Estado mexicano: la falacia del combate al narcotráfico

miliko/guacho... tu seguridad es mi seguridad... ¿sera? (8/8)

 

Santiago Gallur Santorum*/Primera de cinco partes

18 septiembre 2011

 

Actualmente el narcotráfico es uno de los actores principales en los medios de comunicación de México. Lo anterior, debido a la contundencia y brutalidad de sus actos de los últimos años; sobre todo, a partir de la llamada “guerra” contra el narco que emprendió el gobierno de Felipe Calderón desde 2006. Pero el poder y la crueldad de sus acciones no fueron construidos de la noche a la mañana. A pesar de los abundantes trabajos periodísticos que presentan diarios, revistas, noticieros radiofónicos y documentales televisivos, los ciudadanos mexicanos están informados pobremente sobre el tema.

 

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Y es que hay algo que no encaja del todo en esta amalgama de noticias, detalles, datos e información. De repente un ejército de comunicadores nos pone al día sobre una de las estructuras del narcotráfico más complejas y mejor organizadas en todo el mundo. La cuestión es que la mayoría de las veces recibimos únicamente números, cifras y datos inconexos y no interrelacionados con un entorno rodeado de paredes salpicadas de sangre. El análisis simplemente no existe y la perspectiva histórica que nos permita comprender lo que ocurre en la actualidad se ha ido por el desagüe, junto con las vidas de miles de mexicanos. Son los “daños colaterales” de la información inmediata, poco analítica y lista para consumirse. Si esto no fuera así, entenderíamos sin ningún problema que somos víctimas, desde hace años, de un discurso antinarco ficticio y convencional, que si bien señala la violencia, los enfrentamientos y las muertes, esconde algo mucho más profundo: una política concernida.

 

Se nos asegura que con violencia se puede vencer al narcotráfico. El problema es que no existe la capacidad, ni la voluntad de acabar con éste. Esta afirmación requiere revisar y analizar los últimos 50 años de la historia de México, que de una forma u otra están relacionados con la violencia política y social que actualmente se vive. De este modo, el remontarnos hasta las décadas de 1960 y 1970 nos ayudará a desmantelar la veracidad de un discurso antinarco.

 

Los años maravillosos

 

Después de la Segunda Guerra Mundial, en un contexto en el que el mundo queda prácticamente dividido en dos ejes que pivotan sobre ideas políticas diametralmente opuestas (The National Security Archive, Nuclear history at the National Security Archive. www.gwu.edu/~nsarchiv/nsa/NC/nuchis.html#pubs), la juventud de algunos países desarrollados empieza a buscar un resguardo. Este recóndito lugar para poder expresarse con libertad y vivir una eterna adolescencia paradójicamente estaba en ellos mismos. En su cerebro. El principal problema es que, para acceder a éste, necesitaban un vehículo muy especial; algo que a pesar de que el ser humano lo utilizaba desde hacía muchos años –casi desde el principio de los tiempos–, nunca había sido promocionado de forma tan masiva por los ídolos de los jóvenes: las drogas ilegales. Así, mientras el cantante Jim Morrison alardeaba por todo el mundo del consumo de peyote y otras sustancias alucinógenas con repercusiones sobre la salud poco conocidas entonces, cientos de jóvenes experimentaban el sueño inducido de Peter Pan. Ese consumo y divulgación masiva como forma de rebelión contra los sistemas establecidos provocó un aumento exponencial de la demanda y, por lo tanto, un incremento directamente proporcional de la producción y distribución de este tipo de drogas. La marihuana, la heroína y la cocaína se convirtieron progresivamente en los símbolos de varias generaciones de jóvenes, fundamentalmente en los países ricos (JuanBarona Lobato,México ante el reto de las drogas).

 

El problema fue que la producción de este tipo de drogas se realizaba, por lógica, en los países que llevaban mucho tiempo de cultivar de forma habitual las plantas de las que se extrae la marihuana, la cocaína o el opio. Así, la cannabis sativa (cáñamo o marihuana), el arbusto de la hoja de coca o la amapola del opio (adormidera), pasaron de ser parte del cultivo minoritario, vinculado a usos medicinales, tradicionales o rituales de determinados pueblos indígenas en zonas concretas de Oriente y América Latina, a ser un producto de cultivo masivo. Lo anterior, gracias a la demanda para procesamiento y distribución en los países desarrollados. Es decir: la propaganda del consumo de drogas desde la generación hippie aumentó progresivamente su demanda en las décadas de 1960 y 1970. Al mismo tiempo, provocó un incremento exponencial de la oferta procedente de los países productores (Leónidas Gómez Ordoñez, Cártel:historia de la droga).

 

Consecuencias indirectas de la Guerra Fría

 

En esa misma época, el miedo a un ataque nuclear por parte del bando contrario, llevó a comunistas y capitalistas a repartirse el mundo como si se tratara de un pastel (The National Security Archive, Nuclear history. www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/index.html#Nuclear%20History). De hecho, la estrategia de este peligroso juego fue hacer lo que fuera y utilizar todo medio para acabar indirectamente con el enemigo (Alfred W McCoy, A question of torture). Por lo tanto, lo común fue afianzar las áreas de influencia de cada uno de los dos bandos al instaurar regímenes favorables en el poder o apoyar a determinados grupos para atacar al enemigo (The National Security Archive. Latin America. www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/index.html#Latin%20America).

 

De este modo, América Latina, bajo la influencia de Estados Unidos, sufrió a partir de entonces la instauración de regímenes dictatoriales veladamente apoyados por el gobierno estadunidense: proporcionaban armamento, recursos económicos, estratégicos, asesoramiento y apoyo a las “dictaduras amigas” (Peter Dale Scott y Jonathan Marshall, Cocaine politics. Drugs, armies and the CIA in Central America). Las consecuencias de esta política de exterminio fueron conocidas en su momento aunque silenciadas: miles de muertos, detenidos, desaparecidos, secuestrados y torturados (The National Security Archive. Latin America. www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/index.html#Latin%20America). Esta situación fue usual en todos los países latinoamericanos y con especial magnitud en México (Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Informe especial sobre las quejas en materia de desapariciones forzadas ocurridas en la década de 1970 y principios de 1980). Si bien algunos de estos países ya habían tenido regímenes dictatoriales y otros en las décadas de 1960 y 1970 los tendrían, la estrategia estadunidense fue la misma.

 

Esta cadena permite entender el desarrollo de los grupos paramilitares (Jorge Luis Sierra Guzmán, El enemigo interno. Contrainsurgencia y fuerzas armadas en México) con el consentimiento y, en ciertos casos, la tutela de Estados Unidos, perfectamente consciente de todos los actos de tortura, secuestros y asesinatos masivos, gracias a la exhaustiva información proporcionada por sus agencias de inteligencia (The National Security Archive. The Mexico project. www.gwu.edu/~nsarchiv/mexico/).

 

Evidencias ocultas

 

Así, la demanda de drogas provocó un aumento de la producción, transporte y distribución en los países productores de América Latina (Juan Barona Lobato, México ante el reto de las drogas), bajo la influencia de Estados Unidos que conocía perfectamente las actividades represivas de sus regímenes dictatoriales aliados (Leónidas Gómez, Cártel. Historia de la droga). Asimismo, el tráfico de éstas fue conocido y tolerado por Estados Unidos (Peter Dale Scott y Jonathan Marshall, Cocaine politics. Drugs, armies and the CIA in Central America), el principal consumidor de drogas cultivadas, producidas y distribuidas en América Latina. Es más: conforme a la versión oficial, tanto México como Estados Unidos lucharon activamente ya en las décadas de 1960 y 1970 contra el tráfico de drogas y los cárteles (JuanBarona Lobato,México ante el reto de las drogas). La realidad, sin embargo, fue otra: el consumo de drogas como la cocaína y la heroína aumentó exponencialmente en Estados Unidos a partir de 1960, de la mano del cultivo, producción y distribución de drogas directamente proporcional a la demanda de los países desarrollados (Carlos Loret de Mola, El negocio. La economía de México atrapada por el narcotráfico).

 

Obviamente, el paso por México de los cargamentos de drogas para el consumo estadunidense era totalmente obligado, al utilizar el territorio nacional como ruta de transporte o punto de carga y descarga (JuanBarona Lobato,México ante el reto de las drogas). Es evidente que si en Estados Unidos el consumo de drogas producidas en Suramérica se incrementó de forma desmesurada, fue gracias a la facilidad y fluidez del paso de los cargamentos de estupefacientes por territorio mexicano, tanto por tierra, mar o aire (Carlos Loret de Mola, El negocio. La economía de México atrapada por el narcotráfico). Esto implica, por lógica, que ambos países han permitido el tráfico de drogas.

 

Una parte de los grupos de policías y militares con entrenamiento estadunidense en tareas de contrainsurgencia era la encargada de detener, torturar, desaparecer y ejecutar a toda persona supuestamente vinculada a grupos comunistas (Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Informe especial sobre las quejas en materia de desapariciones forzadas ocurridas en la década de 1970 y principios de 1980; Luis Sierra Guzmán, El enemigo interno. Contrainsurgencia y fuerzas armadas en México) y, al mismo tiempo, estaba vinculada de uno u otro modo al narcotráfico. Concretamente, la extinta Dirección Federal de Seguridad encargada de llevar a cabo tareas de control social y lucha contra el comunismo. Sus efectivos policiacos compatibilizaban su actividad con el tráfico de drogas (Sergio Aguayo, La charola. Una historia de los servicios de inteligencia en México). Los nombres abundan hasta tal punto que para entender la magnitud de esta retroalimentación entre fuerzas de seguridad mexicanas y narcotraficantes, solamente hace falta repasar las biografías de de los más importantes capos mexicanos, que precisamente entraron en los cuerpos policiales como forma de abrirse camino en el duro mundo del narcotráfico (ídem). Este patrón se repite hasta la fecha: parte de las fuerzas policiales o castrenses están inmiscuidas en el tráfico de drogas; al mismo tiempo, estas fuerzas –en su carácter institucional– son las que dominan la orientación y el control de la política antidrogas. Profundizaremos en este análisis en las próximas entregas.

 

Parte 2/5

25 septiembre 2011

Santiago Gallur Santorum*/Segunda parte

 

México 1980: el nacimiento de los cárteles

 

La década de 1980 supone el principio de una serie de inercias políticas, policiales, militares y económicas que estarán presentes tanto en la lucha contra el narcotráfico mexicano como en el discurso político antinarco. Es más, para ser exactos, se podría decir que en esta época se puede empezar a identificar la utilización política del discurso de la lucha contra el narcotráfico como medio de justificación para ejercer un férreo y violento control sobre la población civil.

 

Y es que esta década está caracterizada por una serie de cambios económicos, políticos y sociales en México que derivaron en una expansión del descontento social a lo largo del país, sobre todo en las zonas más deprimidas, lo cual lleva al desencadenamiento de importantes protestas, huelgas y manifestaciones. Éstas, por su intensidad y continuidad en el tiempo, parecen ser el germen de un levantamiento social al estilo revolucionario que se suponía erradicado en las décadas anteriores. Por ello, la necesidad del control del descontento social se hace evidente desde un primer momento.

 

El principal problema para las autoridades mexicanas es que la violenta represión de las ideas disidentes –llevada a cabo durante las décadas de 1960 y 1970– fue fuertemente cuestionada a nivel internacional. Por ello, el régimen necesita de una nueva estrategia que permita justificar la violencia y el control social. Paradójicamente, durante la década de 1980 se vive un momento de cierta “apertura” social en el que, a pesar de las dificultades y presiones gubernamentales, surgen algunos medios de comunicación que empiezan a sacar a la luz las miserias del país, convirtiéndose así en vehículos que externalizan el descontento de una parte importante de la población. Todo esto está acompañado por una crisis económica cada vez más aguda, caracterizada por una gran inflación, la devaluación del peso y una crisis alimentaria en determinadas zonas del país que pone de manifiesto que la más exagerada opulencia convive con el hambre y la desnutrición. A la vez, se hace demasiado frecuente la salida a la luz de grandes escándalos de corrupción política, económica y empresarial que evidencian la existencia de poderosas redes clientelares en el centro del sistema mexicano (generalmente documentadas por Proceso y otras revistas de la época).

 

Un país contra las drogas

 

En este contexto se hace necesario recordar que ya en la década de 1960, y con continuidad en la de 1970, México alcanzó una serie de acuerdos internacionales en materia antidrogas que le habían permitido ser cada vez más aceptado a nivel mundial, a pesar de su política de persecución de la disidencia, a la vez que construía un discurso contra las drogas muy bien acogido por la comunidad internacional. Así, la retórica antidrogas de la época pivota sobre el ataque al cultivo de estupefacientes como el opio o la mariguana (Juan Barona Lobato, México ante el reto de las drogas) sin hacer apenas mención a la lucha contra el tráfico por el papel de “trampolín” en el transporte de drogas procedentes de otros países de Latinoamérica: “[…] México es uno de los pocos países que combate con energía y radicalidad el tráfico de drogas, con resultados y pruebas evidentes que benefician no sólo a éste, sino a la comunidad internacional… México no puede aceptar ser inculpado del problema de las drogas que sufren otros Estados y jamás aceptará ser señalado como responsable directo o indirecto de ese problema” (ídem).

 

Así, a partir de 1976 se iniciaron una serie de acciones gubernamentales para erradicar los cultivos de drogas en suelo mexicano que fueron publicitadas con bombo y platillo como la solución contra el narcotráfico y que tuvieron continuidad hasta bien entrada la década de 1980 (Francisco Ortiz Pinchetti, La Operación Cóndor). Sin embargo, a pesar de la insistencia en la eficacia de los procedimientos de erradicación de los cultivos, los datos de los años subsiguientes sobre el tráfico y el consumo de drogas en Estados Unidos acabaron por quitar la razón al gobierno.

 

Así, las grandes cifras oficiales de destrucción de cientos de hectáreas de plantíos de estupefacientes se veían insignificantes cuando se comparaban con el incremento del tráfico de drogas a través de suelo mexicano (Carlos Loret de Mola, El negocio. La economía de México atrapada por el narcotráfico). Más aún, si se tomaba en cuenta el aumento exponencial del consumo de drogas en Estados Unidos en los años posteriores. Y es que con el paso del tiempo esta campaña antinarcóticos conocida como Operación Cóndor evidenció que el narco mexicano, lejos de verse realmente afectado, salió ampliamente fortalecido al hacerse socio de los colombianos y situarse así a la cabeza del narcotráfico hacia Estados Unidos (Guadalupe González y Marta Tienda, México y Estados Unidos en la cadena internacional del narcotráfico). A partir de este momento, la sociedad mexicana empezó a ser consciente de que el problema del narcotráfico, a pesar del rimbombante discurso gubernamental, iba más allá del cultivo de drogas en territorio mexicano. Concretamente la clave de todo se centraba en los incalculables beneficios económicos obtenidos por el narco mexicano gracias al tráfico de drogas hacia Estados Unidos procedentes de países latinoamericanos, como Colombia (Leónidas Gómez Ordoñez, Cártel:historia de la droga). Entonces, por lógica, la lucha contra el narcotráfico debería haberse centrado en atacar el lavado de dinero procedente del tráfico de estupefacientes. La realidad, sin embargo, fue muy distinta.

 

La realidad de las políticas contra el narco

 

A la vez que todo esto ocurría, la violencia política de años anteriores tuvo una continuidad en la décadas de 1970 y 1980: “[…] En el periodo de 1971 a 1986, el investigador Miguel Concha contabilizó 1 mil 351 ejecuciones arbitrarias ocurridas en el país, es decir, un promedio de siete ejecuciones mensuales. Esta cifra había aumentado a 21 muertes por violencia política entre 1989 y 1990. En el periodo de 1988-1994, de acuerdo con la muestra, cada año 47 personas fueron asesinadas y 179 sufrieron diferentes tipos de violencia a causa de las elecciones y la actividad política…” (Mario Rojas Alba, Las manos sucias. Violación de los derechos humanos en México 1988-1995). Concretamente, la organización Americas Human Rights Watch –autora de varios informes sobre la violencia en México– publicó en 1990 el libro Derechos humanos en México, una política de impunidad, en el que se identifica la tendencia a resolver los problemas políticos y policiacos a través del uso del Ejército. En éste se hace especial hincapié en la tolerancia del gobierno ante las violaciones de derechos humanos llevados a cabo por los “servidores públicos” (ídem). Este diagnóstico coincide con algunos de los aspectos señalados en 2007 por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México (Informe especial sobre las quejas en materia de desapariciones forzadas, capítulos II, III, IV y VI).

 

Al realizar un análisis pormenorizado de una parte de las violaciones de derechos humanos cometidas por la policía y el Ejército desde finales de la década de 1970 hasta la última etapa de 1980 (y con continuidad en décadas posteriores) vemos que están relacionadas con la lucha contra el narcotráfico. Es decir que periódicamente distintos grupos de policías, así como determinados destacamentos del Ejército, llevaron a cabo asaltos, desapariciones, asesinatos, violaciones, torturas y todo tipo de agresiones contra poblaciones (normalmente indígenas y con gran conflictividad social) supuestamente vinculadas con el tráfico de drogas.

 

Lo más llamativo de todo esto es que en casos concretos estos grupos policiales, militares o paramilitares, han sido finalmente identificados, acusados e incluso condenados por este delito. En este sentido, los casos más sorprendentes fueron los de los grupos de policías que trabajaban respectivamente bajo las órdenes de Arturo el Negro Durazo, Francisco Sahagún Baca o Javier Coello Trejo. Lo realmente paradójico es que los tres ocuparon cargos muy importantes en la lucha contra el narco en distintos cuerpos policiales e incluso en la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS), tristemente conocida por su papel clave en la detención, tortura, desaparición y asesinato de cientos de personas en todo el país.

 

Precisamente, estos personajes fueron célebres por la represión ejercida bajo su mando contra la población civil. Es más, en 1985 después de un terremoto que provocó el derrumbe de varios edificios, quedaron al descubierto celdas de tortura de la Procuraduría del Distrito Federal, donde eran retenidos y torturados decenas de personas (Leónidas Gómez Ordoñez, Cártel:historia de la droga).

 

El asesinato que lo cambió todo

 

Tan sorprendente como lo anterior es el conocimiento que Estados Unidos ha tenido sobre la vinculación de los cuerpos policiales mexicanos en el tráfico de drogas y en especial la DFS. Así, ya en 1951 la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por su sigla en inglés) alababa dicho cuerpo de policía, aunque matizaba: “[…] Algunos jefes de este grupo son poco escrupulosos y han abusado del considerable poder que tienen porque toleran, y de hecho controlan, actividades ilegales como el contrabando de narcóticos” (Sergio Aguayo, La charola. Una historia de los servicios de inteligencia en México). A pesar de conocer perfectamente todas las violaciones de derechos humanos cometidas tanto por la policía como por el Ejército Mexicano (Luis de la Barreda Solórzano, La tortura en México.Un análisis jurídico), la CIA no hizo nada para impedir dichas actitudes o intentar corregirlas (Jennifer Harbury, Truth, torture and the american way. The history and consequences of US involvement in torture). Es más, algunas agencias de inteligencia de Estados Unidos llevaron a cabo todo tipo de torturas en Latinoamérica e incluso llegaron a utilizar el narcotráfico en determinadas ocasiones (Peter Dale Scott y Jonathan Marshall, Cocaine politics. Drugs, armies and the CIA in Central America) como medio para conseguir sus objetivos políticos en países que estaban bajo su influencia (Alfred W McCoy, A question of torture).

 

A pesar de todo lo anterior, a mediados de la década de 1980 se produjo un suceso que provocó una serie de reacciones que cambiarían la lucha contra el narcotráfico y, como consecuencia, derivarían en una nueva etapa para éste. Me refiero concretamente al asesinato en México del agente de la Agencia Antidrogas Estadunidense (DEA, por su sigla en inglés) Enrique Camarera, en 1985. Este crimen sorprendió por completo a Estados Unidos, que pudo comprobar en sus propias carnes el gran poder que había logrado el narco y el altísimo nivel de corrupción existente en México que alcanzaba amplios sectores políticos.

 

Este acontecimiento derivó en una serie de acusaciones de corrupción por parte del gobierno de Estados Unidos hacia el mexicano y en un serio enfrentamiento diplomático entre ambos países. Como consecuencia, tiempo después y por las presiones de Estados Unidos, se produjeron las detenciones de algunos de los presuntos responsables del asesinato de Camarena: los narcotráficantes Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca, Don Neto.

 

Sin embargo, debido a que las responsabilidades sobre el crimen comenzaron a apuntar a las más altas esferas políticas, las críticas hacia el gobierno mexicano continuaron y provocaron que se cuestionara la legalidad de las intervenciones de la DEA en México.

 

Todo ello derivó en la emisión en Estados Unidos de una serie de televisión que destapó el nivel de corrupción política que había logrado el narco mexicano. De este modo, la presión sobre México fue tan grande que no quedó otro remedio que aplicar una nueva estrategia constante en la lucha contra el tráfico de drogas: la persecución de las grandes figuras conocidas del narcotráfico. Y es que a pesar de que todo el mundo sabía de las conexiones del narco con políticos y empresarios mexicanos, el gobierno necesitaba capturar a algunos de éstos para dar ejemplo ante la comunidad internacional que empezaba a cuestionarlo seriamente. Así, a finales de la década de 1980 fue detenido el mítico narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo. Su aprehensión supuso el fin de una etapa del narco en México y el comienzo de otra, que traería desastrosas consecuencias para la verdadera víctima de las políticas antinarco: la sociedad mexicana.

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Parte 3/5

Tercera parte/Santiago Gallur Santorum*

 

21 octubre 2011

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El nuevo narco mexicano: viejas prácticas y medios de comunicación

 

La década de 1990 constituye un periodo clave para la comprensión de la situación de la violencia que se vive en la actualidad, debido fundamentalmente a que durante ese lapso se produjo una serie de cambios que trastocaron las estructuras del narcotráfico en México. En 1989 fue encarcelado el mítico narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo. A partir de ese momento tuvo lugar un reparto de los territorios: se trata del nacimiento de los cárteles que conocemos hoy en día (Ricardo Ravelo, Los capos. Las narco-rutas de México. México, Distrito Federal, Plaza y Janés, 2006, pp. 95-108).

 

Anteriormente habían caído Ernesto Fonseca, Don Neto, y Rafael Caro Quintero. Unidas a las de Gallardo y otras figuras relevantes de la época, las detenciones coincidieron con un periodo en el que el narco pasó de “transportista” de la droga colombiana, a socio e, incluso, después, a dueño de la mercancía (Thomas A Constantine,?administrador?de la DEA [Agencia Antidrogas Estadunidense], en International drug trafficking organizations in Mexico,?8 de agosto de 1995). De este modo, a la vez que los viejos grandes capos mexicanos caían, aparecieron otros que liderarían los nuevos cárteles, dejando atrás la idea de colaboración o de gran familia para verse entre sí como competidores o rivales (ídem).

 

El papel de los medios de comunicación

 

Durante esta década se produce un incremento progresivo de la información periódica en los medios de comunicación sobre el narcotráfico, los cárteles, los grandes capos y la corrupción asociada. Paradójicamente, este es uno de los aspectos más importantes que marcarían el decenio de 1990, ya que a medida que se publican noticias sobre el tema en algunos medios la sociedad demanda más información, lo que favorece que se origine un aumento de la cobertura mediática directamente proporcional.

 

Conforme pasaron los años los grandes narcos acabarán acabarían por aparecer (a veces como grandes empresarios) en las portadas de periódicos y revistas, e incluso en las cabeceras de noticieros a nivel estatal y nacional (Proceso, ediciones 688-1207). De esta forma, el narcotráfico y su riqueza asociada se convierten en algo evidente y de dominio público (Testimonios de la DEA: Constantine, Wankel, Marshall, Milford, Horn y Fiano).

 

Se instaura la tendencia de mostrar la eficacia de la lucha contra éste en los medios a través de las detenciones o las muertes de los narcotraficantes. Esta práctica, que se sigue usando en la actualidad, señala que el poder político se dio cuenta de la necesidad de utilizar los medios de comunicación masivos para convencer a la opinión pública de su “gran profesionalidad” y de la eficacia del combate contra el narco, a la vez que salían a la luz la corrupción de esos mismos cargos políticos.

 

El problema fue que, debido a la corruptela y las redes clientelares existentes en el propio sistema político (Rosario Castellanos, et al, La corrupción. Los grandes problemas nacionales. México, Distrito Federal, Nuestro Tiempo, SA, 1969, p. 73-146) y en el aparato de justicia arrastradas desde décadas anteriores, en pocas ocasiones altos cargos políticos, empresariales, policiales y militares, fueron condenados por sus vínculos con el narco (David García Salinas, ¿Jueces o verdugos?, México, Distrito Federal, La Prensa, 1993). En lugar de ello los escándalos por los nexos con los cárteles se repetían a la par que se multiplicaban exponencialmente las noticias en las que los “presuntos” corruptos hacían alarde de su conducta ética y moral. Lentamente se normalizó una situación que tenía poco de estándar. La sociedad se empezó a acostumbrar a los señalamientos públicos por corrupción de sus líderes políticos (y familiares), a sus discursos de réplica que clamaban por su inocencia y, debido a graves fallos en el sistema de justicia, a que estos saliesen impunes en una gran cantidad de ocasiones. Como consecuencia directa, a pesar de que en décadas anteriores se conocían por los medios de comunicación los grandes y constantes revuelos por corrupción y vinculación de políticos, empresarios, policías y militares con el narco (Frontline, “The rise and fall of the Salinas brothers. Family tree, interviews, readings. Maps, drug cartels and mexican news reports on the scandals”. 1995-2011. www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/mexico/), esta dinámica quedó instaurada como el natural devenir de los hechos.

 

Información y desinformación desde Estados Unidos

 

Mientras, al otro lado de la frontera, el vecino del Norte tomaba nota del poder que había alcanzado el narcotráfico en México, sin apenas plantearse la existencia de una corresponsabilidad debido al gran beneficio económico que conseguían los cárteles por el aumento exponencial de la demanda de drogas en Estados Unidos. Todo esto a pesar de que ya en 1995, Thomas A Constantine declaraba en el Congreso de Estados Unidos: “[…]In fact, mister Chairman, we estimate that the colombian drug mafia is using Mexico as a cocaine safe haven to store, at any one time, as much as 70 to 100 tons of cocaine that will eventually be smuggled across the United States border for distribution on american streets. This is enough to provide a line of cocaine to every man, woman, and child on this planet, and then some. At a conservative estimate, this cocaine would be worth over 700 million to 1 billion on america’s streets […]” (De hecho, señor presidente, estimamos que la mafia de la droga colombiana está utilizando a México como un refugio para guardar la cocaína; se trata de entre 70 y 100 toneladas que finalmente contrabandean para su distribución en las calles estadunidenses. Esto es suficiente para proporcionar más de una línea de cocaína a cada hombre, mujer y niño en este planeta. En una estimación conservadora, esta cocaína tendría un valor entre 700 millones y 1 mil millones de dólares en las calles de Estados Unidos) (Thomas A Constantine,?en International Drug trafficking organizations in Mexico,?8 de agosto de 1995).

 

Sin embargo, el discurso del gobierno estadunidense tampoco varió sustancialmente en la década de 1990. El planteamiento era el mismo de siempre: había que acabar con el narco a través de la fuerza. Evidentemente Estados Unidos apoyaría a México en todo lo necesario y, por supuesto, la ayuda económica prestada sería invertida en armas y entrenamiento (Thomas A Constantine, en Cooperation with Mexico, Mexico and the southwest border initiative; Milford, DEA: Anti-narcotics cooperation with the government of Mexico, 29 de octubre de 1997). Y eso a pesar de que ya en 1990 había salido a la luz un documento de la DEA que relacionaba a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) con el uso del dinero del narcotráfico y el entrenamiento de contras nicaragüenses en el rancho de un capo mexicano (DEA México OPS, Informe de inteligencia; “FBI/DEA/CIA files on William Robert ?Tosh’ Plumlee”; Scott, Cocaine politics, pp. 36-42. toshplumlee.info/).

 

Por ello, de vez en cuando se mencionaba también la necesidad de combatir el lavado de dinero… en México, claro. Y es que se consideraba que una gran parte de éste obtenido por los narcos mexicanos era lavado en México, no en Estados Unidos. Además, a penas se hacía mención al hecho de que la droga transportada a través de México era vendida en Estados Unidos por ciudadanos estadunidenses a ciudadanos estadounidenses, donde el intercambio “comercial” último (donde más beneficio se obtiene) se realizaba en ese país (Donnie Marshall, jefe de operaciones nacionales de la DEA, en US law enforcement response to money laundering activities in Mexico, 5 de septiembre de 1996). Es más, en 1988 Lee Rensselaer calculó que a mediados de la década de 1980 los traficantes suramericanos habían ganado unos 5 mil millones de dólares fruto de las ventas de drogas en Estados Unidos, de los que sólo regresaban a sus países entre 1 mil 500 y 2 mil millones de dólares, por lo que por lógica, entre 3 mil y 3 mil 500 millones de dólares se quedarían en Estados Unidos.

 

Poco después, en 1992, Peter Smith estimó que a finales del decenio de 1980 la venta de drogas en Estados Unidos superaba los 110 mil millones de dólares (Carlos Loret de Mola. El negocio. La economía de México atrapada por el narcotráfico, México, Distrito Federal, Grijalbo, 2001, p. 142). Y si a este dato unimos las “estimaciones conservadoras” del administrador de la DEA en 1995, Thomas A Constantine, de que en México había cocaína colombiana para vender en Estados Unidos por valor, en calle, de cerca de 1 billón de dólares, los beneficios parecen simplemente estratosféricos. (Thomas A Constantine,?en International Drug trafficking organizations in Mexico,?8 de agosto de 1995).

Yendo más allá, si tenemos en cuenta el informe What america’s users spend on illegal drugs, en 1998 los estadunidenses habían gastado unos 66 mil millones de dólares en drogas ilegales. Por lo tanto, el volumen de dinero negro generado era inmenso en ambos lados de la frontera. El problema surge si se toma en cuenta que según la Casa Blanca y la DEA la venta de estupefacientes en las calles estadunidenses era también controlada por los cárteles mexicanos, lo cual fue rechazado categóricamente por la Procuraduría General de la República (Carlos Loret de Mola, op cit, p. 125-136).

 

Dicha teoría no sólo parecía intencionada sino que no tiene coherencia histórica, ya que hasta la década de 1980 los cárteles colombianos dominaban el tráfico de cocaína a Estados Unidos, con lo que obtenían grandes beneficios económicos. Es entonces imposible que durante el decenio de 1990 (y por lo tanto en menos de 10 años) los cárteles mexicanos, además de hacerse socios de los colombianos, dominaran también el tráfico de drogas en las calles de Estados Unidos y desplazaran a los minoristas a los que los colombianos anteriormente vendían la cocaína que transportaban a Estados Unidos. Simplemente es imposible si se toma en cuenta la extensión del territorio a cubrir y el personal necesario para ello.

 

El narco contra el narco

 

En las décadas de 1960, 1970 y 1980 el discurso oficial en México aseguraba categóricamente que las autoridades luchaban contra el narcotráfico (Juan Barona Lobato, México ante el reto de las drogas. México, Distrito Federal, Impresiones Modernas, Procuraduría General de la República, 1976, pp. 39-70, 147-259). Lo curioso es que esta arenga se mantuvo también durante la década de 1990. El problema surge precisamente derivado de la información periódica y progresiva acerca del narcotráfico y la corrupción política asociada, ya que, si bien en las décadas anteriores se informaba muy poco sobre detalles de este tipo, en la de 1990 la reacción mediática a la corrupción política, policial y militar vinculada al narco se originó de forma casi inmediata, al igual que las reacciones políticas a nivel nacional e internacional (Thomas A Constantine,?en International Drug trafficking organizations in Mexico,?8 de agosto de 1995). Por ello, la propia sociedad mexicana acabó viéndose inmersa en una amalgama de informaciones y desmentidos, con una importancia similar debido a la magnitud de los hechos a los que se hacía referencia. Es decir, que a pesar de que salen a la luz a través de los medios escándalos de corrupción o vinculación política con el narco, frecuentemente estos hechos eran negados categóricamente (Frontline, “The rise and fall of the Salinas brothers. Family tree, interviews, readings. Maps, drug cartels and mexican news reports on the scandals”, 1995-2011. www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/mexico/).

 

A pesar de los grandes discursos institucionales que elogiaban la eficiente lucha contra el narcotráfico en México, del otro lado de la frontera la versión era casi opuesta. Las propias agencias de inteligencia estadunidenses empezaron a señalar con cierta periodicidad que algunos poderosos narcotraficantesmexicanos habían conseguido corromper a una parte del poder político, policial y militar, convirtiendo a sus cárteles en algunos de los más poderosos del mundo. Es decir, que las organizaciones más potentadas habían conseguido orientar la lucha contra el narco a su favor, al hacer de este modo que las propias autoridades persiguieran a algunos narcotraficantes, mientras que protegían claramente a otros. Por ello se podría afirmar que el propio narco consiguió dominar una parte de la lucha contra el tráfico de drogas, utilizándola para eliminar a sus enemigos y aumentar progresivamente su poder (Testimonios de la DEA: Constantine, Wankel, Marshall, Milford, Horn y Fiano).

 

A la vez, a medida que pasaban los años se repetían los asesinatos, violaciones y torturas efectuadas en la población civil, como las realizadas por el grupo de policías bajo las órdenes de Javier Coello Trejo, conocido en sus mejores tiempos como el Fiscal de Hierro. En esta década este tipo de prácticas se extenderían por todo el país al ser utilizadas por policías, militares y narcos, aunque principalmente en Guerrero, Chihuahua y Chiapas y frecuentemente en poblaciones indígenas.

 

Así, mientras se creaban comisiones binacionales que denunciaban la práctica de la tortura por parte de las autoridades, la infiltración del narco en las fuerzas de seguridad se hacía cada vez más evidente.

 

Ya en 1994, con el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas, las fuerzas de seguridad dejaron de disimular y se emplearon con contundencia en la represión. Salieron así a relucir a nivel nacional e internacional las violaciones de derechos humanos. Pronto, a la vez que los nexos entre narcotráficantes, policías, militares y políticos se hacían más evidentes con la difusión de casos concretos, empezó a intuirse que todos utilizaban la violencia con un objetivo en común: el control social (Mario Rojas Alba, Las manos sucias. Violación de los derechos humanos en México (1988-1995), México, Distrito Federal, Grijalbo, 1996, 397-402).

 

Lo curioso es que tanto las prácticas utilizadas para llevarlo a cabo como los métodos para lograrlo, eran similares a los utilizados en décadas pasadas y giraban alrededor de la violencia extrema sobre la población mediante el uso de grupos policiales, militares y paramilitares, entre los que podríamos incluir a los sicarios del narco y sus comandos armados. En realidad sólo había cambiado una cosa en todos estos años: ahora la sociedad era conocedora de la corrupción y el terror a través de ciertos medios de comunicación.

 

Es más, lo sorprendente es que en determinadas zonas de México daba la impresión de que la violencia de la guerra sucia tenía cierta continuidad, aunque ejercida en esta ocasión no sólo por las propias autoridades (Proceso, ediciones 688-1207; Mario Rojas Alba, op cit; Jorge Luis Sierra Guzmán, El Ejército y la Constitución Mexicana. Combate al narcotráfico, paramilitarismo y contrainsurgencia, México, Distrito Federal, Plaza y Valdés, 1999, pp. 135-154, 161-190; Jorge Luís Sierra Guzmán, El enemigo interno. Contrainsurgencia y fuerzas armadas en México, México, Distrito Federal, Plaza y Valdés, Universidad Iberoamericana, Centro de Estudios Estratégicos de América de América del Norte, 2003, p. 31-40, 71-120, 160-181, 220-250).

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