de los Derechos Humanos), ATTAC, ATTAC Catalunya, APDHA (Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía), APDHE (Asociación Pro-Derechos Humanos de España), Asoc. Amigos del Uruguay, Asoc. Alqantara para la Cooperación y el Codesarrollo, Asoc. Chispa de Madrid, Asoc. de la Comunidad Hispano-Palestina “Jerusalén”, Asoc. NEXOS, Asoc. Nuevo Humanismo de Móstoles, Asoc. Tentempié, AA.VV. de Carabanchel Alto, AA.VV. de Quintana, Casa Argentina de Madrid, Casapueblos, CEAR-Madrid (Comisión Española de Ayuda al Refugiado), CEDEHU (Centro de Defensa y Estudio de Derechos Humanos), Centro Uruguayo de Madrid, CJE (Consejo de la Juventud de España), Comité Oscar Romero de Madrid, CONADEE (Coordinadora Nacional de Ecuatorianos en España), Confederación Intersindical, Coordinadora de Barrios, Creamos en Acción, Cristianos de Base de Madrid, Ecologistas en Acción, Economistas Sin Fronteras, ENAR-España (European Network Against Racism), En Lucha, Escuela Popular de Adultos del Barrio del Pilar, FAPRE (Federación de Asociaciones de Paraguayos Residentes en España), FEDACHES (Federación de Asociaciones de Chilenos en España), Federación de Asociaciones de
Defensa y Promoción de los Derechos Humanos – España, FERINE (Federación de Asociaciones de
Refugiados e Inmigrantes de España), Foro Social de Madrid, FSMM (Foro Social Mundial de las Migraciones), FRAVM (Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid), Fundación IEPALA, Grupo Inmigración y Sistema Penal, Intersindical Valenciana, Izquierda Anticapitalista, Izquierda Unida-Comunidad de Madrid, Jóvenes de IU-CM, Médicos del Mundo, Movimiento contra la Intolerancia, OSPAAAL (Organización de Solidaridad para Asia, África y América Latina), Parroquia San Carlos Borromeo, Partido Comunista de Madrid, Plataforma “Salvemos la Hospitalidad”, Plataforma de Solidaridad con Chiapas de Madrid, Pueblos Unidos, Campaña ¿Quién debe a quién?, Radio Vallekas, Red Acoge, Red de Apoyo Ferrocarril Clandestino, REDIMadrid (Red Estatal por los Derechos de los Inmigrantes), Red de Jóvenes Palestinos, SOS Racismo-Madrid, Tejedoras, UJCE (Unión de Juventudes Comunistas de España), Uruguayos por el Mundo (Vigo), USO (Unión Sindical Obrera), Vía Democrática-Madrid…
Imágenes tomadas en la celebración de la manifestación celebrada el pasado 17 de Octubre de 2009, con motivo de parar la Ley actual de Extranjería.
Seguidamente, adjunto el texto aprobado para la convocatoria de este día:
Madrid 17 de Octubre, 11,30 horas: Atocha-Tirso de Molina. Paremos la reforma de la Ley de extranjería
TENEMOS DERECHO A TENER DERECHOS
Organizaciones sociales, de inmigrantes, de derechos humanos y de solidaridad internacional, sindicatos y organizaciones profesionales, para quienes la defensa de los derechos humanos constituye el eje central de la construcción de cualquier sociedad democrática y para quienes la actual la crisis es fruto de una globalización neoliberal que atenta contra los derechos y condiciones de vida de las personas más vulnerables e impone la adopción de políticas económicas y sociales regresivas y represivas contra el conjunto de la población, pero especialmente contra la población migrante, tal y como fuera denunciado por el III Foro Social Mundial de la Migraciones en su Segunda Declaración de Rivas:
DENUNCIAMOS
Que el 26 de junio de 2009, el Consejo de Ministros aprobó enviar al Congreso y al Senado una nueva reforma de la Ley de Extranjería que lesiona gravemente los derechos y libertades de la población extranjera y autóctona, por los motivos que a continuación se exponen:
El proyecto de reforma de la Ley redactado por el Gobierno no ha sido consensuado con las organizaciones sociales, siendo su resultado una ley muy alejada de la realidad social de la inmigración en el país. La futura ley profundizará en una visión de la inmigración como problema eminentemente policial, contribuyendo, de esta forma, a criminalizar a las personas de origen extranjero y a precarizar aún más la situación del colectivo.
La nueva reforma agrava, por tanto, en medidas de persecución, sanción y castigo contra personas extranjeras y autóctonas, en lugar de establecer una verdadera política estatal de integración social, que implique al conjunto de la sociedad, y que efectivamente se oriente hacia la protección de las libertades y derechos de la población extranjera y autóctona en el Estado español.
Las sanciones contra la población extranjera son desproporcionadas, contemplando privaciones de libertad y expulsiones forzosas por ejercer sus derechos fundamentales y manteniendo el desproporcionado e injusto sistema de sancionar con expulsión la mera estancia irregular o el mero hecho de trabajar sin permiso de trabajo. Faltas administrativas que para un nacional no suponen más que una multa económica, para una persona extranjera pueden llegar a suponer su detención e
internamiento, por un periodo de hasta 60 días (ampliable hasta 74 días), en un Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE.)
Un tipo de centros que ofrecen menos garantías que las cárceles y que han sido denunciados por el Parlamento Europeo y el Defensor del Pueblo por las condiciones de precariedad e indefensión a las que se ven sometidas las personas privadas de libertad en su interior. Además, el aumento del periodo de internamiento de 40 días, como contempla la actual ley, a 60 días, supone la violación del compromiso adquirido por el Gobierno de no aplicar en esta parte la Directiva de Retorno
de la Unión Europea en el Estado español.
Las personas solicitantes de asilo internadas en CIE, sufrirán una penalización de 14 días más de privación de libertad por ejercer su derecho fundamental a pedir refugio en el país, ante la posibilidad de ser expulsadas a su país de origen y tener temores fundados a ser perseguidas por sus opiniones políticas, su religión, su raza, su nacionalidad, su orientación sexual o su género.
Se criminaliza la solidaridad al perseguir un valor tan esencial del ser humano como es la hospitalidad. Con la nueva reforma de la Ley de Extranjería las personas que inviten y acojan en su casa a personas de origen extranjero que, por los motivos que sean, decidan continuar su permanencia en el Estado español más allá de la estancia legal permitida, podrán ser multadas con hasta 10.000 euros. Deliberadamente se culpabiliza a quién no ha cometido ninguna infracción ni delito, con la
finalidad de perseguir a terceras personas que, en muchos casos, se encuentran en situación de vulnerabilidad e indefensión.
Las sanciones contra quién empadrone a una persona extranjera que no resida habitualmente en su vivienda, suponen otra muestra más del acoso al que se verán sometidas las personas hospitalarias y solidarias. La amenaza de sanciones obstaculizará el empadronamiento de la población extranjera y la obtención de la tarjeta sanitaria, vulnerando el derecho a la salud del colectivo y de la sociedad en su conjunto. De esta forma se está obstaculizando el acceso a un derecho básico
reconocido por la propia Constitución Española.
La insistencia en el proyecto de Ley por reconocer derechos a las personas extranjeras residentes legales frente a las personas sin papeles a las que se niega servicios y ayudas sociales, aumentará la precariedad, desprotección y vulnerabilidad de las personas migrantes con menores recursos y oportunidades. Situación que contribuirá a favorecer fenómenos de marginación social, rechazo, xenofobia y racismo contra las personas extranjeras en situación irregular.
Un derecho tan básico para cualquier persona como es el derecho a vivir en familia, reconocido universalmente por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, se ve seriamente amenazado por las nuevas disposiciones del proyecto de reforma de la Ley de Extranjería. Las fuertes restricciones a la reagrupación familiar para aquellas y aquellos ascendientes menores de 65 años y la imposición de al menos 5 años de residencia en para poder reagrupar, supone la ruptura de muchas familias y facilita enormemente que se puedan dar situaciones de desprotección de personas
dependientes que necesitan del cuidado de sus familiares.
Por otro lado, limitar el derecho a la reagrupación de los abuelos y las abuelas significa también impedir que las redes familiares puedan seguir apoyando a las mujeres inmigrantes, para que
éstas puedan participar en el espacio social.
El tratamiento que se da a las y los menores extranjeros no acompañados en el proyecto de reforma de la Ley, es extremadamente preocupante. Se prima la condición de extranjero sobre la de menor, haciendo oídos sordos de la Convención de Derechos del Niño de la ONU y favoreciendo violaciones flagrantes de los derechos del menor.
El principal interés que se trasluce no es el “interés superior del menor” sino la obsesión por expulsar del país a cuantas más personas extranjeras mejor, cuando ningún menor debe ser considerado irregular y por tanto ser expulsado ni expuesto a una situación de vulnerabilidad.
El derecho a la justicia gratuita que asiste a toda persona, independientemente de su origen, se verá perjudicado. La obligación de aumentar las pruebas documentales que acrediten la falta de recursos económicos para la designación de un abogado de oficio, limitará el acceso a la defensa jurídica de las personas rechazadas en aeropuertos o con orden de expulsión.
En muchos casos no se podrá reunir la documentación necesaria antes de vencer el plazo de devolución y de expulsión, con lo cual quedará vulnerado el derecho a la defensa reconocido por la Constitución.
El Proyecto trata de dificultar al máximo el acceso a los recursos judiciales ante la jurisdicción contencioso-administrativa, frente a las resoluciones gubernativas que pongan fin a la vía administrativa en materia de denegaciones de entrada, devolución o expulsión, al exigir que la persona inmigrante declare formalmente su intención de recurrir.
No se establecen verdaderas garantías para las mujeres indocumentadas víctimas de violencia de género, ya que se obliga a la iniciación de un expediente sancionador a aquellas mujeres en situación irregular que denuncien estos hechos ante la policía, desincentivando estas mismas denuncias. Así mismo, se supedita la autorización de residencia y trabajo a que los procedimientos penales resulten favorables, dejándolas en situación de desamparo cuando el procedimiento penal se archive
por sobreseimiento provisional.
El proyecto articula un esquema de nacionalismo económico propio de la “preferencia del español ” y consagra y refuerza la visión utilitarista de la inmigración, al seguir conectándola con las necesidades de la situación nacional de empleo.
Se olvida que una condición básica de la integración social es la integración política y el acceso a la ciudadanía, de acuerdo al principio constitucional de igualdad. Sin desconocer la literalidad del art. 13 de la Constitución, el Proyecto no establece avances reales para la participación política de las personas inmigrantes.
El Derecho a la educación no obligatoria de mayores de 18 años se restringe a las personas extranjeras “residentes”, quebrando así un derecho fundamental que tiene especial proyección y alcance también en materia de integración social.
El Proyecto establece medidas de control policial de las entradas y salidas de las personas extranjeras no comunitarias, con grave afectación al derecho a la intimidad, ya que el registro policial de entradas y salidas se vendría a configurar como un sistema ordinario de control policial.
Se olvida de flexibilizar los casos y supuestos para obtener la autorización de residencia temporal, dejando en un inadmisible limbo jurídico a miles de personas, y sin poner remedio a la práctica de no conceder el permiso de autorización y residencia por arraigo social a las personas extranjeras que tengan una orden de expulsión.
El Proyecto tampoco establece las bases para una regularización de las trabajadoras y trabajadores sin papeles que de modo notorio existen en el Estado español y que se ven cerradas las puertas para el acceso a una estancia autorizada.
Por todo lo denunciado:
MANIFESTAMOS nuestro más enérgico rechazo contra una reforma de la Ley de Extranjería que supone una grave regresión en los derechos reconocidos a la población de origen extranjero, profundizando en el carácter represivo de las políticas de inmigración.
LAMENTAMOS que no se adopte una política respetuosa de los Derechos Humanos y más acorde con la realidad de la inmigración, atendiendo a una visión global de la misma en cuanto a las causas de las migraciones y en cuanto a las responsabilidades que tiene la sociedad de llegada para favorecer la convivencia.
CONDENAMOS la utilización de la crisis económica como justificación para aprobar una “ley populista” que no va a resolver los graves problemas económicos y de desempleo del país y que sólo conseguirá desviar la atención sobre las causas reales y los verdaderos responsables de la crisis, convirtiendo a las personas migrantes en el nuevo chivo expiatorio.
EXIGIMOS la retirada del actual proyecto de reforma de la Ley de Extranjería e instamos al Gobierno y a las Cortes españolas a que adopten las disposiciones para establecer una política que restituya los derechos humanos y la dignidad de las personas migrantes que residen en el Estado español.
ORGANIZACIONES Y COLECTIVOS FIRMANTES:
Acción en Red, Acción Social Protestante, Acera de Enfrente, ACIAB (Asociación Cultural Iberoamericana Andrés Bello), ACSUR-Las Segovias (Asociación para la Cooperación con el Sur), ADRA España, Afro Aid España, AMDH-Madrid (Asociación Marroquí de los Derechos Humanos), ATTAC, ATTAC Catalunya, APDHA (Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía), APDHE (Asociación Pro-Derechos Humanos de España), Asoc. Amigos del Uruguay, Asoc. Alqantara para la Cooperación y el Codesarrollo, Asoc. Chispa de Madrid, Asoc. de la Comunidad Hispano-Palestina “Jerusalén”, Asoc. NEXOS, Asoc. Nuevo Humanismo de Móstoles, Asoc. Tentempié, AA.VV. de Carabanchel Alto, AA.VV. de Quintana, Casa Argentina de Madrid, Casapueblos, CEAR-Madrid (Comisión Española de Ayuda al Refugiado), CEDEHU (Centro de Defensa y Estudio de Derechos Humanos), Centro Uruguayo de Madrid, CJE (Consejo de la Juventud de España), Comité Oscar Romero de Madrid, CONADEE (Coordinadora Nacional de Ecuatorianos en España), Confederación Intersindical, Coordinadora de Barrios, Creamos en Acción, Cristianos de Base de Madrid, Ecologistas en Acción, Economistas Sin Fronteras, ENAR-España (European Network Against Racism), En Lucha, Escuela Popular de Adultos del Barrio del Pilar, FAPRE (Federación de Asociaciones de Paraguayos Residentes en España), FEDACHES (Federación de Asociaciones de Chilenos en España), Federación de Asociaciones de
Defensa y Promoción de los Derechos Humanos – España, FERINE (Federación de Asociaciones de
Refugiados e Inmigrantes de España), Foro Social de Madrid, FSMM (Foro Social Mundial de las Migraciones), FRAVM (Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid), Fundación IEPALA, Grupo Inmigración y Sistema Penal, Intersindical Valenciana, Izquierda Anticapitalista, Izquierda Unida-Comunidad de Madrid, Jóvenes de IU-CM, Médicos del Mundo, Movimiento contra la Intolerancia, OSPAAAL (Organización de Solidaridad para Asia, África y América Latina), Parroquia San Carlos Borromeo, Partido Comunista de Madrid, Plataforma “Salvemos la Hospitalidad”, Plataforma de Solidaridad con Chiapas de Madrid, Pueblos Unidos, Campaña ¿Quién debe a quién?, Radio Vallekas, Red Acoge, Red de Apoyo Ferrocarril Clandestino, REDIMadrid (Red Estatal por los Derechos de los Inmigrantes), Red de Jóvenes Palestinos, SOS Racismo-Madrid, Tejedoras, UJCE (Unión de Juventudes Comunistas de España), Uruguayos por el Mundo (Vigo), USO (Unión Sindical Obrera), Vía Democrática-Madrid…
Imágenes tomadas en la celebración de la manifestación celebrada el pasado 17 de Octubre de 2009, con motivo de parar la Ley actual de Extranjería.
Seguidamente, adjunto el texto aprobado para la convocatoria de este día:
Madrid 17 de Octubre, 11,30 horas: Atocha-Tirso de Molina. Paremos la reforma de la Ley de extranjería
TENEMOS DERECHO A TENER DERECHOS
Organizaciones sociales, de inmigrantes, de derechos humanos y de solidaridad internacional, sindicatos y organizaciones profesionales, para quienes la defensa de los derechos humanos constituye el eje central de la construcción de cualquier sociedad democrática y para quienes la actual la crisis es fruto de una globalización neoliberal que atenta contra los derechos y condiciones de vida de las personas más vulnerables e impone la adopción de políticas económicas y sociales regresivas y represivas contra el conjunto de la población, pero especialmente contra la población migrante, tal y como fuera denunciado por el III Foro Social Mundial de la Migraciones en su Segunda Declaración de Rivas:
DENUNCIAMOS
Que el 26 de junio de 2009, el Consejo de Ministros aprobó enviar al Congreso y al Senado una nueva reforma de la Ley de Extranjería que lesiona gravemente los derechos y libertades de la población extranjera y autóctona, por los motivos que a continuación se exponen:
El proyecto de reforma de la Ley redactado por el Gobierno no ha sido consensuado con las organizaciones sociales, siendo su resultado una ley muy alejada de la realidad social de la inmigración en el país. La futura ley profundizará en una visión de la inmigración como problema eminentemente policial, contribuyendo, de esta forma, a criminalizar a las personas de origen extranjero y a precarizar aún más la situación del colectivo.
La nueva reforma agrava, por tanto, en medidas de persecución, sanción y castigo contra personas extranjeras y autóctonas, en lugar de establecer una verdadera política estatal de integración social, que implique al conjunto de la sociedad, y que efectivamente se oriente hacia la protección de las libertades y derechos de la población extranjera y autóctona en el Estado español.
Las sanciones contra la población extranjera son desproporcionadas, contemplando privaciones de libertad y expulsiones forzosas por ejercer sus derechos fundamentales y manteniendo el desproporcionado e injusto sistema de sancionar con expulsión la mera estancia irregular o el mero hecho de trabajar sin permiso de trabajo. Faltas administrativas que para un nacional no suponen más que una multa económica, para una persona extranjera pueden llegar a suponer su detención e
internamiento, por un periodo de hasta 60 días (ampliable hasta 74 días), en un Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE.)
Un tipo de centros que ofrecen menos garantías que las cárceles y que han sido denunciados por el Parlamento Europeo y el Defensor del Pueblo por las condiciones de precariedad e indefensión a las que se ven sometidas las personas privadas de libertad en su interior. Además, el aumento del periodo de internamiento de 40 días, como contempla la actual ley, a 60 días, supone la violación del compromiso adquirido por el Gobierno de no aplicar en esta parte la Directiva de Retorno
de la Unión Europea en el Estado español.
Las personas solicitantes de asilo internadas en CIE, sufrirán una penalización de 14 días más de privación de libertad por ejercer su derecho fundamental a pedir refugio en el país, ante la posibilidad de ser expulsadas a su país de origen y tener temores fundados a ser perseguidas por sus opiniones políticas, su religión, su raza, su nacionalidad, su orientación sexual o su género.
Se criminaliza la solidaridad al perseguir un valor tan esencial del ser humano como es la hospitalidad. Con la nueva reforma de la Ley de Extranjería las personas que inviten y acojan en su casa a personas de origen extranjero que, por los motivos que sean, decidan continuar su permanencia en el Estado español más allá de la estancia legal permitida, podrán ser multadas con hasta 10.000 euros. Deliberadamente se culpabiliza a quién no ha cometido ninguna infracción ni delito, con la
finalidad de perseguir a terceras personas que, en muchos casos, se encuentran en situación de vulnerabilidad e indefensión.
Las sanciones contra quién empadrone a una persona extranjera que no resida habitualmente en su vivienda, suponen otra muestra más del acoso al que se verán sometidas las personas hospitalarias y solidarias. La amenaza de sanciones obstaculizará el empadronamiento de la población extranjera y la obtención de la tarjeta sanitaria, vulnerando el derecho a la salud del colectivo y de la sociedad en su conjunto. De esta forma se está obstaculizando el acceso a un derecho básico
reconocido por la propia Constitución Española.
La insistencia en el proyecto de Ley por reconocer derechos a las personas extranjeras residentes legales frente a las personas sin papeles a las que se niega servicios y ayudas sociales, aumentará la precariedad, desprotección y vulnerabilidad de las personas migrantes con menores recursos y oportunidades. Situación que contribuirá a favorecer fenómenos de marginación social, rechazo, xenofobia y racismo contra las personas extranjeras en situación irregular.
Un derecho tan básico para cualquier persona como es el derecho a vivir en familia, reconocido universalmente por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, se ve seriamente amenazado por las nuevas disposiciones del proyecto de reforma de la Ley de Extranjería. Las fuertes restricciones a la reagrupación familiar para aquellas y aquellos ascendientes menores de 65 años y la imposición de al menos 5 años de residencia en para poder reagrupar, supone la ruptura de muchas familias y facilita enormemente que se puedan dar situaciones de desprotección de personas
dependientes que necesitan del cuidado de sus familiares.
Por otro lado, limitar el derecho a la reagrupación de los abuelos y las abuelas significa también impedir que las redes familiares puedan seguir apoyando a las mujeres inmigrantes, para que
éstas puedan participar en el espacio social.
El tratamiento que se da a las y los menores extranjeros no acompañados en el proyecto de reforma de la Ley, es extremadamente preocupante. Se prima la condición de extranjero sobre la de menor, haciendo oídos sordos de la Convención de Derechos del Niño de la ONU y favoreciendo violaciones flagrantes de los derechos del menor.
El principal interés que se trasluce no es el “interés superior del menor” sino la obsesión por expulsar del país a cuantas más personas extranjeras mejor, cuando ningún menor debe ser considerado irregular y por tanto ser expulsado ni expuesto a una situación de vulnerabilidad.
El derecho a la justicia gratuita que asiste a toda persona, independientemente de su origen, se verá perjudicado. La obligación de aumentar las pruebas documentales que acrediten la falta de recursos económicos para la designación de un abogado de oficio, limitará el acceso a la defensa jurídica de las personas rechazadas en aeropuertos o con orden de expulsión.
En muchos casos no se podrá reunir la documentación necesaria antes de vencer el plazo de devolución y de expulsión, con lo cual quedará vulnerado el derecho a la defensa reconocido por la Constitución.
El Proyecto trata de dificultar al máximo el acceso a los recursos judiciales ante la jurisdicción contencioso-administrativa, frente a las resoluciones gubernativas que pongan fin a la vía administrativa en materia de denegaciones de entrada, devolución o expulsión, al exigir que la persona inmigrante declare formalmente su intención de recurrir.
No se establecen verdaderas garantías para las mujeres indocumentadas víctimas de violencia de género, ya que se obliga a la iniciación de un expediente sancionador a aquellas mujeres en situación irregular que denuncien estos hechos ante la policía, desincentivando estas mismas denuncias. Así mismo, se supedita la autorización de residencia y trabajo a que los procedimientos penales resulten favorables, dejándolas en situación de desamparo cuando el procedimiento penal se archive
por sobreseimiento provisional.
El proyecto articula un esquema de nacionalismo económico propio de la “preferencia del español ” y consagra y refuerza la visión utilitarista de la inmigración, al seguir conectándola con las necesidades de la situación nacional de empleo.
Se olvida que una condición básica de la integración social es la integración política y el acceso a la ciudadanía, de acuerdo al principio constitucional de igualdad. Sin desconocer la literalidad del art. 13 de la Constitución, el Proyecto no establece avances reales para la participación política de las personas inmigrantes.
El Derecho a la educación no obligatoria de mayores de 18 años se restringe a las personas extranjeras “residentes”, quebrando así un derecho fundamental que tiene especial proyección y alcance también en materia de integración social.
El Proyecto establece medidas de control policial de las entradas y salidas de las personas extranjeras no comunitarias, con grave afectación al derecho a la intimidad, ya que el registro policial de entradas y salidas se vendría a configurar como un sistema ordinario de control policial.
Se olvida de flexibilizar los casos y supuestos para obtener la autorización de residencia temporal, dejando en un inadmisible limbo jurídico a miles de personas, y sin poner remedio a la práctica de no conceder el permiso de autorización y residencia por arraigo social a las personas extranjeras que tengan una orden de expulsión.
El Proyecto tampoco establece las bases para una regularización de las trabajadoras y trabajadores sin papeles que de modo notorio existen en el Estado español y que se ven cerradas las puertas para el acceso a una estancia autorizada.
Por todo lo denunciado:
MANIFESTAMOS nuestro más enérgico rechazo contra una reforma de la Ley de Extranjería que supone una grave regresión en los derechos reconocidos a la población de origen extranjero, profundizando en el carácter represivo de las políticas de inmigración.
LAMENTAMOS que no se adopte una política respetuosa de los Derechos Humanos y más acorde con la realidad de la inmigración, atendiendo a una visión global de la misma en cuanto a las causas de las migraciones y en cuanto a las responsabilidades que tiene la sociedad de llegada para favorecer la convivencia.
CONDENAMOS la utilización de la crisis económica como justificación para aprobar una “ley populista” que no va a resolver los graves problemas económicos y de desempleo del país y que sólo conseguirá desviar la atención sobre las causas reales y los verdaderos responsables de la crisis, convirtiendo a las personas migrantes en el nuevo chivo expiatorio.
EXIGIMOS la retirada del actual proyecto de reforma de la Ley de Extranjería e instamos al Gobierno y a las Cortes españolas a que adopten las disposiciones para establecer una política que restituya los derechos humanos y la dignidad de las personas migrantes que residen en el Estado español.
ORGANIZACIONES Y COLECTIVOS FIRMANTES:
Acción en Red, Acción Social Protestante, Acera de Enfrente, ACIAB (Asociación Cultural Iberoamericana Andrés Bello), ACSUR-Las Segovias (Asociación para la Cooperación con el Sur), ADRA España, Afro Aid España, AMDH-Madrid (Asociación Marroquí de los Derechos Humanos), ATTAC, ATTAC Catalunya, APDHA (Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía), APDHE (Asociación Pro-Derechos Humanos de España), Asoc. Amigos del Uruguay, Asoc. Alqantara para la Cooperación y el Codesarrollo, Asoc. Chispa de Madrid, Asoc. de la Comunidad Hispano-Palestina “Jerusalén”, Asoc. NEXOS, Asoc. Nuevo Humanismo de Móstoles, Asoc. Tentempié, AA.VV. de Carabanchel Alto, AA.VV. de Quintana, Casa Argentina de Madrid, Casapueblos, CEAR-Madrid (Comisión Española de Ayuda al Refugiado), CEDEHU (Centro de Defensa y Estudio de Derechos Humanos), Centro Uruguayo de Madrid, CJE (Consejo de la Juventud de España), Comité Oscar Romero de Madrid, CONADEE (Coordinadora Nacional de Ecuatorianos en España), Confederación Intersindical, Coordinadora de Barrios, Creamos en Acción, Cristianos de Base de Madrid, Ecologistas en Acción, Economistas Sin Fronteras, ENAR-España (European Network Against Racism), En Lucha, Escuela Popular de Adultos del Barrio del Pilar, FAPRE (Federación de Asociaciones de Paraguayos Residentes en España), FEDACHES (Federación de Asociaciones de Chilenos en España), Federación de Asociaciones de
Defensa y Promoción de los Derechos Humanos – España, FERINE (Federación de Asociaciones de
Refugiados e Inmigrantes de España), Foro Social de Madrid, FSMM (Foro Social Mundial de las Migraciones), FRAVM (Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid), Fundación IEPALA, Grupo Inmigración y Sistema Penal, Intersindical Valenciana, Izquierda Anticapitalista, Izquierda Unida-Comunidad de Madrid, Jóvenes de IU-CM, Médicos del Mundo, Movimiento contra la Intolerancia, OSPAAAL (Organización de Solidaridad para Asia, África y América Latina), Parroquia San Carlos Borromeo, Partido Comunista de Madrid, Plataforma “Salvemos la Hospitalidad”, Plataforma de Solidaridad con Chiapas de Madrid, Pueblos Unidos, Campaña ¿Quién debe a quién?, Radio Vallekas, Red Acoge, Red de Apoyo Ferrocarril Clandestino, REDIMadrid (Red Estatal por los Derechos de los Inmigrantes), Red de Jóvenes Palestinos, SOS Racismo-Madrid, Tejedoras, UJCE (Unión de Juventudes Comunistas de España), Uruguayos por el Mundo (Vigo), USO (Unión Sindical Obrera), Vía Democrática-Madrid…
Imágenes tomadas en la celebración de la manifestación celebrada el pasado 17 de Octubre de 2009, con motivo de parar la Ley actual de Extranjería.
Seguidamente, adjunto el texto aprobado para la convocatoria de este día:
Madrid 17 de Octubre, 11,30 horas: Atocha-Tirso de Molina. Paremos la reforma de la Ley de extranjería
TENEMOS DERECHO A TENER DERECHOS
Organizaciones sociales, de inmigrantes, de derechos humanos y de solidaridad internacional, sindicatos y organizaciones profesionales, para quienes la defensa de los derechos humanos constituye el eje central de la construcción de cualquier sociedad democrática y para quienes la actual la crisis es fruto de una globalización neoliberal que atenta contra los derechos y condiciones de vida de las personas más vulnerables e impone la adopción de políticas económicas y sociales regresivas y represivas contra el conjunto de la población, pero especialmente contra la población migrante, tal y como fuera denunciado por el III Foro Social Mundial de la Migraciones en su Segunda Declaración de Rivas:
DENUNCIAMOS
Que el 26 de junio de 2009, el Consejo de Ministros aprobó enviar al Congreso y al Senado una nueva reforma de la Ley de Extranjería que lesiona gravemente los derechos y libertades de la población extranjera y autóctona, por los motivos que a continuación se exponen:
El proyecto de reforma de la Ley redactado por el Gobierno no ha sido consensuado con las organizaciones sociales, siendo su resultado una ley muy alejada de la realidad social de la inmigración en el país. La futura ley profundizará en una visión de la inmigración como problema eminentemente policial, contribuyendo, de esta forma, a criminalizar a las personas de origen extranjero y a precarizar aún más la situación del colectivo.
La nueva reforma agrava, por tanto, en medidas de persecución, sanción y castigo contra personas extranjeras y autóctonas, en lugar de establecer una verdadera política estatal de integración social, que implique al conjunto de la sociedad, y que efectivamente se oriente hacia la protección de las libertades y derechos de la población extranjera y autóctona en el Estado español.
Las sanciones contra la población extranjera son desproporcionadas, contemplando privaciones de libertad y expulsiones forzosas por ejercer sus derechos fundamentales y manteniendo el desproporcionado e injusto sistema de sancionar con expulsión la mera estancia irregular o el mero hecho de trabajar sin permiso de trabajo. Faltas administrativas que para un nacional no suponen más que una multa económica, para una persona extranjera pueden llegar a suponer su detención e
internamiento, por un periodo de hasta 60 días (ampliable hasta 74 días), en un Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE.)
Un tipo de centros que ofrecen menos garantías que las cárceles y que han sido denunciados por el Parlamento Europeo y el Defensor del Pueblo por las condiciones de precariedad e indefensión a las que se ven sometidas las personas privadas de libertad en su interior. Además, el aumento del periodo de internamiento de 40 días, como contempla la actual ley, a 60 días, supone la violación del compromiso adquirido por el Gobierno de no aplicar en esta parte la Directiva de Retorno
de la Unión Europea en el Estado español.
Las personas solicitantes de asilo internadas en CIE, sufrirán una penalización de 14 días más de privación de libertad por ejercer su derecho fundamental a pedir refugio en el país, ante la posibilidad de ser expulsadas a su país de origen y tener temores fundados a ser perseguidas por sus opiniones políticas, su religión, su raza, su nacionalidad, su orientación sexual o su género.
Se criminaliza la solidaridad al perseguir un valor tan esencial del ser humano como es la hospitalidad. Con la nueva reforma de la Ley de Extranjería las personas que inviten y acojan en su casa a personas de origen extranjero que, por los motivos que sean, decidan continuar su permanencia en el Estado español más allá de la estancia legal permitida, podrán ser multadas con hasta 10.000 euros. Deliberadamente se culpabiliza a quién no ha cometido ninguna infracción ni delito, con la
finalidad de perseguir a terceras personas que, en muchos casos, se encuentran en situación de vulnerabilidad e indefensión.
Las sanciones contra quién empadrone a una persona extranjera que no resida habitualmente en su vivienda, suponen otra muestra más del acoso al que se verán sometidas las personas hospitalarias y solidarias. La amenaza de sanciones obstaculizará el empadronamiento de la población extranjera y la obtención de la tarjeta sanitaria, vulnerando el derecho a la salud del colectivo y de la sociedad en su conjunto. De esta forma se está obstaculizando el acceso a un derecho básico
reconocido por la propia Constitución Española.
La insistencia en el proyecto de Ley por reconocer derechos a las personas extranjeras residentes legales frente a las personas sin papeles a las que se niega servicios y ayudas sociales, aumentará la precariedad, desprotección y vulnerabilidad de las personas migrantes con menores recursos y oportunidades. Situación que contribuirá a favorecer fenómenos de marginación social, rechazo, xenofobia y racismo contra las personas extranjeras en situación irregular.
Un derecho tan básico para cualquier persona como es el derecho a vivir en familia, reconocido universalmente por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, se ve seriamente amenazado por las nuevas disposiciones del proyecto de reforma de la Ley de Extranjería. Las fuertes restricciones a la reagrupación familiar para aquellas y aquellos ascendientes menores de 65 años y la imposición de al menos 5 años de residencia en para poder reagrupar, supone la ruptura de muchas familias y facilita enormemente que se puedan dar situaciones de desprotección de personas
dependientes que necesitan del cuidado de sus familiares.
Por otro lado, limitar el derecho a la reagrupación de los abuelos y las abuelas significa también impedir que las redes familiares puedan seguir apoyando a las mujeres inmigrantes, para que
éstas puedan participar en el espacio social.
El tratamiento que se da a las y los menores extranjeros no acompañados en el proyecto de reforma de la Ley, es extremadamente preocupante. Se prima la condición de extranjero sobre la de menor, haciendo oídos sordos de la Convención de Derechos del Niño de la ONU y favoreciendo violaciones flagrantes de los derechos del menor.
El principal interés que se trasluce no es el “interés superior del menor” sino la obsesión por expulsar del país a cuantas más personas extranjeras mejor, cuando ningún menor debe ser considerado irregular y por tanto ser expulsado ni expuesto a una situación de vulnerabilidad.
El derecho a la justicia gratuita que asiste a toda persona, independientemente de su origen, se verá perjudicado. La obligación de aumentar las pruebas documentales que acrediten la falta de recursos económicos para la designación de un abogado de oficio, limitará el acceso a la defensa jurídica de las personas rechazadas en aeropuertos o con orden de expulsión.
En muchos casos no se podrá reunir la documentación necesaria antes de vencer el plazo de devolución y de expulsión, con lo cual quedará vulnerado el derecho a la defensa reconocido por la Constitución.
El Proyecto trata de dificultar al máximo el acceso a los recursos judiciales ante la jurisdicción contencioso-administrativa, frente a las resoluciones gubernativas que pongan fin a la vía administrativa en materia de denegaciones de entrada, devolución o expulsión, al exigir que la persona inmigrante declare formalmente su intención de recurrir.
No se establecen verdaderas garantías para las mujeres indocumentadas víctimas de violencia de género, ya que se obliga a la iniciación de un expediente sancionador a aquellas mujeres en situación irregular que denuncien estos hechos ante la policía, desincentivando estas mismas denuncias. Así mismo, se supedita la autorización de residencia y trabajo a que los procedimientos penales resulten favorables, dejándolas en situación de desamparo cuando el procedimiento penal se archive
por sobreseimiento provisional.
El proyecto articula un esquema de nacionalismo económico propio de la “preferencia del español ” y consagra y refuerza la visión utilitarista de la inmigración, al seguir conectándola con las necesidades de la situación nacional de empleo.
Se olvida que una condición básica de la integración social es la integración política y el acceso a la ciudadanía, de acuerdo al principio constitucional de igualdad. Sin desconocer la literalidad del art. 13 de la Constitución, el Proyecto no establece avances reales para la participación política de las personas inmigrantes.
El Derecho a la educación no obligatoria de mayores de 18 años se restringe a las personas extranjeras “residentes”, quebrando así un derecho fundamental que tiene especial proyección y alcance también en materia de integración social.
El Proyecto establece medidas de control policial de las entradas y salidas de las personas extranjeras no comunitarias, con grave afectación al derecho a la intimidad, ya que el registro policial de entradas y salidas se vendría a configurar como un sistema ordinario de control policial.
Se olvida de flexibilizar los casos y supuestos para obtener la autorización de residencia temporal, dejando en un inadmisible limbo jurídico a miles de personas, y sin poner remedio a la práctica de no conceder el permiso de autorización y residencia por arraigo social a las personas extranjeras que tengan una orden de expulsión.
El Proyecto tampoco establece las bases para una regularización de las trabajadoras y trabajadores sin papeles que de modo notorio existen en el Estado español y que se ven cerradas las puertas para el acceso a una estancia autorizada.
Por todo lo denunciado:
MANIFESTAMOS nuestro más enérgico rechazo contra una reforma de la Ley de Extranjería que supone una grave regresión en los derechos reconocidos a la población de origen extranjero, profundizando en el carácter represivo de las políticas de inmigración.
LAMENTAMOS que no se adopte una política respetuosa de los Derechos Humanos y más acorde con la realidad de la inmigración, atendiendo a una visión global de la misma en cuanto a las causas de las migraciones y en cuanto a las responsabilidades que tiene la sociedad de llegada para favorecer la convivencia.
CONDENAMOS la utilización de la crisis económica como justificación para aprobar una “ley populista” que no va a resolver los graves problemas económicos y de desempleo del país y que sólo conseguirá desviar la atención sobre las causas reales y los verdaderos responsables de la crisis, convirtiendo a las personas migrantes en el nuevo chivo expiatorio.
EXIGIMOS la retirada del actual proyecto de reforma de la Ley de Extranjería e instamos al Gobierno y a las Cortes españolas a que adopten las disposiciones para establecer una política que restituya los derechos humanos y la dignidad de las personas migrantes que residen en el Estado español.
ORGANIZACIONES Y COLECTIVOS FIRMANTES:
Acción en Red, Acción Social Protestante, Acera de Enfrente, ACIAB (Asociación Cultural Iberoamericana Andrés Bello), ACSUR-Las Segovias (Asociación para la Cooperación con el Sur), ADRA España, Afro Aid España, AMDH-Madrid (Asociación Marroquí de los Derechos Humanos), ATTAC, ATTAC Catalunya, APDHA (Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía), APDHE (Asociación Pro-Derechos Humanos de España), Asoc. Amigos del Uruguay, Asoc. Alqantara para la Cooperación y el Codesarrollo, Asoc. Chispa de Madrid, Asoc. de la Comunidad Hispano-Palestina “Jerusalén”, Asoc. NEXOS, Asoc. Nuevo Humanismo de Móstoles, Asoc. Tentempié, AA.VV. de Carabanchel Alto, AA.VV. de Quintana, Casa Argentina de Madrid, Casapueblos, CEAR-Madrid (Comisión Española de Ayuda al Refugiado), CEDEHU (Centro de Defensa y Estudio de Derechos Humanos), Centro Uruguayo de Madrid, CJE (Consejo de la Juventud de España), Comité Oscar Romero de Madrid, CONADEE (Coordinadora Nacional de Ecuatorianos en España), Confederación Intersindical, Coordinadora de Barrios, Creamos en Acción, Cristianos de Base de Madrid, Ecologistas en Acción, Economistas Sin Fronteras, ENAR-España (European Network Against Racism), En Lucha, Escuela Popular de Adultos del Barrio del Pilar, FAPRE (Federación de Asociaciones de Paraguayos Residentes en España), FEDACHES (Federación de Asociaciones de Chilenos en España), Federación de Asociaciones de
Defensa y Promoción de los Derechos Humanos – España, FERINE (Federación de Asociaciones de
Refugiados e Inmigrantes de España), Foro Social de Madrid, FSMM (Foro Social Mundial de las Migraciones), FRAVM (Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid), Fundación IEPALA, Grupo Inmigración y Sistema Penal, Intersindical Valenciana, Izquierda Anticapitalista, Izquierda Unida-Comunidad de Madrid, Jóvenes de IU-CM, Médicos del Mundo, Movimiento contra la Intolerancia, OSPAAAL (Organización de Solidaridad para Asia, África y América Latina), Parroquia San Carlos Borromeo, Partido Comunista de Madrid, Plataforma “Salvemos la Hospitalidad”, Plataforma de Solidaridad con Chiapas de Madrid, Pueblos Unidos, Campaña ¿Quién debe a quién?, Radio Vallekas, Red Acoge, Red de Apoyo Ferrocarril Clandestino, REDIMadrid (Red Estatal por los Derechos de los Inmigrantes), Red de Jóvenes Palestinos, SOS Racismo-Madrid, Tejedoras, UJCE (Unión de Juventudes Comunistas de España), Uruguayos por el Mundo (Vigo), USO (Unión Sindical Obrera), Vía Democrática-Madrid…
Imágenes tomadas en la celebración de la manifestación celebrada el pasado 17 de Octubre de 2009, con motivo de parar la Ley actual de Extranjería.
Seguidamente, adjunto el texto aprobado para la convocatoria de este día:
Madrid 17 de Octubre, 11,30 horas: Atocha-Tirso de Molina. Paremos la reforma de la Ley de extranjería
TENEMOS DERECHO A TENER DERECHOS
Organizaciones sociales, de inmigrantes, de derechos humanos y de solidaridad internacional, sindicatos y organizaciones profesionales, para quienes la defensa de los derechos humanos constituye el eje central de la construcción de cualquier sociedad democrática y para quienes la actual la crisis es fruto de una globalización neoliberal que atenta contra los derechos y condiciones de vida de las personas más vulnerables e impone la adopción de políticas económicas y sociales regresivas y represivas contra el conjunto de la población, pero especialmente contra la población migrante, tal y como fuera denunciado por el III Foro Social Mundial de la Migraciones en su Segunda Declaración de Rivas:
DENUNCIAMOS
Que el 26 de junio de 2009, el Consejo de Ministros aprobó enviar al Congreso y al Senado una nueva reforma de la Ley de Extranjería que lesiona gravemente los derechos y libertades de la población extranjera y autóctona, por los motivos que a continuación se exponen:
El proyecto de reforma de la Ley redactado por el Gobierno no ha sido consensuado con las organizaciones sociales, siendo su resultado una ley muy alejada de la realidad social de la inmigración en el país. La futura ley profundizará en una visión de la inmigración como problema eminentemente policial, contribuyendo, de esta forma, a criminalizar a las personas de origen extranjero y a precarizar aún más la situación del colectivo.
La nueva reforma agrava, por tanto, en medidas de persecución, sanción y castigo contra personas extranjeras y autóctonas, en lugar de establecer una verdadera política estatal de integración social, que implique al conjunto de la sociedad, y que efectivamente se oriente hacia la protección de las libertades y derechos de la población extranjera y autóctona en el Estado español.
Las sanciones contra la población extranjera son desproporcionadas, contemplando privaciones de libertad y expulsiones forzosas por ejercer sus derechos fundamentales y manteniendo el desproporcionado e injusto sistema de sancionar con expulsión la mera estancia irregular o el mero hecho de trabajar sin permiso de trabajo. Faltas administrativas que para un nacional no suponen más que una multa económica, para una persona extranjera pueden llegar a suponer su detención e
internamiento, por un periodo de hasta 60 días (ampliable hasta 74 días), en un Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE.)
Un tipo de centros que ofrecen menos garantías que las cárceles y que han sido denunciados por el Parlamento Europeo y el Defensor del Pueblo por las condiciones de precariedad e indefensión a las que se ven sometidas las personas privadas de libertad en su interior. Además, el aumento del periodo de internamiento de 40 días, como contempla la actual ley, a 60 días, supone la violación del compromiso adquirido por el Gobierno de no aplicar en esta parte la Directiva de Retorno
de la Unión Europea en el Estado español.
Las personas solicitantes de asilo internadas en CIE, sufrirán una penalización de 14 días más de privación de libertad por ejercer su derecho fundamental a pedir refugio en el país, ante la posibilidad de ser expulsadas a su país de origen y tener temores fundados a ser perseguidas por sus opiniones políticas, su religión, su raza, su nacionalidad, su orientación sexual o su género.
Se criminaliza la solidaridad al perseguir un valor tan esencial del ser humano como es la hospitalidad. Con la nueva reforma de la Ley de Extranjería las personas que inviten y acojan en su casa a personas de origen extranjero que, por los motivos que sean, decidan continuar su permanencia en el Estado español más allá de la estancia legal permitida, podrán ser multadas con hasta 10.000 euros. Deliberadamente se culpabiliza a quién no ha cometido ninguna infracción ni delito, con la
finalidad de perseguir a terceras personas que, en muchos casos, se encuentran en situación de vulnerabilidad e indefensión.
Las sanciones contra quién empadrone a una persona extranjera que no resida habitualmente en su vivienda, suponen otra muestra más del acoso al que se verán sometidas las personas hospitalarias y solidarias. La amenaza de sanciones obstaculizará el empadronamiento de la población extranjera y la obtención de la tarjeta sanitaria, vulnerando el derecho a la salud del colectivo y de la sociedad en su conjunto. De esta forma se está obstaculizando el acceso a un derecho básico
reconocido por la propia Constitución Española.
La insistencia en el proyecto de Ley por reconocer derechos a las personas extranjeras residentes legales frente a las personas sin papeles a las que se niega servicios y ayudas sociales, aumentará la precariedad, desprotección y vulnerabilidad de las personas migrantes con menores recursos y oportunidades. Situación que contribuirá a favorecer fenómenos de marginación social, rechazo, xenofobia y racismo contra las personas extranjeras en situación irregular.
Un derecho tan básico para cualquier persona como es el derecho a vivir en familia, reconocido universalmente por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, se ve seriamente amenazado por las nuevas disposiciones del proyecto de reforma de la Ley de Extranjería. Las fuertes restricciones a la reagrupación familiar para aquellas y aquellos ascendientes menores de 65 años y la imposición de al menos 5 años de residencia en para poder reagrupar, supone la ruptura de muchas familias y facilita enormemente que se puedan dar situaciones de desprotección de personas
dependientes que necesitan del cuidado de sus familiares.
Por otro lado, limitar el derecho a la reagrupación de los abuelos y las abuelas significa también impedir que las redes familiares puedan seguir apoyando a las mujeres inmigrantes, para que
éstas puedan participar en el espacio social.
El tratamiento que se da a las y los menores extranjeros no acompañados en el proyecto de reforma de la Ley, es extremadamente preocupante. Se prima la condición de extranjero sobre la de menor, haciendo oídos sordos de la Convención de Derechos del Niño de la ONU y favoreciendo violaciones flagrantes de los derechos del menor.
El principal interés que se trasluce no es el “interés superior del menor” sino la obsesión por expulsar del país a cuantas más personas extranjeras mejor, cuando ningún menor debe ser considerado irregular y por tanto ser expulsado ni expuesto a una situación de vulnerabilidad.
El derecho a la justicia gratuita que asiste a toda persona, independientemente de su origen, se verá perjudicado. La obligación de aumentar las pruebas documentales que acrediten la falta de recursos económicos para la designación de un abogado de oficio, limitará el acceso a la defensa jurídica de las personas rechazadas en aeropuertos o con orden de expulsión.
En muchos casos no se podrá reunir la documentación necesaria antes de vencer el plazo de devolución y de expulsión, con lo cual quedará vulnerado el derecho a la defensa reconocido por la Constitución.
El Proyecto trata de dificultar al máximo el acceso a los recursos judiciales ante la jurisdicción contencioso-administrativa, frente a las resoluciones gubernativas que pongan fin a la vía administrativa en materia de denegaciones de entrada, devolución o expulsión, al exigir que la persona inmigrante declare formalmente su intención de recurrir.
No se establecen verdaderas garantías para las mujeres indocumentadas víctimas de violencia de género, ya que se obliga a la iniciación de un expediente sancionador a aquellas mujeres en situación irregular que denuncien estos hechos ante la policía, desincentivando estas mismas denuncias. Así mismo, se supedita la autorización de residencia y trabajo a que los procedimientos penales resulten favorables, dejándolas en situación de desamparo cuando el procedimiento penal se archive
por sobreseimiento provisional.
El proyecto articula un esquema de nacionalismo económico propio de la “preferencia del español ” y consagra y refuerza la visión utilitarista de la inmigración, al seguir conectándola con las necesidades de la situación nacional de empleo.
Se olvida que una condición básica de la integración social es la integración política y el acceso a la ciudadanía, de acuerdo al principio constitucional de igualdad. Sin desconocer la literalidad del art. 13 de la Constitución, el Proyecto no establece avances reales para la participación política de las personas inmigrantes.
El Derecho a la educación no obligatoria de mayores de 18 años se restringe a las personas extranjeras “residentes”, quebrando así un derecho fundamental que tiene especial proyección y alcance también en materia de integración social.
El Proyecto establece medidas de control policial de las entradas y salidas de las personas extranjeras no comunitarias, con grave afectación al derecho a la intimidad, ya que el registro policial de entradas y salidas se vendría a configurar como un sistema ordinario de control policial.
Se olvida de flexibilizar los casos y supuestos para obtener la autorización de residencia temporal, dejando en un inadmisible limbo jurídico a miles de personas, y sin poner remedio a la práctica de no conceder el permiso de autorización y residencia por arraigo social a las personas extranjeras que tengan una orden de expulsión.
El Proyecto tampoco establece las bases para una regularización de las trabajadoras y trabajadores sin papeles que de modo notorio existen en el Estado español y que se ven cerradas las puertas para el acceso a una estancia autorizada.
Por todo lo denunciado:
MANIFESTAMOS nuestro más enérgico rechazo contra una reforma de la Ley de Extranjería que supone una grave regresión en los derechos reconocidos a la población de origen extranjero, profundizando en el carácter represivo de las políticas de inmigración.
LAMENTAMOS que no se adopte una política respetuosa de los Derechos Humanos y más acorde con la realidad de la inmigración, atendiendo a una visión global de la misma en cuanto a las causas de las migraciones y en cuanto a las responsabilidades que tiene la sociedad de llegada para favorecer la convivencia.
CONDENAMOS la utilización de la crisis económica como justificación para aprobar una “ley populista” que no va a resolver los graves problemas económicos y de desempleo del país y que sólo conseguirá desviar la atención sobre las causas reales y los verdaderos responsables de la crisis, convirtiendo a las personas migrantes en el nuevo chivo expiatorio.
EXIGIMOS la retirada del actual proyecto de reforma de la Ley de Extranjería e instamos al Gobierno y a las Cortes españolas a que adopten las disposiciones para establecer una política que restituya los derechos humanos y la dignidad de las personas migrantes que residen en el Estado español.
ORGANIZACIONES Y COLECTIVOS FIRMANTES:
Acción en Red, Acción Social Protestante, Acera de Enfrente, ACIAB (Asociación Cultural Iberoamericana Andrés Bello), ACSUR-Las Segovias (Asociación para la Cooperación con el Sur), ADRA España, Afro Aid España, AMDH-Madrid (Asociación Marroquí de los Derechos Humanos), ATTAC, ATTAC Catalunya, APDHA (Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía), APDHE (Asociación Pro-Derechos Humanos de España), Asoc. Amigos del Uruguay, Asoc. Alqantara para la Cooperación y el Codesarrollo, Asoc. Chispa de Madrid, Asoc. de la Comunidad Hispano-Palestina “Jerusalén”, Asoc. NEXOS, Asoc. Nuevo Humanismo de Móstoles, Asoc. Tentempié, AA.VV. de Carabanchel Alto, AA.VV. de Quintana, Casa Argentina de Madrid, Casapueblos, CEAR-Madrid (Comisión Española de Ayuda al Refugiado), CEDEHU (Centro de Defensa y Estudio de Derechos Humanos), Centro Uruguayo de Madrid, CJE (Consejo de la Juventud de España), Comité Oscar Romero de Madrid, CONADEE (Coordinadora Nacional de Ecuatorianos en España), Confederación Intersindical, Coordinadora de Barrios, Creamos en Acción, Cristianos de Base de Madrid, Ecologistas en Acción, Economistas Sin Fronteras, ENAR-España (European Network Against Racism), En Lucha, Escuela Popular de Adultos del Barrio del Pilar, FAPRE (Federación de Asociaciones de Paraguayos Residentes en España), FEDACHES (Federación de Asociaciones de Chilenos en España), Federación de Asociaciones de
Defensa y Promoción de los Derechos Humanos – España, FERINE (Federación de Asociaciones de
Refugiados e Inmigrantes de España), Foro Social de Madrid, FSMM (Foro Social Mundial de las Migraciones), FRAVM (Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid), Fundación IEPALA, Grupo Inmigración y Sistema Penal, Intersindical Valenciana, Izquierda Anticapitalista, Izquierda Unida-Comunidad de Madrid, Jóvenes de IU-CM, Médicos del Mundo, Movimiento contra la Intolerancia, OSPAAAL (Organización de Solidaridad para Asia, África y América Latina), Parroquia San Carlos Borromeo, Partido Comunista de Madrid, Plataforma “Salvemos la Hospitalidad”, Plataforma de Solidaridad con Chiapas de Madrid, Pueblos Unidos, Campaña ¿Quién debe a quién?, Radio Vallekas, Red Acoge, Red de Apoyo Ferrocarril Clandestino, REDIMadrid (Red Estatal por los Derechos de los Inmigrantes), Red de Jóvenes Palestinos, SOS Racismo-Madrid, Tejedoras, UJCE (Unión de Juventudes Comunistas de España), Uruguayos por el Mundo (Vigo), USO (Unión Sindical Obrera), Vía Democrática-Madrid…
Imágenes tomadas en la celebración de la manifestación celebrada el pasado 17 de Octubre de 2009, con motivo de parar la Ley actual de Extranjería.
Seguidamente, adjunto el texto aprobado para la convocatoria de este día:
Madrid 17 de Octubre, 11,30 horas: Atocha-Tirso de Molina. Paremos la reforma de la Ley de extranjería
TENEMOS DERECHO A TENER DERECHOS
Organizaciones sociales, de inmigrantes, de derechos humanos y de solidaridad internacional, sindicatos y organizaciones profesionales, para quienes la defensa de los derechos humanos constituye el eje central de la construcción de cualquier sociedad democrática y para quienes la actual la crisis es fruto de una globalización neoliberal que atenta contra los derechos y condiciones de vida de las personas más vulnerables e impone la adopción de políticas económicas y sociales regresivas y represivas contra el conjunto de la población, pero especialmente contra la población migrante, tal y como fuera denunciado por el III Foro Social Mundial de la Migraciones en su Segunda Declaración de Rivas:
DENUNCIAMOS
Que el 26 de junio de 2009, el Consejo de Ministros aprobó enviar al Congreso y al Senado una nueva reforma de la Ley de Extranjería que lesiona gravemente los derechos y libertades de la población extranjera y autóctona, por los motivos que a continuación se exponen:
El proyecto de reforma de la Ley redactado por el Gobierno no ha sido consensuado con las organizaciones sociales, siendo su resultado una ley muy alejada de la realidad social de la inmigración en el país. La futura ley profundizará en una visión de la inmigración como problema eminentemente policial, contribuyendo, de esta forma, a criminalizar a las personas de origen extranjero y a precarizar aún más la situación del colectivo.
La nueva reforma agrava, por tanto, en medidas de persecución, sanción y castigo contra personas extranjeras y autóctonas, en lugar de establecer una verdadera política estatal de integración social, que implique al conjunto de la sociedad, y que efectivamente se oriente hacia la protección de las libertades y derechos de la población extranjera y autóctona en el Estado español.
Las sanciones contra la población extranjera son desproporcionadas, contemplando privaciones de libertad y expulsiones forzosas por ejercer sus derechos fundamentales y manteniendo el desproporcionado e injusto sistema de sancionar con expulsión la mera estancia irregular o el mero hecho de trabajar sin permiso de trabajo. Faltas administrativas que para un nacional no suponen más que una multa económica, para una persona extranjera pueden llegar a suponer su detención e
internamiento, por un periodo de hasta 60 días (ampliable hasta 74 días), en un Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE.)
Un tipo de centros que ofrecen menos garantías que las cárceles y que han sido denunciados por el Parlamento Europeo y el Defensor del Pueblo por las condiciones de precariedad e indefensión a las que se ven sometidas las personas privadas de libertad en su interior. Además, el aumento del periodo de internamiento de 40 días, como contempla la actual ley, a 60 días, supone la violación del compromiso adquirido por el Gobierno de no aplicar en esta parte la Directiva de Retorno
de la Unión Europea en el Estado español.
Las personas solicitantes de asilo internadas en CIE, sufrirán una penalización de 14 días más de privación de libertad por ejercer su derecho fundamental a pedir refugio en el país, ante la posibilidad de ser expulsadas a su país de origen y tener temores fundados a ser perseguidas por sus opiniones políticas, su religión, su raza, su nacionalidad, su orientación sexual o su género.
Se criminaliza la solidaridad al perseguir un valor tan esencial del ser humano como es la hospitalidad. Con la nueva reforma de la Ley de Extranjería las personas que inviten y acojan en su casa a personas de origen extranjero que, por los motivos que sean, decidan continuar su permanencia en el Estado español más allá de la estancia legal permitida, podrán ser multadas con hasta 10.000 euros. Deliberadamente se culpabiliza a quién no ha cometido ninguna infracción ni delito, con la
finalidad de perseguir a terceras personas que, en muchos casos, se encuentran en situación de vulnerabilidad e indefensión.
Las sanciones contra quién empadrone a una persona extranjera que no resida habitualmente en su vivienda, suponen otra muestra más del acoso al que se verán sometidas las personas hospitalarias y solidarias. La amenaza de sanciones obstaculizará el empadronamiento de la población extranjera y la obtención de la tarjeta sanitaria, vulnerando el derecho a la salud del colectivo y de la sociedad en su conjunto. De esta forma se está obstaculizando el acceso a un derecho básico
reconocido por la propia Constitución Española.
La insistencia en el proyecto de Ley por reconocer derechos a las personas extranjeras residentes legales frente a las personas sin papeles a las que se niega servicios y ayudas sociales, aumentará la precariedad, desprotección y vulnerabilidad de las personas migrantes con menores recursos y oportunidades. Situación que contribuirá a favorecer fenómenos de marginación social, rechazo, xenofobia y racismo contra las personas extranjeras en situación irregular.
Un derecho tan básico para cualquier persona como es el derecho a vivir en familia, reconocido universalmente por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, se ve seriamente amenazado por las nuevas disposiciones del proyecto de reforma de la Ley de Extranjería. Las fuertes restricciones a la reagrupación familiar para aquellas y aquellos ascendientes menores de 65 años y la imposición de al menos 5 años de residencia en para poder reagrupar, supone la ruptura de muchas familias y facilita enormemente que se puedan dar situaciones de desprotección de personas
dependientes que necesitan del cuidado de sus familiares.
Por otro lado, limitar el derecho a la reagrupación de los abuelos y las abuelas significa también impedir que las redes familiares puedan seguir apoyando a las mujeres inmigrantes, para que
éstas puedan participar en el espacio social.
El tratamiento que se da a las y los menores extranjeros no acompañados en el proyecto de reforma de la Ley, es extremadamente preocupante. Se prima la condición de extranjero sobre la de menor, haciendo oídos sordos de la Convención de Derechos del Niño de la ONU y favoreciendo violaciones flagrantes de los derechos del menor.
El principal interés que se trasluce no es el “interés superior del menor” sino la obsesión por expulsar del país a cuantas más personas extranjeras mejor, cuando ningún menor debe ser considerado irregular y por tanto ser expulsado ni expuesto a una situación de vulnerabilidad.
El derecho a la justicia gratuita que asiste a toda persona, independientemente de su origen, se verá perjudicado. La obligación de aumentar las pruebas documentales que acrediten la falta de recursos económicos para la designación de un abogado de oficio, limitará el acceso a la defensa jurídica de las personas rechazadas en aeropuertos o con orden de expulsión.
En muchos casos no se podrá reunir la documentación necesaria antes de vencer el plazo de devolución y de expulsión, con lo cual quedará vulnerado el derecho a la defensa reconocido por la Constitución.
El Proyecto trata de dificultar al máximo el acceso a los recursos judiciales ante la jurisdicción contencioso-administrativa, frente a las resoluciones gubernativas que pongan fin a la vía administrativa en materia de denegaciones de entrada, devolución o expulsión, al exigir que la persona inmigrante declare formalmente su intención de recurrir.
No se establecen verdaderas garantías para las mujeres indocumentadas víctimas de violencia de género, ya que se obliga a la iniciación de un expediente sancionador a aquellas mujeres en situación irregular que denuncien estos hechos ante la policía, desincentivando estas mismas denuncias. Así mismo, se supedita la autorización de residencia y trabajo a que los procedimientos penales resulten favorables, dejándolas en situación de desamparo cuando el procedimiento penal se archive
por sobreseimiento provisional.
El proyecto articula un esquema de nacionalismo económico propio de la “preferencia del español ” y consagra y refuerza la visión utilitarista de la inmigración, al seguir conectándola con las necesidades de la situación nacional de empleo.
Se olvida que una condición básica de la integración social es la integración política y el acceso a la ciudadanía, de acuerdo al principio constitucional de igualdad. Sin desconocer la literalidad del art. 13 de la Constitución, el Proyecto no establece avances reales para la participación política de las personas inmigrantes.
El Derecho a la educación no obligatoria de mayores de 18 años se restringe a las personas extranjeras “residentes”, quebrando así un derecho fundamental que tiene especial proyección y alcance también en materia de integración social.
El Proyecto establece medidas de control policial de las entradas y salidas de las personas extranjeras no comunitarias, con grave afectación al derecho a la intimidad, ya que el registro policial de entradas y salidas se vendría a configurar como un sistema ordinario de control policial.
Se olvida de flexibilizar los casos y supuestos para obtener la autorización de residencia temporal, dejando en un inadmisible limbo jurídico a miles de personas, y sin poner remedio a la práctica de no conceder el permiso de autorización y residencia por arraigo social a las personas extranjeras que tengan una orden de expulsión.
El Proyecto tampoco establece las bases para una regularización de las trabajadoras y trabajadores sin papeles que de modo notorio existen en el Estado español y que se ven cerradas las puertas para el acceso a una estancia autorizada.
Por todo lo denunciado:
MANIFESTAMOS nuestro más enérgico rechazo contra una reforma de la Ley de Extranjería que supone una grave regresión en los derechos reconocidos a la población de origen extranjero, profundizando en el carácter represivo de las políticas de inmigración.
LAMENTAMOS que no se adopte una política respetuosa de los Derechos Humanos y más acorde con la realidad de la inmigración, atendiendo a una visión global de la misma en cuanto a las causas de las migraciones y en cuanto a las responsabilidades que tiene la sociedad de llegada para favorecer la convivencia.
CONDENAMOS la utilización de la crisis económica como justificación para aprobar una “ley populista” que no va a resolver los graves problemas económicos y de desempleo del país y que sólo conseguirá desviar la atención sobre las causas reales y los verdaderos responsables de la crisis, convirtiendo a las personas migrantes en el nuevo chivo expiatorio.
EXIGIMOS la retirada del actual proyecto de reforma de la Ley de Extranjería e instamos al Gobierno y a las Cortes españolas a que adopten las disposiciones para establecer una política que restituya los derechos humanos y la dignidad de las personas migrantes que residen en el Estado español.
ORGANIZACIONES Y COLECTIVOS FIRMANTES:
Acción en Red, Acción Social Protestante, Acera de Enfrente, ACIAB (Asociación Cultural Iberoamericana Andrés Bello), ACSUR-Las Segovias (Asociación para la Cooperación con el Sur), ADRA España, Afro Aid España, AMDH-Madrid (Asociación Marroquí de los Derechos Humanos), ATTAC, ATTAC Catalunya, APDHA (Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía), APDHE (Asociación Pro-Derechos Humanos de España), Asoc. Amigos del Uruguay, Asoc. Alqantara para la Cooperación y el Codesarrollo, Asoc. Chispa de Madrid, Asoc. de la Comunidad Hispano-Palestina “Jerusalén”, Asoc. NEXOS, Asoc. Nuevo Humanismo de Móstoles, Asoc. Tentempié, AA.VV. de Carabanchel Alto, AA.VV. de Quintana, Casa Argentina de Madrid, Casapueblos, CEAR-Madrid (Comisión Española de Ayuda al Refugiado), CEDEHU (Centro de Defensa y Estudio de Derechos Humanos), Centro Uruguayo de Madrid, CJE (Consejo de la Juventud de España), Comité Oscar Romero de Madrid, CONADEE (Coordinadora Nacional de Ecuatorianos en España), Confederación Intersindical, Coordinadora de Barrios, Creamos en Acción, Cristianos de Base de Madrid, Ecologistas en Acción, Economistas Sin Fronteras, ENAR-España (European Network Against Racism), En Lucha, Escuela Popular de Adultos del Barrio del Pilar, FAPRE (Federación de Asociaciones de Paraguayos Residentes en España), FEDACHES (Federación de Asociaciones de Chilenos en España), Federación de Asociaciones de
Defensa y Promoción de los Derechos Humanos – España, FERINE (Federación de Asociaciones de
Refugiados e Inmigrantes de España), Foro Social de Madrid, FSMM (Foro Social Mundial de las Migraciones), FRAVM (Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid), Fundación IEPALA, Grupo Inmigración y Sistema Penal, Intersindical Valenciana, Izquierda Anticapitalista, Izquierda Unida-Comunidad de Madrid, Jóvenes de IU-CM, Médicos del Mundo, Movimiento contra la Intolerancia, OSPAAAL (Organización de Solidaridad para Asia, África y América Latina), Parroquia San Carlos Borromeo, Partido Comunista de Madrid, Plataforma “Salvemos la Hospitalidad”, Plataforma de Solidaridad con Chiapas de Madrid, Pueblos Unidos, Campaña ¿Quién debe a quién?, Radio Vallekas, Red Acoge, Red de Apoyo Ferrocarril Clandestino, REDIMadrid (Red Estatal por los Derechos de los Inmigrantes), Red de Jóvenes Palestinos, SOS Racismo-Madrid, Tejedoras, UJCE (Unión de Juventudes Comunistas de España), Uruguayos por el Mundo (Vigo), USO (Unión Sindical Obrera), Vía Democrática-Madrid…
Imágenes tomadas en la celebración de la manifestación celebrada el pasado 17 de Octubre de 2009, con motivo de parar la Ley actual de Extranjería.
Seguidamente, adjunto el texto aprobado para la convocatoria de este día:
Madrid 17 de Octubre, 11,30 horas: Atocha-Tirso de Molina. Paremos la reforma de la Ley de extranjería
TENEMOS DERECHO A TENER DERECHOS
Organizaciones sociales, de inmigrantes, de derechos humanos y de solidaridad internacional, sindicatos y organizaciones profesionales, para quienes la defensa de los derechos humanos constituye el eje central de la construcción de cualquier sociedad democrática y para quienes la actual la crisis es fruto de una globalización neoliberal que atenta contra los derechos y condiciones de vida de las personas más vulnerables e impone la adopción de políticas económicas y sociales regresivas y represivas contra el conjunto de la población, pero especialmente contra la población migrante, tal y como fuera denunciado por el III Foro Social Mundial de la Migraciones en su Segunda Declaración de Rivas:
DENUNCIAMOS
Que el 26 de junio de 2009, el Consejo de Ministros aprobó enviar al Congreso y al Senado una nueva reforma de la Ley de Extranjería que lesiona gravemente los derechos y libertades de la población extranjera y autóctona, por los motivos que a continuación se exponen:
El proyecto de reforma de la Ley redactado por el Gobierno no ha sido consensuado con las organizaciones sociales, siendo su resultado una ley muy alejada de la realidad social de la inmigración en el país. La futura ley profundizará en una visión de la inmigración como problema eminentemente policial, contribuyendo, de esta forma, a criminalizar a las personas de origen extranjero y a precarizar aún más la situación del colectivo.
La nueva reforma agrava, por tanto, en medidas de persecución, sanción y castigo contra personas extranjeras y autóctonas, en lugar de establecer una verdadera política estatal de integración social, que implique al conjunto de la sociedad, y que efectivamente se oriente hacia la protección de las libertades y derechos de la población extranjera y autóctona en el Estado español.
Las sanciones contra la población extranjera son desproporcionadas, contemplando privaciones de libertad y expulsiones forzosas por ejercer sus derechos fundamentales y manteniendo el desproporcionado e injusto sistema de sancionar con expulsión la mera estancia irregular o el mero hecho de trabajar sin permiso de trabajo. Faltas administrativas que para un nacional no suponen más que una multa económica, para una persona extranjera pueden llegar a suponer su detención e
internamiento, por un periodo de hasta 60 días (ampliable hasta 74 días), en un Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE.)
Un tipo de centros que ofrecen menos garantías que las cárceles y que han sido denunciados por el Parlamento Europeo y el Defensor del Pueblo por las condiciones de precariedad e indefensión a las que se ven sometidas las personas privadas de libertad en su interior. Además, el aumento del periodo de internamiento de 40 días, como contempla la actual ley, a 60 días, supone la violación del compromiso adquirido por el Gobierno de no aplicar en esta parte la Directiva de Retorno
de la Unión Europea en el Estado español.
Las personas solicitantes de asilo internadas en CIE, sufrirán una penalización de 14 días más de privación de libertad por ejercer su derecho fundamental a pedir refugio en el país, ante la posibilidad de ser expulsadas a su país de origen y tener temores fundados a ser perseguidas por sus opiniones políticas, su religión, su raza, su nacionalidad, su orientación sexual o su género.
Se criminaliza la solidaridad al perseguir un valor tan esencial del ser humano como es la hospitalidad. Con la nueva reforma de la Ley de Extranjería las personas que inviten y acojan en su casa a personas de origen extranjero que, por los motivos que sean, decidan continuar su permanencia en el Estado español más allá de la estancia legal permitida, podrán ser multadas con hasta 10.000 euros. Deliberadamente se culpabiliza a quién no ha cometido ninguna infracción ni delito, con la
finalidad de perseguir a terceras personas que, en muchos casos, se encuentran en situación de vulnerabilidad e indefensión.
Las sanciones contra quién empadrone a una persona extranjera que no resida habitualmente en su vivienda, suponen otra muestra más del acoso al que se verán sometidas las personas hospitalarias y solidarias. La amenaza de sanciones obstaculizará el empadronamiento de la población extranjera y la obtención de la tarjeta sanitaria, vulnerando el derecho a la salud del colectivo y de la sociedad en su conjunto. De esta forma se está obstaculizando el acceso a un derecho básico
reconocido por la propia Constitución Española.
La insistencia en el proyecto de Ley por reconocer derechos a las personas extranjeras residentes legales frente a las personas sin papeles a las que se niega servicios y ayudas sociales, aumentará la precariedad, desprotección y vulnerabilidad de las personas migrantes con menores recursos y oportunidades. Situación que contribuirá a favorecer fenómenos de marginación social, rechazo, xenofobia y racismo contra las personas extranjeras en situación irregular.
Un derecho tan básico para cualquier persona como es el derecho a vivir en familia, reconocido universalmente por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, se ve seriamente amenazado por las nuevas disposiciones del proyecto de reforma de la Ley de Extranjería. Las fuertes restricciones a la reagrupación familiar para aquellas y aquellos ascendientes menores de 65 años y la imposición de al menos 5 años de residencia en para poder reagrupar, supone la ruptura de muchas familias y facilita enormemente que se puedan dar situaciones de desprotección de personas
dependientes que necesitan del cuidado de sus familiares.
Por otro lado, limitar el derecho a la reagrupación de los abuelos y las abuelas significa también impedir que las redes familiares puedan seguir apoyando a las mujeres inmigrantes, para que
éstas puedan participar en el espacio social.
El tratamiento que se da a las y los menores extranjeros no acompañados en el proyecto de reforma de la Ley, es extremadamente preocupante. Se prima la condición de extranjero sobre la de menor, haciendo oídos sordos de la Convención de Derechos del Niño de la ONU y favoreciendo violaciones flagrantes de los derechos del menor.
El principal interés que se trasluce no es el “interés superior del menor” sino la obsesión por expulsar del país a cuantas más personas extranjeras mejor, cuando ningún menor debe ser considerado irregular y por tanto ser expulsado ni expuesto a una situación de vulnerabilidad.
El derecho a la justicia gratuita que asiste a toda persona, independientemente de su origen, se verá perjudicado. La obligación de aumentar las pruebas documentales que acrediten la falta de recursos económicos para la designación de un abogado de oficio, limitará el acceso a la defensa jurídica de las personas rechazadas en aeropuertos o con orden de expulsión.
En muchos casos no se podrá reunir la documentación necesaria antes de vencer el plazo de devolución y de expulsión, con lo cual quedará vulnerado el derecho a la defensa reconocido por la Constitución.
El Proyecto trata de dificultar al máximo el acceso a los recursos judiciales ante la jurisdicción contencioso-administrativa, frente a las resoluciones gubernativas que pongan fin a la vía administrativa en materia de denegaciones de entrada, devolución o expulsión, al exigir que la persona inmigrante declare formalmente su intención de recurrir.
No se establecen verdaderas garantías para las mujeres indocumentadas víctimas de violencia de género, ya que se obliga a la iniciación de un expediente sancionador a aquellas mujeres en situación irregular que denuncien estos hechos ante la policía, desincentivando estas mismas denuncias. Así mismo, se supedita la autorización de residencia y trabajo a que los procedimientos penales resulten favorables, dejándolas en situación de desamparo cuando el procedimiento penal se archive
por sobreseimiento provisional.
El proyecto articula un esquema de nacionalismo económico propio de la “preferencia del español ” y consagra y refuerza la visión utilitarista de la inmigración, al seguir conectándola con las necesidades de la situación nacional de empleo.
Se olvida que una condición básica de la integración social es la integración política y el acceso a la ciudadanía, de acuerdo al principio constitucional de igualdad. Sin desconocer la literalidad del art. 13 de la Constitución, el Proyecto no establece avances reales para la participación política de las personas inmigrantes.
El Derecho a la educación no obligatoria de mayores de 18 años se restringe a las personas extranjeras “residentes”, quebrando así un derecho fundamental que tiene especial proyección y alcance también en materia de integración social.
El Proyecto establece medidas de control policial de las entradas y salidas de las personas extranjeras no comunitarias, con grave afectación al derecho a la intimidad, ya que el registro policial de entradas y salidas se vendría a configurar como un sistema ordinario de control policial.
Se olvida de flexibilizar los casos y supuestos para obtener la autorización de residencia temporal, dejando en un inadmisible limbo jurídico a miles de personas, y sin poner remedio a la práctica de no conceder el permiso de autorización y residencia por arraigo social a las personas extranjeras que tengan una orden de expulsión.
El Proyecto tampoco establece las bases para una regularización de las trabajadoras y trabajadores sin papeles que de modo notorio existen en el Estado español y que se ven cerradas las puertas para el acceso a una estancia autorizada.
Por todo lo denunciado:
MANIFESTAMOS nuestro más enérgico rechazo contra una reforma de la Ley de Extranjería que supone una grave regresión en los derechos reconocidos a la población de origen extranjero, profundizando en el carácter represivo de las políticas de inmigración.
LAMENTAMOS que no se adopte una política respetuosa de los Derechos Humanos y más acorde con la realidad de la inmigración, atendiendo a una visión global de la misma en cuanto a las causas de las migraciones y en cuanto a las responsabilidades que tiene la sociedad de llegada para favorecer la convivencia.
CONDENAMOS la utilización de la crisis económica como justificación para aprobar una “ley populista” que no va a resolver los graves problemas económicos y de desempleo del país y que sólo conseguirá desviar la atención sobre las causas reales y los verdaderos responsables de la crisis, convirtiendo a las personas migrantes en el nuevo chivo expiatorio.
EXIGIMOS la retirada del actual proyecto de reforma de la Ley de Extranjería e instamos al Gobierno y a las Cortes españolas a que adopten las disposiciones para establecer una política que restituya los derechos humanos y la dignidad de las personas migrantes que residen en el Estado español.
ORGANIZACIONES Y COLECTIVOS FIRMANTES:
Acción en Red, Acción Social Protestante, Acera de Enfrente, ACIAB (Asociación Cultural Iberoamericana Andrés Bello), ACSUR-Las Segovias (Asociación para la Cooperación con el Sur), ADRA España, Afro Aid España, AMDH-Madrid (Asociación Marroquí de los Derechos Humanos), ATTAC, ATTAC Catalunya, APDHA (Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía), APDHE (Asociación Pro-Derechos Humanos de España), Asoc. Amigos del Uruguay, Asoc. Alqantara para la Cooperación y el Codesarrollo, Asoc. Chispa de Madrid, Asoc. de la Comunidad Hispano-Palestina “Jerusalén”, Asoc. NEXOS, Asoc. Nuevo Humanismo de Móstoles, Asoc. Tentempié, AA.VV. de Carabanchel Alto, AA.VV. de Quintana, Casa Argentina de Madrid, Casapueblos, CEAR-Madrid (Comisión Española de Ayuda al Refugiado), CEDEHU (Centro de Defensa y Estudio de Derechos Humanos), Centro Uruguayo de Madrid, CJE (Consejo de la Juventud de España), Comité Oscar Romero de Madrid, CONADEE (Coordinadora Nacional de Ecuatorianos en España), Confederación Intersindical, Coordinadora de Barrios, Creamos en Acción, Cristianos de Base de Madrid, Ecologistas en Acción, Economistas Sin Fronteras, ENAR-España (European Network Against Racism), En Lucha, Escuela Popular de Adultos del Barrio del Pilar, FAPRE (Federación de Asociaciones de Paraguayos Residentes en España), FEDACHES (Federación de Asociaciones de Chilenos en España), Federación de Asociaciones de
Defensa y Promoción de los Derechos Humanos – España, FERINE (Federación de Asociaciones de
Refugiados e Inmigrantes de España), Foro Social de Madrid, FSMM (Foro Social Mundial de las Migraciones), FRAVM (Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid), Fundación IEPALA, Grupo Inmigración y Sistema Penal, Intersindical Valenciana, Izquierda Anticapitalista, Izquierda Unida-Comunidad de Madrid, Jóvenes de IU-CM, Médicos del Mundo, Movimiento contra la Intolerancia, OSPAAAL (Organización de Solidaridad para Asia, África y América Latina), Parroquia San Carlos Borromeo, Partido Comunista de Madrid, Plataforma “Salvemos la Hospitalidad”, Plataforma de Solidaridad con Chiapas de Madrid, Pueblos Unidos, Campaña ¿Quién debe a quién?, Radio Vallekas, Red Acoge, Red de Apoyo Ferrocarril Clandestino, REDIMadrid (Red Estatal por los Derechos de los Inmigrantes), Red de Jóvenes Palestinos, SOS Racismo-Madrid, Tejedoras, UJCE (Unión de Juventudes Comunistas de España), Uruguayos por el Mundo (Vigo), USO (Unión Sindical Obrera), Vía Democrática-Madrid…
Imágenes tomadas en la celebración de la manifestación celebrada el pasado 17 de Octubre de 2009, con motivo de parar la Ley actual de Extranjería.
Seguidamente, adjunto el texto aprobado para la convocatoria de este día:
Madrid 17 de Octubre, 11,30 horas: Atocha-Tirso de Molina. Paremos la reforma de la Ley de extranjería
TENEMOS DERECHO A TENER DERECHOS
Organizaciones sociales, de inmigrantes, de derechos humanos y de solidaridad internacional, sindicatos y organizaciones profesionales, para quienes la defensa de los derechos humanos constituye el eje central de la construcción de cualquier sociedad democrática y para quienes la actual la crisis es fruto de una globalización neoliberal que atenta contra los derechos y condiciones de vida de las personas más vulnerables e impone la adopción de políticas económicas y sociales regresivas y represivas contra el conjunto de la población, pero especialmente contra la población migrante, tal y como fuera denunciado por el III Foro Social Mundial de la Migraciones en su Segunda Declaración de Rivas:
DENUNCIAMOS
Que el 26 de junio de 2009, el Consejo de Ministros aprobó enviar al Congreso y al Senado una nueva reforma de la Ley de Extranjería que lesiona gravemente los derechos y libertades de la población extranjera y autóctona, por los motivos que a continuación se exponen:
El proyecto de reforma de la Ley redactado por el Gobierno no ha sido consensuado con las organizaciones sociales, siendo su resultado una ley muy alejada de la realidad social de la inmigración en el país. La futura ley profundizará en una visión de la inmigración como problema eminentemente policial, contribuyendo, de esta forma, a criminalizar a las personas de origen extranjero y a precarizar aún más la situación del colectivo.
La nueva reforma agrava, por tanto, en medidas de persecución, sanción y castigo contra personas extranjeras y autóctonas, en lugar de establecer una verdadera política estatal de integración social, que implique al conjunto de la sociedad, y que efectivamente se oriente hacia la protección de las libertades y derechos de la población extranjera y autóctona en el Estado español.
Las sanciones contra la población extranjera son desproporcionadas, contemplando privaciones de libertad y expulsiones forzosas por ejercer sus derechos fundamentales y manteniendo el desproporcionado e injusto sistema de sancionar con expulsión la mera estancia irregular o el mero hecho de trabajar sin permiso de trabajo. Faltas administrativas que para un nacional no suponen más que una multa económica, para una persona extranjera pueden llegar a suponer su detención e
internamiento, por un periodo de hasta 60 días (ampliable hasta 74 días), en un Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE.)
Un tipo de centros que ofrecen menos garantías que las cárceles y que han sido denunciados por el Parlamento Europeo y el Defensor del Pueblo por las condiciones de precariedad e indefensión a las que se ven sometidas las personas privadas de libertad en su interior. Además, el aumento del periodo de internamiento de 40 días, como contempla la actual ley, a 60 días, supone la violación del compromiso adquirido por el Gobierno de no aplicar en esta parte la Directiva de Retorno
de la Unión Europea en el Estado español.
Las personas solicitantes de asilo internadas en CIE, sufrirán una penalización de 14 días más de privación de libertad por ejercer su derecho fundamental a pedir refugio en el país, ante la posibilidad de ser expulsadas a su país de origen y tener temores fundados a ser perseguidas por sus opiniones políticas, su religión, su raza, su nacionalidad, su orientación sexual o su género.
Se criminaliza la solidaridad al perseguir un valor tan esencial del ser humano como es la hospitalidad. Con la nueva reforma de la Ley de Extranjería las personas que inviten y acojan en su casa a personas de origen extranjero que, por los motivos que sean, decidan continuar su permanencia en el Estado español más allá de la estancia legal permitida, podrán ser multadas con hasta 10.000 euros. Deliberadamente se culpabiliza a quién no ha cometido ninguna infracción ni delito, con la
finalidad de perseguir a terceras personas que, en muchos casos, se encuentran en situación de vulnerabilidad e indefensión.
Las sanciones contra quién empadrone a una persona extranjera que no resida habitualmente en su vivienda, suponen otra muestra más del acoso al que se verán sometidas las personas hospitalarias y solidarias. La amenaza de sanciones obstaculizará el empadronamiento de la población extranjera y la obtención de la tarjeta sanitaria, vulnerando el derecho a la salud del colectivo y de la sociedad en su conjunto. De esta forma se está obstaculizando el acceso a un derecho básico
reconocido por la propia Constitución Española.
La insistencia en el proyecto de Ley por reconocer derechos a las personas extranjeras residentes legales frente a las personas sin papeles a las que se niega servicios y ayudas sociales, aumentará la precariedad, desprotección y vulnerabilidad de las personas migrantes con menores recursos y oportunidades. Situación que contribuirá a favorecer fenómenos de marginación social, rechazo, xenofobia y racismo contra las personas extranjeras en situación irregular.
Un derecho tan básico para cualquier persona como es el derecho a vivir en familia, reconocido universalmente por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, se ve seriamente amenazado por las nuevas disposiciones del proyecto de reforma de la Ley de Extranjería. Las fuertes restricciones a la reagrupación familiar para aquellas y aquellos ascendientes menores de 65 años y la imposición de al menos 5 años de residencia en para poder reagrupar, supone la ruptura de muchas familias y facilita enormemente que se puedan dar situaciones de desprotección de personas
dependientes que necesitan del cuidado de sus familiares.
Por otro lado, limitar el derecho a la reagrupación de los abuelos y las abuelas significa también impedir que las redes familiares puedan seguir apoyando a las mujeres inmigrantes, para que
éstas puedan participar en el espacio social.
El tratamiento que se da a las y los menores extranjeros no acompañados en el proyecto de reforma de la Ley, es extremadamente preocupante. Se prima la condición de extranjero sobre la de menor, haciendo oídos sordos de la Convención de Derechos del Niño de la ONU y favoreciendo violaciones flagrantes de los derechos del menor.
El principal interés que se trasluce no es el “interés superior del menor” sino la obsesión por expulsar del país a cuantas más personas extranjeras mejor, cuando ningún menor debe ser considerado irregular y por tanto ser expulsado ni expuesto a una situación de vulnerabilidad.
El derecho a la justicia gratuita que asiste a toda persona, independientemente de su origen, se verá perjudicado. La obligación de aumentar las pruebas documentales que acrediten la falta de recursos económicos para la designación de un abogado de oficio, limitará el acceso a la defensa jurídica de las personas rechazadas en aeropuertos o con orden de expulsión.
En muchos casos no se podrá reunir la documentación necesaria antes de vencer el plazo de devolución y de expulsión, con lo cual quedará vulnerado el derecho a la defensa reconocido por la Constitución.
El Proyecto trata de dificultar al máximo el acceso a los recursos judiciales ante la jurisdicción contencioso-administrativa, frente a las resoluciones gubernativas que pongan fin a la vía administrativa en materia de denegaciones de entrada, devolución o expulsión, al exigir que la persona inmigrante declare formalmente su intención de recurrir.
No se establecen verdaderas garantías para las mujeres indocumentadas víctimas de violencia de género, ya que se obliga a la iniciación de un expediente sancionador a aquellas mujeres en situación irregular que denuncien estos hechos ante la policía, desincentivando estas mismas denuncias. Así mismo, se supedita la autorización de residencia y trabajo a que los procedimientos penales resulten favorables, dejándolas en situación de desamparo cuando el procedimiento penal se archive
por sobreseimiento provisional.
El proyecto articula un esquema de nacionalismo económico propio de la “preferencia del español ” y consagra y refuerza la visión utilitarista de la inmigración, al seguir conectándola con las necesidades de la situación nacional de empleo.
Se olvida que una condición básica de la integración social es la integración política y el acceso a la ciudadanía, de acuerdo al principio constitucional de igualdad. Sin desconocer la literalidad del art. 13 de la Constitución, el Proyecto no establece avances reales para la participación política de las personas inmigrantes.
El Derecho a la educación no obligatoria de mayores de 18 años se restringe a las personas extranjeras “residentes”, quebrando así un derecho fundamental que tiene especial proyección y alcance también en materia de integración social.
El Proyecto establece medidas de control policial de las entradas y salidas de las personas extranjeras no comunitarias, con grave afectación al derecho a la intimidad, ya que el registro policial de entradas y salidas se vendría a configurar como un sistema ordinario de control policial.
Se olvida de flexibilizar los casos y supuestos para obtener la autorización de residencia temporal, dejando en un inadmisible limbo jurídico a miles de personas, y sin poner remedio a la práctica de no conceder el permiso de autorización y residencia por arraigo social a las personas extranjeras que tengan una orden de expulsión.
El Proyecto tampoco establece las bases para una regularización de las trabajadoras y trabajadores sin papeles que de modo notorio existen en el Estado español y que se ven cerradas las puertas para el acceso a una estancia autorizada.
Por todo lo denunciado:
MANIFESTAMOS nuestro más enérgico rechazo contra una reforma de la Ley de Extranjería que supone una grave regresión en los derechos reconocidos a la población de origen extranjero, profundizando en el carácter represivo de las políticas de inmigración.
LAMENTAMOS que no se adopte una política respetuosa de los Derechos Humanos y más acorde con la realidad de la inmigración, atendiendo a una visión global de la misma en cuanto a las causas de las migraciones y en cuanto a las responsabilidades que tiene la sociedad de llegada para favorecer la convivencia.
CONDENAMOS la utilización de la crisis económica como justificación para aprobar una “ley populista” que no va a resolver los graves problemas económicos y de desempleo del país y que sólo conseguirá desviar la atención sobre las causas reales y los verdaderos responsables de la crisis, convirtiendo a las personas migrantes en el nuevo chivo expiatorio.
EXIGIMOS la retirada del actual proyecto de reforma de la Ley de Extranjería e instamos al Gobierno y a las Cortes españolas a que adopten las disposiciones para establecer una política que restituya los derechos humanos y la dignidad de las personas migrantes que residen en el Estado español.
ORGANIZACIONES Y COLECTIVOS FIRMANTES:
Acción en Red, Acción Social Protestante, Acera de Enfrente, ACIAB (Asociación Cultural Iberoamericana Andrés Bello), ACSUR-Las Segovias (Asociación para la Cooperación con el Sur), ADRA España, Afro Aid España, AMDH-Madrid (Asociación Marroquí de los Derechos Humanos), ATTAC, ATTAC Catalunya, APDHA (Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía), APDHE (Asociación Pro-Derechos Humanos de España), Asoc. Amigos del Uruguay, Asoc. Alqantara para la Cooperación y el Codesarrollo, Asoc. Chispa de Madrid, Asoc. de la Comunidad Hispano-Palestina “Jerusalén”, Asoc. NEXOS, Asoc. Nuevo Humanismo de Móstoles, Asoc. Tentempié, AA.VV. de Carabanchel Alto, AA.VV. de Quintana, Casa Argentina de Madrid, Casapueblos, CEAR-Madrid (Comisión Española de Ayuda al Refugiado), CEDEHU (Centro de Defensa y Estudio de Derechos Humanos), Centro Uruguayo de Madrid, CJE (Consejo de la Juventud de España), Comité Oscar Romero de Madrid, CONADEE (Coordinadora Nacional de Ecuatorianos en España), Confederación Intersindical, Coordinadora de Barrios, Creamos en Acción, Cristianos de Base de Madrid, Ecologistas en Acción, Economistas Sin Fronteras, ENAR-España (European Network Against Racism), En Lucha, Escuela Popular de Adultos del Barrio del Pilar, FAPRE (Federación de Asociaciones de Paraguayos Residentes en España), FEDACHES (Federación de Asociaciones de Chilenos en España), Federación de Asociaciones de
Defensa y Promoción de los Derechos Humanos – España, FERINE (Federación de Asociaciones de
Refugiados e Inmigrantes de España), Foro Social de Madrid, FSMM (Foro Social Mundial de las Migraciones), FRAVM (Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid), Fundación IEPALA, Grupo Inmigración y Sistema Penal, Intersindical Valenciana, Izquierda Anticapitalista, Izquierda Unida-Comunidad de Madrid, Jóvenes de IU-CM, Médicos del Mundo, Movimiento contra la Intolerancia, OSPAAAL (Organización de Solidaridad para Asia, África y América Latina), Parroquia San Carlos Borromeo, Partido Comunista de Madrid, Plataforma “Salvemos la Hospitalidad”, Plataforma de Solidaridad con Chiapas de Madrid, Pueblos Unidos, Campaña ¿Quién debe a quién?, Radio Vallekas, Red Acoge, Red de Apoyo Ferrocarril Clandestino, REDIMadrid (Red Estatal por los Derechos de los Inmigrantes), Red de Jóvenes Palestinos, SOS Racismo-Madrid, Tejedoras, UJCE (Unión de Juventudes Comunistas de España), Uruguayos por el Mundo (Vigo), USO (Unión Sindical Obrera), Vía Democrática-Madrid…
Imágenes tomadas en la celebración de la manifestación celebrada el pasado 17 de Octubre de 2009, con motivo de parar la Ley actual de Extranjería.
Seguidamente, adjunto el texto aprobado para la convocatoria de este día:
Madrid 17 de Octubre, 11,30 horas: Atocha-Tirso de Molina. Paremos la reforma de la Ley de extranjería
TENEMOS DERECHO A TENER DERECHOS
Organizaciones sociales, de inmigrantes, de derechos humanos y de solidaridad internacional, sindicatos y organizaciones profesionales, para quienes la defensa de los derechos humanos constituye el eje central de la construcción de cualquier sociedad democrática y para quienes la actual la crisis es fruto de una globalización neoliberal que atenta contra los derechos y condiciones de vida de las personas más vulnerables e impone la adopción de políticas económicas y sociales regresivas y represivas contra el conjunto de la población, pero especialmente contra la población migrante, tal y como fuera denunciado por el III Foro Social Mundial de la Migraciones en su Segunda Declaración de Rivas:
DENUNCIAMOS
Que el 26 de junio de 2009, el Consejo de Ministros aprobó enviar al Congreso y al Senado una nueva reforma de la Ley de Extranjería que lesiona gravemente los derechos y libertades de la población extranjera y autóctona, por los motivos que a continuación se exponen:
El proyecto de reforma de la Ley redactado por el Gobierno no ha sido consensuado con las organizaciones sociales, siendo su resultado una ley muy alejada de la realidad social de la inmigración en el país. La futura ley profundizará en una visión de la inmigración como problema eminentemente policial, contribuyendo, de esta forma, a criminalizar a las personas de origen extranjero y a precarizar aún más la situación del colectivo.
La nueva reforma agrava, por tanto, en medidas de persecución, sanción y castigo contra personas extranjeras y autóctonas, en lugar de establecer una verdadera política estatal de integración social, que implique al conjunto de la sociedad, y que efectivamente se oriente hacia la protección de las libertades y derechos de la población extranjera y autóctona en el Estado español.
Las sanciones contra la población extranjera son desproporcionadas, contemplando privaciones de libertad y expulsiones forzosas por ejercer sus derechos fundamentales y manteniendo el desproporcionado e injusto sistema de sancionar con expulsión la mera estancia irregular o el mero hecho de trabajar sin permiso de trabajo. Faltas administrativas que para un nacional no suponen más que una multa económica, para una persona extranjera pueden llegar a suponer su detención e
internamiento, por un periodo de hasta 60 días (ampliable hasta 74 días), en un Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE.)
Un tipo de centros que ofrecen menos garantías que las cárceles y que han sido denunciados por el Parlamento Europeo y el Defensor del Pueblo por las condiciones de precariedad e indefensión a las que se ven sometidas las personas privadas de libertad en su interior. Además, el aumento del periodo de internamiento de 40 días, como contempla la actual ley, a 60 días, supone la violación del compromiso adquirido por el Gobierno de no aplicar en esta parte la Directiva de Retorno
de la Unión Europea en el Estado español.
Las personas solicitantes de asilo internadas en CIE, sufrirán una penalización de 14 días más de privación de libertad por ejercer su derecho fundamental a pedir refugio en el país, ante la posibilidad de ser expulsadas a su país de origen y tener temores fundados a ser perseguidas por sus opiniones políticas, su religión, su raza, su nacionalidad, su orientación sexual o su género.
Se criminaliza la solidaridad al perseguir un valor tan esencial del ser humano como es la hospitalidad. Con la nueva reforma de la Ley de Extranjería las personas que inviten y acojan en su casa a personas de origen extranjero que, por los motivos que sean, decidan continuar su permanencia en el Estado español más allá de la estancia legal permitida, podrán ser multadas con hasta 10.000 euros. Deliberadamente se culpabiliza a quién no ha cometido ninguna infracción ni delito, con la
finalidad de perseguir a terceras personas que, en muchos casos, se encuentran en situación de vulnerabilidad e indefensión.
Las sanciones contra quién empadrone a una persona extranjera que no resida habitualmente en su vivienda, suponen otra muestra más del acoso al que se verán sometidas las personas hospitalarias y solidarias. La amenaza de sanciones obstaculizará el empadronamiento de la población extranjera y la obtención de la tarjeta sanitaria, vulnerando el derecho a la salud del colectivo y de la sociedad en su conjunto. De esta forma se está obstaculizando el acceso a un derecho básico
reconocido por la propia Constitución Española.
La insistencia en el proyecto de Ley por reconocer derechos a las personas extranjeras residentes legales frente a las personas sin papeles a las que se niega servicios y ayudas sociales, aumentará la precariedad, desprotección y vulnerabilidad de las personas migrantes con menores recursos y oportunidades. Situación que contribuirá a favorecer fenómenos de marginación social, rechazo, xenofobia y racismo contra las personas extranjeras en situación irregular.
Un derecho tan básico para cualquier persona como es el derecho a vivir en familia, reconocido universalmente por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, se ve seriamente amenazado por las nuevas disposiciones del proyecto de reforma de la Ley de Extranjería. Las fuertes restricciones a la reagrupación familiar para aquellas y aquellos ascendientes menores de 65 años y la imposición de al menos 5 años de residencia en para poder reagrupar, supone la ruptura de muchas familias y facilita enormemente que se puedan dar situaciones de desprotección de personas
dependientes que necesitan del cuidado de sus familiares.
Por otro lado, limitar el derecho a la reagrupación de los abuelos y las abuelas significa también impedir que las redes familiares puedan seguir apoyando a las mujeres inmigrantes, para que
éstas puedan participar en el espacio social.
El tratamiento que se da a las y los menores extranjeros no acompañados en el proyecto de reforma de la Ley, es extremadamente preocupante. Se prima la condición de extranjero sobre la de menor, haciendo oídos sordos de la Convención de Derechos del Niño de la ONU y favoreciendo violaciones flagrantes de los derechos del menor.
El principal interés que se trasluce no es el “interés superior del menor” sino la obsesión por expulsar del país a cuantas más personas extranjeras mejor, cuando ningún menor debe ser considerado irregular y por tanto ser expulsado ni expuesto a una situación de vulnerabilidad.
El derecho a la justicia gratuita que asiste a toda persona, independientemente de su origen, se verá perjudicado. La obligación de aumentar las pruebas documentales que acrediten la falta de recursos económicos para la designación de un abogado de oficio, limitará el acceso a la defensa jurídica de las personas rechazadas en aeropuertos o con orden de expulsión.
En muchos casos no se podrá reunir la documentación necesaria antes de vencer el plazo de devolución y de expulsión, con lo cual quedará vulnerado el derecho a la defensa reconocido por la Constitución.
El Proyecto trata de dificultar al máximo el acceso a los recursos judiciales ante la jurisdicción contencioso-administrativa, frente a las resoluciones gubernativas que pongan fin a la vía administrativa en materia de denegaciones de entrada, devolución o expulsión, al exigir que la persona inmigrante declare formalmente su intención de recurrir.
No se establecen verdaderas garantías para las mujeres indocumentadas víctimas de violencia de género, ya que se obliga a la iniciación de un expediente sancionador a aquellas mujeres en situación irregular que denuncien estos hechos ante la policía, desincentivando estas mismas denuncias. Así mismo, se supedita la autorización de residencia y trabajo a que los procedimientos penales resulten favorables, dejándolas en situación de desamparo cuando el procedimiento penal se archive
por sobreseimiento provisional.
El proyecto articula un esquema de nacionalismo económico propio de la “preferencia del español ” y consagra y refuerza la visión utilitarista de la inmigración, al seguir conectándola con las necesidades de la situación nacional de empleo.
Se olvida que una condición básica de la integración social es la integración política y el acceso a la ciudadanía, de acuerdo al principio constitucional de igualdad. Sin desconocer la literalidad del art. 13 de la Constitución, el Proyecto no establece avances reales para la participación política de las personas inmigrantes.
El Derecho a la educación no obligatoria de mayores de 18 años se restringe a las personas extranjeras “residentes”, quebrando así un derecho fundamental que tiene especial proyección y alcance también en materia de integración social.
El Proyecto establece medidas de control policial de las entradas y salidas de las personas extranjeras no comunitarias, con grave afectación al derecho a la intimidad, ya que el registro policial de entradas y salidas se vendría a configurar como un sistema ordinario de control policial.
Se olvida de flexibilizar los casos y supuestos para obtener la autorización de residencia temporal, dejando en un inadmisible limbo jurídico a miles de personas, y sin poner remedio a la práctica de no conceder el permiso de autorización y residencia por arraigo social a las personas extranjeras que tengan una orden de expulsión.
El Proyecto tampoco establece las bases para una regularización de las trabajadoras y trabajadores sin papeles que de modo notorio existen en el Estado español y que se ven cerradas las puertas para el acceso a una estancia autorizada.
Por todo lo denunciado:
MANIFESTAMOS nuestro más enérgico rechazo contra una reforma de la Ley de Extranjería que supone una grave regresión en los derechos reconocidos a la población de origen extranjero, profundizando en el carácter represivo de las políticas de inmigración.
LAMENTAMOS que no se adopte una política respetuosa de los Derechos Humanos y más acorde con la realidad de la inmigración, atendiendo a una visión global de la misma en cuanto a las causas de las migraciones y en cuanto a las responsabilidades que tiene la sociedad de llegada para favorecer la convivencia.
CONDENAMOS la utilización de la crisis económica como justificación para aprobar una “ley populista” que no va a resolver los graves problemas económicos y de desempleo del país y que sólo conseguirá desviar la atención sobre las causas reales y los verdaderos responsables de la crisis, convirtiendo a las personas migrantes en el nuevo chivo expiatorio.
EXIGIMOS la retirada del actual proyecto de reforma de la Ley de Extranjería e instamos al Gobierno y a las Cortes españolas a que adopten las disposiciones para establecer una política que restituya los derechos humanos y la dignidad de las personas migrantes que residen en el Estado español.
ORGANIZACIONES Y COLECTIVOS FIRMANTES:
Acción en Red, Acción Social Protestante, Acera de Enfrente, ACIAB (Asociación Cultural Iberoamericana Andrés Bello), ACSUR-Las Segovias (Asociación para la Cooperación con el Sur), ADRA España, Afro Aid España, AMDH-Madrid (Asociación Marroquí de los Derechos Humanos), ATTAC, ATTAC Catalunya, APDHA (Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía), APDHE (Asociación Pro-Derechos Humanos de España), Asoc. Amigos del Uruguay, Asoc. Alqantara para la Cooperación y el Codesarrollo, Asoc. Chispa de Madrid, Asoc. de la Comunidad Hispano-Palestina “Jerusalén”, Asoc. NEXOS, Asoc. Nuevo Humanismo de Móstoles, Asoc. Tentempié, AA.VV. de Carabanchel Alto, AA.VV. de Quintana, Casa Argentina de Madrid, Casapueblos, CEAR-Madrid (Comisión Española de Ayuda al Refugiado), CEDEHU (Centro de Defensa y Estudio de Derechos Humanos), Centro Uruguayo de Madrid, CJE (Consejo de la Juventud de España), Comité Oscar Romero de Madrid, CONADEE (Coordinadora Nacional de Ecuatorianos en España), Confederación Intersindical, Coordinadora de Barrios, Creamos en Acción, Cristianos de Base de Madrid, Ecologistas en Acción, Economistas Sin Fronteras, ENAR-España (European Network Against Racism), En Lucha, Escuela Popular de Adultos del Barrio del Pilar, FAPRE (Federación de Asociaciones de Paraguayos Residentes en España), FEDACHES (Federación de Asociaciones de Chilenos en España), Federación de Asociaciones de
Defensa y Promoción de los Derechos Humanos – España, FERINE (Federación de Asociaciones de
Refugiados e Inmigrantes de España), Foro Social de Madrid, FSMM (Foro Social Mundial de las Migraciones), FRAVM (Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid), Fundación IEPALA, Grupo Inmigración y Sistema Penal, Intersindical Valenciana, Izquierda Anticapitalista, Izquierda Unida-Comunidad de Madrid, Jóvenes de IU-CM, Médicos del Mundo, Movimiento contra la Intolerancia, OSPAAAL (Organización de Solidaridad para Asia, África y América Latina), Parroquia San Carlos Borromeo, Partido Comunista de Madrid, Plataforma “Salvemos la Hospitalidad”, Plataforma de Solidaridad con Chiapas de Madrid, Pueblos Unidos, Campaña ¿Quién debe a quién?, Radio Vallekas, Red Acoge, Red de Apoyo Ferrocarril Clandestino, REDIMadrid (Red Estatal por los Derechos de los Inmigrantes), Red de Jóvenes Palestinos, SOS Racismo-Madrid, Tejedoras, UJCE (Unión de Juventudes Comunistas de España), Uruguayos por el Mundo (Vigo), USO (Unión Sindical Obrera), Vía Democrática-Madrid…