Noticias de tu Ciudad
Castigar la pobreza, un retroceso en materia de derechos humanos
www.noticiasdetuciudad.df.gob.mx/?p=7376
Son otro tipo de modificaciones las que deben hacerse a las leyes: Batres Guadarrama
A través de programas sociales se logró la reinserción a la sociedad de mil 446 personas
Criminalizar a la población en situación de calle sería un doble castigo a la pobreza, aseguró el secretario de Desarrollo Social, Martí Batres Guadarrama, en relación a la propuesta de reforma a la Ley de Cultura Cívica que se discute en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), que de aprobarse atentaría contra los derechos de las personas que habitan en las calles de la Ciudad de México.
En conferencia de prensa el funcionario capitalino fijo su postura respecto a estas iniciativas y aseguró que castigar a las personas por sus adicciones obstaculiza su rehabilitación y la reincorporación a una vida productiva, además de ser un conducta discriminatoria ya que todos los ciudadanos de la capital del país deben ejercer libremente sus derechos sin condicionantes de por medio.
Precisó sobre las modificaciones que imponen un arresto inconmutable de 20 a 36 horas a las personas que consuman, ingieran, inhalen, aspiren psicotrópicos, enervantes o sustancias tóxicas en lugares públicos. La falta administrativa motivará la multa de 21 a 30 días de salario mínimo.
La otra plantea imponer arresto de 20 a 36 horas a los franeleros que impidan o estorben de cualquier forma el uso de la vía pública. Ambas reformas, apunta el funcionario, se proponen criminalizar a la pobreza y con ello “prácticamente se destruiría lo que poco a poco, y de manera aún incipiente, se ha construido en materia de políticas públicas hacia las poblaciones callejeras”.
Señaló que lamentablemente las adicciones son parte de los problemas que aquejan a las personas en situación de calle y que es necesario tratarlo a través de programas sociales para lograr que tomen conciencia de su situación, ya que una política punitiva sólo lograría que estuvieran todo el tiempo bajo arresto.
Recordó que en el Gobierno de la Ciudad de México procura la igualdad entre todos ciudadanos; sin embargo, “la modificación a la Ley de Cultura Cívica construiría un grave retroceso respecto de los avances que ha habido en esta ciudad y no tiene nada que ver con una perspectiva de derechos humanos”, aseguró Batres Guadarrama.
Explicó que la mejor alternativa es encauzar el presupuesto a la protección de la población vulnerable y no al castigo. “Son otro tipo de modificaciones las que deben hacerse a las leyes, no las que busquen criminalizar; es decir, plantear la solución a los problemas a base de castigos”, dijo.
Asimismo informó que la dependencia a su cargo logró la reinserción a la sociedad de mil 446 personas que retomaron sus estudios, regresaron a su lugar de origen, con sus familias o viven de manera permanente en alguna institución.
Ante dicho panorama Batres Guadarrama hizo un llamado a la ALDF para detener estas modificaciones que entran en contradicción con la Ley de las y los Jóvenes de la Ciudad de México, donde se establece que todos los jóvenes en situaciones especiales, desde el punto de vista de la pobreza, indigencia o situación de calle son sujetos de derechos que les permiten acceder a servicios que mejoren su calidad de vida.
Sobre el particular el director de Instituto de Asistencia e Integración Social (IASIS), César Cravioto Romero, indicó que el gobierno de la ciudad aplica programas como las Jornadas Callejeras, Casa Taller para la Vida y los Albergues en los que actualmente habitan 2 mil 700 personas.
Asimismo, destacó la participación de Organizaciones Civiles que apoyan a la población en situación de calle, favorecen el dialogo entre instituciones y facilitan la implementación de programas sociales que combaten los principales problemas de ésta.
En su oportunidad el director de la Red de Derechos de la Infancia, Juan Martín Pérez García,
reiteró que la situación de las personas que viven en la vía pública es el reflejo de una condición económica desfavorable por lo que es responsabilidad del Estado garantizar el acceso a oportunidades “esta reforma es un discurso contrario con la política social del Gobierno del Distrito Federal”, enfatizó.
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Castigar la pobreza, un retroceso en materia de derechos humanos
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Son otro tipo de modificaciones las que deben hacerse a las leyes: Batres Guadarrama
A través de programas sociales se logró la reinserción a la sociedad de mil 446 personas
Criminalizar a la población en situación de calle sería un doble castigo a la pobreza, aseguró el secretario de Desarrollo Social, Martí Batres Guadarrama, en relación a la propuesta de reforma a la Ley de Cultura Cívica que se discute en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), que de aprobarse atentaría contra los derechos de las personas que habitan en las calles de la Ciudad de México.
En conferencia de prensa el funcionario capitalino fijo su postura respecto a estas iniciativas y aseguró que castigar a las personas por sus adicciones obstaculiza su rehabilitación y la reincorporación a una vida productiva, además de ser un conducta discriminatoria ya que todos los ciudadanos de la capital del país deben ejercer libremente sus derechos sin condicionantes de por medio.
Precisó sobre las modificaciones que imponen un arresto inconmutable de 20 a 36 horas a las personas que consuman, ingieran, inhalen, aspiren psicotrópicos, enervantes o sustancias tóxicas en lugares públicos. La falta administrativa motivará la multa de 21 a 30 días de salario mínimo.
La otra plantea imponer arresto de 20 a 36 horas a los franeleros que impidan o estorben de cualquier forma el uso de la vía pública. Ambas reformas, apunta el funcionario, se proponen criminalizar a la pobreza y con ello “prácticamente se destruiría lo que poco a poco, y de manera aún incipiente, se ha construido en materia de políticas públicas hacia las poblaciones callejeras”.
Señaló que lamentablemente las adicciones son parte de los problemas que aquejan a las personas en situación de calle y que es necesario tratarlo a través de programas sociales para lograr que tomen conciencia de su situación, ya que una política punitiva sólo lograría que estuvieran todo el tiempo bajo arresto.
Recordó que en el Gobierno de la Ciudad de México procura la igualdad entre todos ciudadanos; sin embargo, “la modificación a la Ley de Cultura Cívica construiría un grave retroceso respecto de los avances que ha habido en esta ciudad y no tiene nada que ver con una perspectiva de derechos humanos”, aseguró Batres Guadarrama.
Explicó que la mejor alternativa es encauzar el presupuesto a la protección de la población vulnerable y no al castigo. “Son otro tipo de modificaciones las que deben hacerse a las leyes, no las que busquen criminalizar; es decir, plantear la solución a los problemas a base de castigos”, dijo.
Asimismo informó que la dependencia a su cargo logró la reinserción a la sociedad de mil 446 personas que retomaron sus estudios, regresaron a su lugar de origen, con sus familias o viven de manera permanente en alguna institución.
Ante dicho panorama Batres Guadarrama hizo un llamado a la ALDF para detener estas modificaciones que entran en contradicción con la Ley de las y los Jóvenes de la Ciudad de México, donde se establece que todos los jóvenes en situaciones especiales, desde el punto de vista de la pobreza, indigencia o situación de calle son sujetos de derechos que les permiten acceder a servicios que mejoren su calidad de vida.
Sobre el particular el director de Instituto de Asistencia e Integración Social (IASIS), César Cravioto Romero, indicó que el gobierno de la ciudad aplica programas como las Jornadas Callejeras, Casa Taller para la Vida y los Albergues en los que actualmente habitan 2 mil 700 personas.
Asimismo, destacó la participación de Organizaciones Civiles que apoyan a la población en situación de calle, favorecen el dialogo entre instituciones y facilitan la implementación de programas sociales que combaten los principales problemas de ésta.
En su oportunidad el director de la Red de Derechos de la Infancia, Juan Martín Pérez García,
reiteró que la situación de las personas que viven en la vía pública es el reflejo de una condición económica desfavorable por lo que es responsabilidad del Estado garantizar el acceso a oportunidades “esta reforma es un discurso contrario con la política social del Gobierno del Distrito Federal”, enfatizó.
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