10 de diciembre de 2013. 30 Años de la Restauración de la Democracia

30 Años de Democracia

El 30 de octubre de 1983, Argentina volvía a votar, y el 10 de diciembre de ese año, el país vuelve a tener un presidente electo por el voto soberano del pueblo. Informe especial con un recorrido por varios artículos y material audiovisual sobre los 30 años de democracia en nuestra Patria.

 

El camino se había cerrado el 24 de marzo de 1976, cuando las Fuerzas Armadas de entonces ejecutaron el plan ideado por los poderes concentrados de la economía, gerenciados en la figura de José Alfredo Martínez de Hoz.

 

La Dictadura Cívico Militar ya no podía contener la presión popular y la demencial guerra de Malvinas precipitó un final, aunque no fue el único motivo. En plena cacería a la militancia política, estudiantil y gremial, el 30 de abril de 1977 un grupo de mujeres se dieron cita en Plaza de Mayo para reclamar por sus hijos desaparecidos.

 

Desde 1979, en medio de las masacres sin fin de los grupos de tareas, el pueblo comenzó a exteriorizar cada vez con más fuerza el reclamo al desastre social orquestado: ese año tuvo lugar el primer paro general convocado por la CGT.

 

Siguieron los reclamos, cada vez con mayor organización, y el 30 de marzo de 1982 una descomunal movilización multisectorial convocada por la CGT, conducida por Saúl Ubaldini, resistió por horas a los tiros y palazos que salían de los carros blindados que custodiaban la Casa Rosada. Esa fue la antesala de la infame decisión de Leopoldo Fortunato Galtieri de ordenar la recuperación de Malvinas con miles de jóvenes conscriptos que con apenas 18 años, fueron enviados desde el norte Argentino, a pelear sin equipamiento contra la segunda fuerza más importante de la OTAN.

 

Un grito de libertad

 

Así se llegaron a las elecciones que aquel 30 de octubre del ’83 lo lleva a Raúl Alfonsín a la Casa Rosada, con el 51.7% de los votos. Volvía la democracia, volvía la libertad y volvía la esperanza, con un futuro incierto. Las heridas sociales eran profundas, la economía fue extranjerizada, la industria desmantelada y una deuda externa sin precedentes en la historia nacional, fue estatizada por un joven Domingo Cavallo a la cabeza del Banco Central, designado por los militares. Y fundamentalmente, la democracia nacía condicionada por la amenaza constante de un posible golpe que volviera a cercenar la libertad.

 

Raúl Alfonsín tuvo esa enorme tarea. No sólo debía resolver la herencia de sangre y destrucción que dejó la Dictadura sino que debía consolidar la naciente democracia. En aquel entonces, dar el paso para el período más largo de democracia en Argentina era apenas un sueño.

 

Para 1984, Alfonsín impulsó lo improbable: llevó a cada uno de los dictadores responsables del peor genocidio al banquillo de los acusados. Argentina se convirtió no sólo en el primer país víctima del Plan Cóndor (las dictaduras militares instauradas en toda la región) en juzgar a los criminales, sino que terminaría siendo el único. Así nació una frase que quedará grabada sobre piedra para siempre en la historia, dicha en el rostro de los otrora amos de la vida y de la muerte: “Nunca Más”.

 

 

No sería gratuito. En la Pascua de 1987, los peores fantasmas arrancaron de la cama a todos los argentinos. Un grupo de militares, conocidos como “los carapintada” se alzaron en armas contra el gobierno democrático, para condicionar las causas judiciales contra los responsables de la tortura, la muerte y desaparición de 30.000 argentinos, encabezadas por el teniente coronel Aldo Rico acantonado en Campo de Mayo. Todo el arco político salió a consolidar aquel “Nunca Más” respaldando a Alfonsín. No obstante, con el gobierno entrando en sus últimos años y con una economía convulsionada, los insurrectos arrancaron el primer retazo de impunidad: la Ley de Obediencia Debida, que de todos modos había sido anunciada por el propio presidente el 24 de marzo anterior. Un año antes, Alfonsín había sancionado la Ley de Punto Final, cerrando el camino judicial contra los dictadores.

 

No sería ni el primer ni último alzamiento. En enero de 1988, otra vez Aldo Rico, esta vez en Monte Caseros, Misiones. Y en diciembre, otra rebelión anticonstitucional, comandada por ekl coronel Mohamed Alí Seineldín, con epicentro en Villa Martelli, provincia de Buenos Aires.

 

La situación general del país se venía deteriorando aceleradamente. La deuda externa seguía creciendo y devorando al PBI, y la conflictividad sindical escaló a niveles inauditos, con 13 huelgas generales, la mayoría hacia el final de su mandato.

 

En ese contexto, una serie continuadas de corridas cambiarias, hiperinflación, saqueos, presiones de organismos multilaterales y el poder concentrado que había apoyado a Carlos Menem en su elección presidencial de 1989, terminaron impidiendo que Alfonsín terminara su mandato a fuerza de Golpe de Mercados. El 30 de mayo el presidente decretó el Estado de Sitio y Toque de Queda, y entregó el gobierno el 8 de julio.

 

Quedó como legado el Juicio a las Juntas, que si bien no alcanzaron su meta final, fue un hito sin precedentes. También una clara posición exterior de acercamiento con los países latinoamericanos y un enfriamiento de las relaciones con los Estados Unidos, que durante el gobierno de Ronald Reagan llevó adelante la guerra contra el gobierno de Nicaragua y la invasión de Granada.

 

El Neoliberalismo

 

Carlos Menem fue electo el 14 de mayo de 1989 con el 47% de los votos, y asumiría en julio. Llegó con las consignas del “Salariazo”, de la “Revolución Productiva” y el “Síganme, no los voy a defraudar”.

 

 

Entre sus primeras medidas se encontró la privatización de Canal 13 en manos del Grupo Clarín. Comenzaba a vislumbrase el alineamiento al Consenso de Washington, que exigía ajustes, privatizaciones y apertura indiscriminada de mercados. “Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado”, sentenciaba el primer mandamiento del decálogo menemista pronunciado por el entonces ministro de Obras y Servicios Públicos, Roberto Dromi, y así fue: durante la década de gobierno menemista, Argentina privatizó y concesionó todos los resortes de la economía.

 

Se suponía que serviría para desendeudar al país. En realidad terminó en un endeudamiento brutal que recién fue revertido en 2005 por Néstor Kirchner.

 

Bajo la excusa de la hiperinflación, el país vivió bajo permanentes planes de ajuste. Domingo Cavallo implementó la virtual dolarización de la economía con la Ley de Convertibilidad, que sirvió de instrumento para la permanente fuga de capitales, sin restricción. En el corto plazo, la medida sirvió para terminar con el ciclo hiperinflacionario, pero en el mediano término mostró su auténtico rostro de desocupación, desindustrialización y pobreza, bajo un hiperconsumo de bienes importados por parte de la clase media, que accedía a un dólar barato, subsidiado por la exclusión de aquellos que no tenían trabajo.

 

En materia de Derechos Humanos, Menem indultó a los genocidas por decreto, en 1989 y 1990, a los carapintadas (tras el cuarto alzamiento, encabezado por Seineldín en diciembre de 1990) y a José Alfredo Martínez de Hoz, padre del neoliberalismo criollo.

 

La oscuridad de la impunidad ensombrecía al país, hasta que a partir de 2003, Néstor Kirchner inició un proceso de reparación histórica.

 

La sensación de impunidad se profundizó tras los atentados a la Embajada de Israel (1992) y la AMIA (1994)

Menem llegaría a los diez años de mandato gracias al Pacto de Olivos celebrado con Raúl Alfonsín, que permitió la Reforma Constitucional de 1994.

 

El legado de Menem fue un país sumido en la recesión, con deflación por la caída del consumo, con la economía privatizada y endeudada con la banca y los organismos internacionales. En política exterior Menem estableció el período denominado de “relaciones carnales” con el lineamiento automático a los Estados Unidos, a quién se sumó a la guerra de agresión contra Irak en 1990-1991.

 

 

Si bien profundizó el Mercosur, la orientación del bloque gobernado por presidentes de corte neoliberal, implicaba únicamente un instrumento subordinado a Washington.

 

Sin cambios hacia el estallido

 

En 1999, Fernando De la Rúa obtuvo la presidencia con el 48.5% de los votos en las elecciones del 24 de octubre.

 

Llegó con la promesa de mantener las mismas normas económicas del menemismo pero sin los escándalos de corrupción.

 

Su primer gabinete estuvo integrado por once ministros de corte neoliberal. Si bien desde 1998 comenzó a debatirse sobre la salida de la convertibilidad, De la Rúa la mantuvo a rajatablas.

 

Los planes de ajuste prosiguieron, cada vez a un costo mayor. Al inicio de su mandato anunció el “Blindaje Financiero” y el “Megacanje” de deuda, que sirvió de fenomenal negocio para la banca extranjera.

Cuando designó a Ricardo López Murhphy en Economía, a pedido del establishment, el ministro impulsó la iniciativa de arancelar la universidad pública, y debió renunciar rápidamente ante las protestas estudiantiles para preservar el derecho a la educación gratuita. A partir de entonces, De la Rúa cedió gran parte de la dirección del gobierno en Domingo Felipe Cavallo, que asumió la cartera con poderes especiales entregados por el Congreso.

 

En pocos meses la situación se hizo insostenible. Se implementó el “corralito”, incautando los ahorros y salarios para sostener a un sistema bancario que fugaba todas las divisas disponibles, y con una conflictividad social permanente: el 25% de la población estaba desocupada, la mitad, en la pobreza.

 

El final fue trágico. De la Rúa decretó el Estado de Sitio y las protestas masivas que inundaron el Congreso y Plaza de Mayo el 19 y 20 de diciembre de 2001, al grito de "Que se vayan todos", fueron el epílogo de su gobierno, tras una sangrienta represión que en esos dos días dejó un saldo de 39 muertos en todo el país.

 

Los interinatos

 

Durante las siguientes dos semanas Argentina tendría otros cuatro presidentes. A la salida de De la Rúa lo sucedió el titular del Senado, Ramón Puerta, que le entregó el gobierno a Adolfo Rodríguez Saá, que declaró el default y terminó renunciando a la semana desde San Luis, y finalmente Eduardo Camaño, titular de la Cámara de Diputados, que legó el gobierno en el senador Eduardo Duhalde, que había asumido su banca diez días antes que cayera Fernando De la Rúa.

 

Duhalde aplicó una fuerte devaluación que impactó severamente en los precios y salarios, pero significó también un incentivo para la reactivación económica.

 

De todos modos la problemática social era demasiado profunda y la respuesta del Estado fue la represión. Así, el 26 de junio de 2002, en una jornada repleta de manifestaciones pidiendo trabajo y comida, Maximiliano Kosteki y Darío Santillán fueron asesinados a quemarropas mientras participaban en una protesta en el Puente Pueyrredón que une Capital Federal con el partido de Avellaneda. Al poco tiempo, Duhalde debió convocar a elecciones.

 

 

Vientos del Sur

 

El 25 de mayo de 2003 asumió la presidencia Néstor Kirchner. Prácticamente desconocido por el resto del país, ni siquiera había ganado en las presidenciales que lo dejaron segundo, detrás de Menem, para un balotaje que nunca sucedió ya que el ex presidente renunció a participar.

 

Su discurso inaugural fue marcado por dos frases: “Vengo a proponerles un sueño” y “No voy a dejar mis convicciones en la puerta de la Casa Rosada”.

 

Desde ese día Argentina vivió lo que, diez años más tarde, se bautizaría como “Década Ganada”.

En materia de Derechos Humanos impulsó la derogación de las leyes de impunidad y los indultos. Los genocidas fueron juzgados y encarcelados en procesos judiciales transparentes. Años más tarde comenzó a llevarse ante la justicia a los responsables e ideólogos civiles, entre ellos, Martínez de Hoz.

 

Con su gobierno comenzaron a incrementarse sustancialmente los presupuestos en educación, salud y ciencia. También reabrió el Consejo del Salario para las paritarias y recomponer los salarios entre sindicatos y empresarios. De este modo, junto con los aumentos jubilatorios, se fue generando un mercado interno que repercutió en el comienzo de un período de crecimiento inédito en la historia del país.

 

En política exterior, desde 2003 Argentina retomó las banderas latinoamericanistas y avanzo en la consolidación regional junto a Lula en Brasil; Hugo Chávez en Venezuela, y luego con Rafael Correa y Evo Morales en Ecuador y Bolivia. Desde esa perspectiva, Néstor Kirchner junto a Chávez y Lula lograron derrotar el proyecto de libre comercio (ALCA) impulsado por Estados Unidos para aplicarlo en la Cumbre de las Américas desarrollada en Mar del Plata en 2005. La creación de la Unasur fue la cristalización del espíritu de ese latinoamericanismo fundado en los ideales de San Martín y Bolívar.

 

Ese mismo año, Néstor Kirchner inició el proceso de renegociación de deuda externa más grande de la historia financiera del mundo.

 

 

En 2007, Cristina Fernández de Kirchner ganó las elecciones y mantuvo el rumbo de crecimiento con inclusión e industrialización. Siguió el proceso de recuperación de empresas privatizadas, como Aerolíneas Argentinas e YPF. Una de las medidas de mayor impacto fue terminar con el negocio de las AFJP, reestatizando el sistema previsional y disponiendo por ley, dos aumentos jubilatorios por año.

 

Durante sus dos gobiernos, Cristina Fernández de Kirchner consolidó el modelo productivo con inclusión, reflejado positivamente en todos los indicadores sociales y el coeficiente Gini que mide la brecha distributiva.

 

A pocos meses de asumir su primer mandato, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner tuvo que atravesar un salvaje lock out de las patronales agropecuarias, que concluyó con el voto del vicepresidente contra el propio Poder Ejecutivo para el que había sido electo.

 

No obstante, persistieron las medidas de inclusión, como las leyes de matrimonio igualitario, de género, el voto joven, la Asignación Universal por Hijo, la Ley de Fertilización Asistida, la Ley de Trata, y el programa Conectar Igualdad que posibilita que cada estudiante de la escuela pública tenga su netbook. El plan Pro.Cre.Ar. es el programa más ambicioso de construcción de viviendas de las últimas décadas.

 

La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue otro de los grandes legados de una gestión que, pese a la oposición del poder mediático, permite democratizar la palabra.

 

Y hoy, la historia se sigue escribiendo.

 

(Fuente: argentina.ar)

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